*El corredor naranja se fractura con el desafuero de Bertín
*En Puente Nacional, síndico y alcaldesa convierten el gobierno municipal en un pleito sin estrategia, mientras la gente paga la cuenta
Este miércoles el Congreso de Veracruz tiene sobre la mesa la solicitud de desafuero de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, a quien la Fiscalía General del Estado señala por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta.
De aprobarse, Bravo Montero perdería el fuero constitucional y enfrentar un proceso penal y con él la fractura del llamado “corredor naranja”, esa franja de municipios gobernados por Movimiento Ciudadano —Úrsulo Galván, La Antigua, Puente Nacional, Paso de Ovejas y Jalcomulco— que hasta hace unos meses se perfilaba como bloque compacto rumbo a 2027.
Bertín Bravo no es un alcalde cualquiera dentro de esa alianza, es el líder, y también, con nombre y apellido, el padrino político de Bibiana “Bibi” Sánchez Báez, alcaldesa de Puente Nacional.
Y cuando el padrino se tambalea frente a una acusación de esta gravedad, el ahijado se sacude.
No es casualidad que, mientras el Congreso analiza el fuero de Bertín, en Puente Nacional el gobierno municipal atraviese su propia crisis de credibilidad, con un agravante: la de Bibi no es una crisis que le llegue de fuera, es una que ella y su síndico, Francisco Palmeros Báez, se han fabricado solitos.
*****
Empecemos por lo que debería ser innegociable en cualquier gobierno municipal: la transparencia.
Puente Nacional es, hoy, uno de los ayuntamientos más opacos de Veracruz; información hecha llegar a este espacio revela que se solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, información sobre los salarios de los funcionarios del ayuntamiento.
La respuesta, nunca llegó, no hubo negativa formal ni prórroga notificada: simplemente, silencio administrativo, que es la forma más vieja —y más cómoda— de practicar la opacidad desde un escritorio municipal.
Un ayuntamiento que no puede transparentar la nómina de quienes cobran del erario no tiene, en los hechos, mucho que explicar sobre por qué el síndico y la alcaldesa se pelean, precisamente, por el acceso a la información financiera.
*****
Porque a esa opacidad de fondo se suma el pleito, ya crónico, entre Palmeros Báez y la alcaldesa.
La confrontación no nació ayer: se incubó desde la transición misma, cuando Bibi decidió no incorporarlo al proceso de entrega-recepción en los términos que marcaba la ley, y se agudizó cuando las propuestas del síndico para colocar a gente de su confianza en la estructura administrativa no prosperaron.
De ahí en adelante, cada mes ha traído un capítulo nuevo: acusaciones cruzadas, videos en redes sociales y, la semana pasada, una resolución del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que vale la pena desmenuzar, porque revela más de lo que el propio síndico quisiera.
El 25 de junio, mediante el oficio SM/46/2026, Palmeros pidió al Congreso del estado que interviniera porque, según denunció, la Tesorería municipal le restringía injustificadamente el acceso a la información financiera del ayuntamiento, lo que —dijo— le impedía ejercer sus funciones de vigilancia sobre la hacienda pública.
El Legislativo turnó el asunto a la Comisión Permanente de Vigilancia, pero antes de que ese trámite avanzara, el propio ORFIS ya había resuelto por otra vía: mediante oficio del 23 de junio, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo desechó y archivó la queja del síndico, al considerar que el Órgano Interno de Control del ayuntamiento ya había realizado las actuaciones correspondientes, y que cualquier responsabilidad administrativa —de existir— debía atenderla la Contraloría Municipal, conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre, no el ORFIS.
En otras palabras: Palmeros hizo round de sombra, pues su queja nunca estuvo bien integrada.
El ayuntamiento, por su parte, sostiene que desde el 15 de julio la documentación financiera está disponible para consulta del síndico y del resto del Cabildo, y que Palmeros, en lugar de revisarla, prefirió grabar un video acusando —de nueva cuenta— que se le negaba el acceso.
*****
Y aquí es donde toca ser también honestos con Palmeros, porque su desgaste no es sólo obra de Bibi.
El síndico arrancó bien: se reunió con la auditora general, denunció con nombre y expediente presuntas irregularidades en la Subdirección de Obras Públicas municipal.
Esas fueron acciones concretas, verificables, con destinatario institucional, pero sin asesoría profesional que lo llevara a buen puerto.
