Información de El Economista
Ciudad de México/ El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de ampliar el uso de medios de pago electrónicos, fortalecer la inclusión financiera y reducir la dependencia del dinero en efectivo.
En lo general, el dictamen obtuvo 73 votos a favor y 34 en contra, mientras que en lo particular recibió 72 votos favorables y 37 en contra, sin abstenciones. Los votos en contra correspondieron a legisladores de oposición, entre ellos integrantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Tras su aprobación, el decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La nueva legislación busca reducir la brecha entre la infraestructura financiera y tecnológica disponible en México y su utilización cotidiana, además de facilitar el acceso a los pagos digitales para sectores históricamente excluidos, como mujeres, habitantes de zonas rurales, personas con rezago educativo y comunidades indígenas y afromexicanas. De acuerdo con el dictamen, la digitalización también contribuiría a reducir las barreras de acceso a la economía formal y ampliar la autonomía económica de la población.
Al fundamentar el decreto, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado e integrante de Morena, señaló que México cuenta con herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo), pero su uso todavía no alcanza a todos los sectores sociales y actividades económicas.
El legislador destacó que, de acuerdo con cifras del Banco de México, durante 2025 se realizaron más de 7 mil 300 millones de transferencias mediante SPEI. Sostuvo que el siguiente paso consiste en acercar los instrumentos financieros existentes a la vida cotidiana de personas, comercios y empresas, mediante un marco jurídico que facilite la aceptación generalizada de los pagos digitales.
En contraste, la oposición cuestionó los alcances de la ley. El panista José García López acusó al gobierno de presentar la iniciativa como un proyecto de modernización e inclusión financiera, cuando, a su juicio, podría convertirse en un mecanismo de mayor fiscalización. Por su parte, la priista Karla Toledo Zamora afirmó que el ordenamiento concentra más poder en el gobierno y representa una amenaza a la libertad de los ciudadanos para elegir sus formas de pago.
Con su aprobación, la legislación establece las bases jurídicas e institucionales para ampliar la adopción de pagos digitales y electrónicos en el país. Su implementación tendrá como desafío extender su uso entre la población y los establecimientos comerciales, así como garantizar que la transición no excluya a quienes enfrentan barreras de acceso a los servicios financieros y tecnológicos.
