En septiembre de 2025, Jesús Octavio García González, un abogado oriundo de Poza Rica pero radicado hace al menos 40 años en Xalapa, fue designado Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, luego de que tres encargados de esa importante área del INE renunciaron o fueron removidos por la sonorense.
El primero en dimitir fue Ignacio Ruelas, quien había sido vocal ejecutivo en la Junta Local del INE en Aguascalientes. Sólo duró tres meses, pues acusó que le pidieron hacer cosas indebidas. En su lugar, Taddei nombró a su asesora Claudia Suárez, a quien quitó meses después para colocarla como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. A Suárez la sustituyó Amaranta Arroyo Ortiz, otra asesora de la consejera presidenta, a la cual le tocó firmar la mayoría de los contratos cuestionados en la mega elección de 2024. Al año siguiente impuso el pozarricense García González como “encargado de despacho”, pero debido a la oposición interna nunca pudo ratificarlo. Siete meses después, en abril del presente año, la propia Taddei tuvo que destituirlo, aunque entonces se dijo que renunció tras una denuncia por conflicto de interés ante el Órgano Interno de Control (OIC). Y es que antes de llegar al INE, el veracruzano fungió como representante legal del Corporativo Zeg para obtener un contrato del instituto de casi 200 millones de pesos. En su lugar, Taddei colocó a un inexperto en el tema administrativo: a Eduardo Meza, ex subdirector de Procedimientos de Remoción de Consejeros de OPLES del Instituto.
Aunque Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones aparecen con dueños diferentes, las tres empresas, dedicadas a vender materiales electorales, han compartido los mismos representantes legales, los cuales han saltado de una empresa a otra. Se trata de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, así como de José Andrés Hernández Rocha, presunto familiar de estos, y otro es Jesús Octavio García, quien fue miembro fundador del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral Veracruzano, donde al inicio del sexenio del gobernador priista Fidel Herrera Beltrán fue nombrado en 2005 Jefe de Asesores de la Presidenta del Consejo General del IEV, Carolina Viveros García –madre, por cierto, de Mariana Contreras Viveros, actual titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del OPLE Veracruz–, desempeñándose en dicho puesto hasta el año 2009, periodo en el que se desarrolló el Proceso Electoral Extraordinario 2005 y el Proceso Electoral 2006-2007. Posteriormente fue Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, cargo que desempeñó durante los Procesos Electorales 2009-2010, Proceso Electoral Extraordinario 2011, Procesos Electoral 20012-2013, así como el Proceso Electoral Extraordinario 2014.
Los escándalos de que dos de esas empresas son investigadas por la FGR e incluso que se les congelaron las cuentas en 2026 por lavado de dinero e inversión ilegal, además de incurrir en prácticas monopólicas, no son las únicas acusaciones de irregularidades, pues desde 2005 pesan sobre los hermanos Hernández acusaciones de operaciones sospechosas, cuando manejaban la empresa Servicio de Asesoría y Materiales Electorales (SAMESA) y cooperaban con Cartonera Plástica.
Conforme los contratos que han obtenido en los últimos diez años, la empresa “madre” es Cajas Graf, cuyo administrador único es José Andrés Hernández Rocha, según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
Al menos desde el 2018 aparecen alrededor de 23 contratos con organismos electorales locales en los estados y el INE. Sin embargo, sólo en los últimos está Hernández Rocha como representante legal.
De acuerdo con su acta de constitución, la empresa se dedica a prácticamente todo, aunque está especializada en artículos y mercancía electoral.
En el documento de la investigación se afirma que se encarga de comprar, vender, adquirir, importar, exportar, fabricar, diseñar, elaborar, maquilar, comercializar y, en general, negociar con toda clase de productos industriales y comerciales por cuenta propia o ajena en la República Mexicana o en el extranjero, pero de manera específica con artículos y mercancía de tipo electoral. Incluso también proporciona servicios administrativos, de estudios de mercado, de asesoría en materia de comercio exterior, además de ofrecer el servicio de cómputo.
La segunda empresa que maneja la familia Hernández es Corporativo Zeg, cuyo accionista mayoritario es Alejandro Olaya Ortiz.
Y la otra que salió a la luz a principios de 2025 es TOL Producciones, ligada a las otras dos. Incluso participaron juntas en enero de 2025 en la licitación de urnas para la elección judicial, asignándoseles de manera directa el contrato por 197 millones de pesos. El representante fue Raymundo Hernández, pero en ese mismo proceso concursó el Corporativo Zeg, representado por el pozarricense García González, quien fue catedrático de la Universidad de Xalapa, una institución particular de educación superior donde impartió en la Licenciatura en Derecho la materia de Derecho Electoral y Técnica Legislativa, entre otras, mientras que en los Programas de Posgrado en Política y Gestión Pública, así como en el Posgrado en Derecho Electoral dio cursos de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Lógica y Discurso Político y la Materia en Derecho Constitucional y Estado ante la Globalización.
García González ha sido señalado de presionar a órganos electorales estatales para obtener contratos, entre ellos al OPLE Veracruz, aunque hasta ahora se ignora si logró conseguirlo.
Pero donde hay al menos una licitación es en el instituto comicial de Jalisco, donde en 2021 apareció una persona con ese nombre como representante de Cajas Graf, dedicada a la fabricación y venta de mamparas y otros materiales para votar. También figura ese mismo nombre en una licitación del instituto de Campeche para la elección de 2024; en este caso como representante legal del Corporativo Zeg S.A. de C.V.