De un tiempo para acá, Paco Palmeros ha cambiado la estrategia por el gesto: se ha dedicado más a repartir apoyos y a hacerse presente entre la gente que a construir, con método y asesoría, un caso sólido contra la administración que dice combatir.
Y eso, hay que decirlo sin medias tintas, es un barril sin fondo: repartir dinero o favores no resuelve nada de fondo, no fiscaliza un peso, no obliga a transparentar una nómina, no cambia una sola línea del presupuesto municipal.
Sólo compra simpatías temporales mientras el problema de origen —el acceso a la información financiera, la rendición de cuentas— sigue exactamente donde estaba.
*****
Para documentar el optimismo…, hacerse la víctima en redes sociales, tampoco alcanza.
Palmeros tiene, en el papel, las atribuciones de vigilancia que le da la ley; lo que le ha faltado es la estrategia para ejercerlas: buenos asesores, rutas jurídicas bien armadas, objetivos concretos y verificables, no solamente denuncias que terminan archivadas por tecnicismo y videos que el ayuntamiento desmiente al día siguiente.
La indignación sin método no incomoda a nadie; solo desgasta a quien la ejerce.
*****
Al final, entre el desafuero que amenaza al padrino político de Bibi en Úrsulo Galván, el silencio administrativo que blinda los salarios del ayuntamiento y el pleito sin brújula entre la alcaldesa y su síndico, los únicos que verdaderamente pierden son los puentenses: gente noble, de a pie, que no tiene vela en el entierro en esta disputa de poder y que, sin embargo, carga con sus consecuencias en forma de obra pública detenida, información que nunca llega y un gobierno municipal más ocupado en sobrevivir a su propio pleito que en gobernar.
Puente Nacional merece algo mejor que un cabildo fracturado y una administración opaca. Merece, para empezar, que alguien —la alcaldesa, el síndico, o los dos— se tome en serio la palabra transparencia, antes de que el corredor naranja termine de caerse a cachitos.
Que los funcionarios electos dejen de victimizarse, de pedir vacaciones a ojos de todo el mundo, -no porque no lo merezcan, no-, sino porque el municipio necesita trabajo permanente, en bien de sus ciudadanos.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
*El corredor naranja se fractura con el desafuero de Bertín
*En Puente Nacional, síndico y alcaldesa convierten el gobierno municipal en un pleito sin estrategia, mientras la gente paga la cuenta
Este miércoles el Congreso de Veracruz tiene sobre la mesa la solicitud de desafuero de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, a quien la Fiscalía General del Estado señala por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta.
De aprobarse, Bravo Montero perdería el fuero constitucional y enfrentar un proceso penal y con él la fractura del llamado “corredor naranja”, esa franja de municipios gobernados por Movimiento Ciudadano —Úrsulo Galván, La Antigua, Puente Nacional, Paso de Ovejas y Jalcomulco— que hasta hace unos meses se perfilaba como bloque compacto rumbo a 2027.
Bertín Bravo no es un alcalde cualquiera dentro de esa alianza, es el líder, y también, con nombre y apellido, el padrino político de Bibiana “Bibi” Sánchez Báez, alcaldesa de Puente Nacional.
Y cuando el padrino se tambalea frente a una acusación de esta gravedad, el ahijado se sacude.
No es casualidad que, mientras el Congreso analiza el fuero de Bertín, en Puente Nacional el gobierno municipal atraviese su propia crisis de credibilidad, con un agravante: la de Bibi no es una crisis que le llegue de fuera, es una que ella y su síndico, Francisco Palmeros Báez, se han fabricado solitos.
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Empecemos por lo que debería ser innegociable en cualquier gobierno municipal: la transparencia.
Puente Nacional es, hoy, uno de los ayuntamientos más opacos de Veracruz; información hecha llegar a este espacio revela que se solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, información sobre los salarios de los funcionarios del ayuntamiento.
La respuesta, nunca llegó, no hubo negativa formal ni prórroga notificada: simplemente, silencio administrativo, que es la forma más vieja —y más cómoda— de practicar la opacidad desde un escritorio municipal.
Un ayuntamiento que no puede transparentar la nómina de quienes cobran del erario no tiene, en los hechos, mucho que explicar sobre por qué el síndico y la alcaldesa se pelean, precisamente, por el acceso a la información financiera.
