noviembre 17, 2026

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Programas Sociales y déficit

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México  protege  los programas sociales, pero puede estar reduciendo el margen fiscal que necesitará mañana. El subsidio a combustibles -estimado en más de 171 mil millones de pesos- y la expansión de los programas sociales pueden ayudar a contener el impacto de la crisis, pero complican la meta de reducir el déficit ampliado a 4.1% del PIB en 2026.

La economía mexicana esta viviendo dos choques simultáneos, el primero es externo, el cierre del Estrecho de Ormuz elevó los precios internacionales del petróleo y de los combustibles. Para evitar que ese alza se traslade de lleno a gasolineras, transporte y precios de la canasta, Hacienda amplió estímulos al IEPS y subsidios complementarios.

El segundo es interno, el gobierno mantiene y amplía programas sociales -pensiones, becas, apoyos y transferencias- como parte de su estrategia de bienestar. Para 2026, Hacienda contempló recursos equivalentes a 3% del PIB para programas sociales, con cobertura directa para casi 82% de las familias.

Ambas decisiones tienen justificación social y política. El problema es que, sumadas, compiten por los mismos recursos fiscales y pueden dificultar el objetivo de normalizar el déficit.

El subsidio funciona como un amortiguador. Sin él, la inflación habría sido mayor; la SHCP estima que, con los apoyos, la inflación de la primera quincena de octubre fue de 3.6%, frente a 5.2% que se habría registrado sin ellos.

Pero el costo es enorme. Analistas estiman que el apoyo a gasolinas y diésel supera los 171 mil millones de pesos en ocho meses, principalmente por la reducción de la recaudación del IEPS.

No es una erogación directa en todos los casos, en buena parte consiste en ingresos fiscales que Hacienda deja de captar. Aun así, para el presupuesto es dinero que deja de estar disponible para salud, educación, infraestructura, seguridad o reducción de deuda.

El FMI reconoce que México redujo de manera considerable el déficit en 2025 y que en 2026 la consolidación continuó, aunque a un ritmo más lento. Sin embargo, considera que el ajuste previsto no será suficiente para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente.

La meta de 4.1% del PIB en los Requerimientos Financieros del Sector Público fue planteada por Hacienda como parte de una reducción acumulada de 1.6 puntos porcentuales respecto de 2024.

El Fondo no pide eliminar los programas sociales. Pide mejor focalización, que los recursos lleguen con mayor precisión a quienes más los necesitan, en lugar de distribuirse de manera tan amplia que se diluya su impacto y se incremente el costo fiscal.

El FMI proyecta que la deuda bruta del sector público pasará de 61.7% del PIB en 2025 a 62.1% en 2026 y 62.9% en 2027. Eso significa que, aun con una reducción del déficit, la deuda seguiría subiendo si el ajuste fiscal es demasiado gradual.

El subsidio a combustibles como una estrategia de contención de la inflación ha servido para contener el precio de la gasolina, el diésel, en consecuencia ha servido para contener el transporte y la inflación, sin embargo un mayor subsidio reduce la recaudación y presiona el déficit de las finanzas públicas.

En cuanto a la ampliación de los programas sociales, su realización protege ingresos y amplía la cobertura a mayor número de beneficiarios. Su consecuencia es que se incrementa el gasto corriente y se limita la inversión.

El índice recomendado por el Fondo Monetario Internacional ha sido disminuir el 4.1% del déficit del PIB, que da margen para sostener el gasto y absorber el choque. Sin embargo, si no baja lo suficiente, la deuda externa puede seguir creciendo.

Estos factores mencionados y su  combinación puede afectar a México en cuatro sentidos, Inflación y consumo, el subsidio protege el bolsillo y evita un alza inmediata de precios, pero si el choque petrolero se prolonga, el costo fiscal seguirá creciendo.

Si los mercados perciben que el ajuste fiscal es insuficiente, pueden exigir mayores rendimientos para financiar al gobierno, encareciendo el crédito público y privado.

Un menor margen fiscal puede obligar a recortar o postergar infraestructura, salud, educación y proyectos productivos, justo cuando el país necesita elevar su crecimiento potencial.

El Fondo no emitió una alerta de colapso, reconoció que México conserva fundamentos sólidos, reservas adecuadas y una Línea de crédito flexible que actúa como red de seguridad ante choques externos.

México debe recuperar espacio fiscal para poder responder a la próxima crisis sin sacrificar crecimiento ni protección social. Por ello recomendó eliminar gradualmente los subsidios a combustibles, focalizar mejor las transferencias y fortalecer las finanzas de Pemex.

México no necesita elegir entre protección social y disciplina fiscal. Necesita una estrategia que combine ambas, mantener el escudo a combustibles sólo mientras persista el choque externo, con reglas claras de duración y salida.

Dirigir apoyos adicionales a hogares vulnerables, transportistas de bajo ingreso y pequeños productores, en lugar de subsidiar todo el consumo; Auditar la cobertura, el padrón y la efectividad de los programas sociales para evitar duplicidades y filtraciones; Proteger la inversión pública en infraestructura, agua, salud, educación y seguridad.

Es necesario fortalecer la recaudación no petrolera y reducir la evasión, la informalidad y los privilegios fiscales; mejorar la eficiencia, refinación y balance financiero de Pemex.

El principio es claro, el subsidio puede ser una herramienta legítima para proteger a la población ante una crisis externa, pero no puede convertirse en una política permanente sin límite. Si México gasta hoy más de 171 mil millones de pesos para contener el precio de los combustibles, deberá explicar mañana cómo va a financiar el resto de sus compromisos sin sacrificar crecimiento, estabilidad y protección social.

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