En política, pocas cosas son casualidad. Y cuando un personaje que parecía destinado al silencio reaparece con paso firme, el mensaje suele ser más importante que el protagonista.
Eso es lo que asegura el PAN. Su dirigente, Jorge Romero, sostiene que Morena prepara el retorno político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien —dice— ha vuelto a la escena pública “envalentonado y sintiéndose protegido”.
La acusación no es menor: habla de un presunto blindaje político y jurídico frente a los señalamientos que desde Estados Unidos han colocado nuevamente a Sinaloa bajo el reflector.
La oposición interpreta la reaparición como una señal de que el oficialismo cerró filas. En otras palabras: que el mensaje es “nadie toca a los nuestros”.
En México, la protección política tiene larga historia. Los gobiernos cambian, los colores partidistas también, pero la tentación de convertir el poder en un escudo personal parece mantenerse intacta.
El viejo fuero informal —ese que no está escrito en ninguna ley, pero que opera en los hechos— continúa siendo uno de los privilegios más codiciados.
El problema es que el contexto internacional ya no es el mismo.
Estados Unidos ha endurecido su estrategia contra las organizaciones criminales transnacionales y, al mismo tiempo, ha incrementado la presión sobre autoridades que pudieran aparecer vinculadas, directa o indirectamente, con redes de corrupción o de protección al crimen organizado.
Aunque hasta ahora no existe una acusación penal pública en tribunales estadounidenses contra Rocha Moya, los señalamientos y versiones que han circulado mantienen vivo el debate político.
Ahí radica el verdadero costo.
No se trata únicamente de defender o condenar a una persona. Está de por medio la credibilidad institucional. Cuando un gobernador con licencia vuelve a ocupar espacios públicos mientras persisten dudas nacionales e internacionales, inevitablemente surge una pregunta: ¿ya quedó aclarado todo o simplemente alguien decidió que era momento de seguir adelante?
Morena insiste en que no puede haber condenas mediáticas sin pruebas judiciales.
Tiene razón en un principio elemental del Estado de derecho: nadie debe ser declarado culpable sin un proceso legal.
Pero también es cierto que la política vive de percepciones. Y cuando las explicaciones escasean, el vacío suele llenarse con sospechas.
El PAN intenta convertir este episodio en una bandera rumbo a los próximos procesos electorales.
Morena, por su parte, apuesta a que el desgaste mediático termine diluyéndose con el paso del tiempo.
La pregunta es si la sociedad también olvidará.
Porque en Sinaloa la violencia sigue marcando la agenda cotidiana. Y mientras la ciudadanía exige resultados en seguridad, cualquier movimiento relacionado con quienes ejercen o ejercieron el poder adquiere una dimensión mucho mayor que la de una simple reaparición pública.
En política, los regresos rara vez son espontáneos.
Generalmente responden a una decisión previamente tomada.
Y cuando un actor vuelve al escenario antes de que desaparezcan todas las dudas, inevitablemente también aparecen las preguntas. Algunas incómodas. Otras inevitables. Pero todas con un mismo destinatario: la confianza pública.
Al final, el mayor blindaje de un gobernante no debería ser el respaldo de su partido ni la protección de sus aliados.
Debería ser la transparencia. Porque cuando ésta falta, cualquier regreso deja de parecer una reivindicación y comienza a semejar una operación política.
