Estados Unidos suspendió las exportaciones de aguacate desde Michoacán. La razón amenazas contra inspectores del Departamento de Agricultura (USDA). La consecuencia, 7.5 millones de dólares en pérdidas por día, 200 mil empleos en riesgo y un mercado de 63,350 millones de pesos puesto en jaque.
No es la primera vez. En junio de 2024, una suspensión similar dejó pérdidas superiores a 100 millones de pesos. En 2018, 50 mil toneladas de aguacate se perdieron por bloqueos. Pero esta vez es diferente. Esta vez, el mensaje es claro: la inseguridad en Michoacán ya no es solo un problema mexicano. Es un problema bilateral que pone en riesgo la credibilidad de México como socio comercial.
Detrás de las cifras hay rostros. Hay 12 mil trabajadores de corte de fruta que cada día no saben si podrán trabajar. Hay 2 mil empleados de transporte que ven paralizados sus camiones. Hay 7 mil 500 jefes de familia en procesos de empaque que no saben si habrá aguacate que empacar. Hay 82 empresas certificadas en municipios como Uruapan, Peribán, Tancítaro y Tacámbaro que enfrentan incumplimiento de contratos y penalizaciones.
Michoacán concentra 75% de las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos. El mercado estadounidense representa 87% de las exportaciones totales de aguacate mexicano (1.28 millones de toneladas, valoradas en 3,696 millones de dólares en 2025). Cuando Estados Unidos cierra la puerta, no hay hacia dónde más vender.
El aguacate que no puede exportarse se desvía al mercado interno, saturándolo y provocando una caída drástica de precios que afecta a productores de otros estados como Guanajuato y Morelos. El aguacate es perecedero no puede almacenarse indefinidamente. Cada día que pasa, la fruta se echa a perder. Cada día que pasa, las pérdidas se acumulan.
La suspensión fue motivada por amenazas contra intereses estadounidenses en Michoacán, alertas de seguridad para inspectores del USDA y violencia desatada en territorio michoacano, incluyendo bloqueos carreteros tras la captura de líderes de cárteles como “El R5” o “El Wicho” de Cárteles Unidos el 2 de agosto de 2026.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una alerta Nivel 4 de “no viajar” para Michoacán por cuestiones de seguridad. En otras palabras, Estados Unidos considera que Michoacán es tan peligroso que ni siquiera recomienda que sus ciudadanos viajen allí. Y sin embargo, esperamos que sus inspectores entren a las empacadoras para certificar el aguacate que exportamos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de 1,500 militares adicionales a Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos, el USDA, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Civil. La Guardia Nacional reforzará vigilancia en Michoacán.
Son medidas necesarias, pero insuficientes. Se necesita más.
Primero, garantizar seguridad permanente para inspectores estadounidenses. Protección armada permanente en todas las plantas empacadoras certificadas. Escoltas de la Guardia Nacional para el traslado de inspectores. Protocolos de seguridad estandarizados en todas las regiones aguacateras.
Segundo, fortalecer la presencia de seguridad en zonas aguacateras. Despliegue permanente de fuerzas federales en municipios estratégicos. Instalación de bases militares o de la Guardia Nacional cerca de las zonas de producción y empaque. Patrullajes constantes en carreteras que conectan huertas con empacadoras y aduanas.
Tercero, establecer mecanismos de coordinación México-Estados Unidos. Comités binacionales de seguridad que se reúnan regularmente. Comunicación directa y constante entre el gobierno federal mexicano, el gobierno de Michoacán, la Embajada de Estados Unidos y el USDA. Protocolos de alerta temprana para identificar amenazas antes de que escalen a suspensiones.
Cuarto, investigar y sancionar amenazas contra intereses estadounidenses. Investigaciones exhaustivas de todas las amenazas o agresiones. Captura y procesamiento judicial de los responsables. Transparencia en los resultados para demostrar compromiso ante Estados Unidos.
Quinto, combatir la extorsión y el crimen organizado en la región. Operativos contra cárteles que extorsionan a productores, empacadores y transportistas. Desmantelamiento de redes de protección que permiten la operación de grupos criminales. Protección a productores que denuncien extorsiones o amenazas.
Acciones preventivas, la clave del futuro,pero no basta con reaccionar de manera tardía. Se necesita prevenir. Se necesitan protocolos de seguridad preventiva con evaluación de riesgos permanente en todas las regiones exportadoras. Sistemas de monitoreo en tiempo real de la situación de seguridad. Alertas preventivas a empacadoras y productores cuando se identifiquen riesgos potenciales.
Se necesita infraestructura de seguridad, cámaras de vigilancia en carreteras y accesos a empacadoras, puntos de revisión permanente en corredores aguacateros, centros de mando y control regionales.
Se necesita certificación de zonas seguras, delimitación de “zonas certificadas” donde la seguridad está garantizada para inspectores estadounidenses, protocolos de acceso controlado a empacadoras en zonas de riesgo.
Se necesita apoyo económico contingente, fondo de emergencia para productores afectados por suspensiones temporales, créditos blandos para empacadoras que enfrenten pérdidas, subsidios temporales para transporte de aguacate a mercados alternativos.
Se necesita diversificación de mercados, promoción de exportaciones a otros mercados (Canadá, Unión Europea, Asia) para reducir dependencia de Estados Unidos. Acuerdos comerciales que faciliten el acceso a mercados alternativos. Desarrollo de mercado interno para absorber volúmenes no exportables.
Y se necesita fortalecimiento institucional, unidad especializada en protección de exportaciones agrícolas dentro de la Secretaría de Seguridad, coordinación intersecretarial (Sader, Seguridad, Economía, Relaciones Exteriores), mesa permanente de diálogo con productores y exportadores.
El cierre de exportaciones de aguacate no es un problema aislado, es síntoma de un problema estructural de inseguridad en Michoacán que pone en riesgo una industria que genera 63,350 millones de pesos y 200 mil empleos.
Las acciones preventivas deben ser permanentes, no reactivas. Coordinadas entre gobiernos federal, estatal y municipal. Binacionales, con comunicación constante con Estados Unidos. Integrales, combinando seguridad, apoyo económico y diversificación de mercados.
La pregunta clave es ¿el gobierno mexicano podrá garantizar seguridad permanente para los inspectores estadounidenses, o seguiremos viendo suspensiones cíclicas que dañan a productores, trabajadores y la economía nacional?
La respuesta definirá no solo el futuro de la industria aguacatera, sino también la credibilidad de México como socio comercial confiable ante Estados Unidos. Porque cuando un país no puede garantizar la seguridad de sus propios exportadores, pierde más que aguacate, pierde confianza. Y la confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que un mercado.
Al cierre esta columna, se anunció que Estados Unidos permitiría el ingreso de 9 mil toneladas de aguacate, lo cual de entrada es una muy señal para los productores.
El oro verde de Michoacán está bajo fuego. Y la pregunta no es si podemos permitirnos perderlo. La pregunta es: ¿podemos permitirnos no actuar?
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
