Xalapa, Ver.– El abogado especialista en derecho electoral, Eduardo de la Torre Jaramillo, aseguró que actualmente no existen las condiciones jurídicas para llevar a cabo un proceso de revocación de mandato en Veracruz, debido a que el Congreso del Estado continúa sin expedir la legislación secundaria necesaria para hacer efectivo este mecanismo de participación ciudadana.
En conferencia de prensa, el litigante sostuvo que el tema ha dejado de ser un debate político para convertirse en un asunto de carácter constitucional y de cumplimiento de resoluciones judiciales, al señalar que la omisión legislativa ha persistido durante más de cuatro años.
De la Torre Jaramillo afirmó que tanto el Tribunal Electoral de Veracruz como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han reconocido la falta de una ley reglamentaria, sin que hasta ahora el Congreso local haya cumplido con la obligación de emitirla.
El especialista explicó que recientemente promovió un incidente por incumplimiento de sentencia ante la Sala Superior; sin embargo, el asunto fue reenviado al Tribunal Electoral de Veracruz, cuyos magistrados se encuentran en periodo vacacional hasta finales de julio.
Advirtió que el tiempo para resolver este tema es limitado, ya que, de acuerdo con los plazos legales, existe una fecha límite en agosto para que pueda avanzarse en la implementación del mecanismo de revocación de mandato, por lo que consideró indispensable que las autoridades jurisdiccionales y el Poder Legislativo actúen con oportunidad.
Asimismo, informó que desde principios de julio también existe un juicio de amparo relacionado con este caso, el cual, dijo, aún permanece sin resolución por parte del Juzgado de Distrito correspondiente.
El abogado señaló que, de no aprobarse la legislación secundaria en los tiempos previstos, Veracruz podría enfrentar un escenario de incertidumbre constitucional, debido a que la reforma que incorporó la figura de la revocación de mandato fue aprobada y publicada en 2021, pero aún carece de la normatividad necesaria para su aplicación.
Finalmente, sostuvo que la reforma constitucional también permanece incompleta porque, según indicó, no ha sido ratificada por el número de ayuntamientos que exige la Constitución local, situación que, a su juicio, impide que el mecanismo pueda ponerse en marcha en la entidad.