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Porque a esa opacidad de fondo se suma el pleito, ya crónico, entre Palmeros Báez y la alcaldesa.
La confrontación no nació ayer: se incubó desde la transición misma, cuando Bibi decidió no incorporarlo al proceso de entrega-recepción en los términos que marcaba la ley, y se agudizó cuando las propuestas del síndico para colocar a gente de su confianza en la estructura administrativa no prosperaron.
De ahí en adelante, cada mes ha traído un capítulo nuevo: acusaciones cruzadas, videos en redes sociales y, la semana pasada, una resolución del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que vale la pena desmenuzar, porque revela más de lo que el propio síndico quisiera.
El 25 de junio, mediante el oficio SM/46/2026, Palmeros pidió al Congreso del estado que interviniera porque, según denunció, la Tesorería municipal le restringía injustificadamente el acceso a la información financiera del ayuntamiento, lo que —dijo— le impedía ejercer sus funciones de vigilancia sobre la hacienda pública.
El Legislativo turnó el asunto a la Comisión Permanente de Vigilancia, pero antes de que ese trámite avanzara, el propio ORFIS ya había resuelto por otra vía: mediante oficio del 23 de junio, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo desechó y archivó la queja del síndico, al considerar que el Órgano Interno de Control del ayuntamiento ya había realizado las actuaciones correspondientes, y que cualquier responsabilidad administrativa —de existir— debía atenderla la Contraloría Municipal, conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre, no el ORFIS.
En otras palabras: Palmeros hizo round de sombra, pues su queja nunca estuvo bien integrada.
El ayuntamiento, por su parte, sostiene que desde el 15 de julio la documentación financiera está disponible para consulta del síndico y del resto del Cabildo, y que Palmeros, en lugar de revisarla, prefirió grabar un video acusando —de nueva cuenta— que se le negaba el acceso.
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Y aquí es donde toca ser también honestos con Palmeros, porque su desgaste no es sólo obra de Bibi.
El síndico arrancó bien: se reunió con la auditora general, denunció con nombre y expediente presuntas irregularidades en la Subdirección de Obras Públicas municipal.
Esas fueron acciones concretas, verificables, con destinatario institucional, pero sin asesoría profesional que lo llevara a buen puerto.
De un tiempo para acá, Paco Palmeros ha cambiado la estrategia por el gesto: se ha dedicado más a repartir apoyos y a hacerse presente entre la gente que a construir, con método y asesoría, un caso sólido contra la administración que dice combatir.
Y eso, hay que decirlo sin medias tintas, es un barril sin fondo: repartir dinero o favores no resuelve nada de fondo, no fiscaliza un peso, no obliga a transparentar una nómina, no cambia una sola línea del presupuesto municipal.
Sólo compra simpatías temporales mientras el problema de origen —el acceso a la información financiera, la rendición de cuentas— sigue exactamente donde estaba.
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Para documentar el optimismo…, hacerse la víctima en redes sociales, tampoco alcanza.
Palmeros tiene, en el papel, las atribuciones de vigilancia que le da la ley; lo que le ha faltado es la estrategia para ejercerlas: buenos asesores, rutas jurídicas bien armadas, objetivos concretos y verificables, no solamente denuncias que terminan archivadas por tecnicismo y videos que el ayuntamiento desmiente al día siguiente.
La indignación sin método no incomoda a nadie; solo desgasta a quien la ejerce.
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Al final, entre el desafuero que amenaza al padrino político de Bibi en Úrsulo Galván, el silencio administrativo que blinda los salarios del ayuntamiento y el pleito sin brújula entre la alcaldesa y su síndico, los únicos que verdaderamente pierden son los puentenses: gente noble, de a pie, que no tiene vela en el entierro en esta disputa de poder y que, sin embargo, carga con sus consecuencias en forma de obra pública detenida, información que nunca llega y un gobierno municipal más ocupado en sobrevivir a su propio pleito que en gobernar.
Puente Nacional merece algo mejor que un cabildo fracturado y una administración opaca. Merece, para empezar, que alguien —la alcaldesa, el síndico, o los dos— se tome en serio la palabra transparencia, antes de que el corredor naranja termine de caerse a cachitos.
Que los funcionarios electos dejen de victimizarse, de pedir vacaciones a ojos de todo el mundo, -no porque no lo merezcan, no-, sino porque el municipio necesita trabajo permanente, en bien de sus ciudadanos.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
