El pasado 6 de julio, más de un centenar de familias bloqueó la calle Juan de la Luz Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, para denunciar el despojo de sus predios y viviendas. Tres días después, la gobernadora Rocío Nahle admitió que este delito patrimonial ocurre en todo el estado y le encomendó a su secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, que instalara de inmediato una mesa de diálogo para atender directamente a las familias despojadas.
Pero los afectados que acudieron a la SEGOB para exponer sus casos –alrededor de cincuenta personas, testigos presenciales– coinciden en que es precisamente esa instancia burocrática una parte relevante del problema. Hay un hecho administrativo verificable, no una acusación contra persona alguna. Y es que de la Secretaría de Gobierno de Veracruz dependen el Registro Público de la Propiedad, el Catastro y el registro de notarías. Es decir, las tres piezas institucionales que aparecen en prácticamente todas las denuncias están bajo la misma dependencia que hoy conduce la mesa encargada de investigarlas. El problema no es de nombres, sino de diseño: quien debe vigilar está subordinado a la misma estructura de la que dependen los órganos señalados. Mientras esa subordinación no se rompa con una supervisión independiente, una auditoría interna difícilmente disipará la duda.
A esa duda estructural se suman conflictos de interés ya documentados. El juez Leopoldo Toss Capistrán ha sido señalado en el propio “cártel inmobiliario” –hay reportes de que sus firmas lo vincularían al esquema– y, hasta la fecha, no ha sido separado de su cargo. Su hermano, Adolfo Toss Capistrán, es Director de Política Regional de la Secretaría de
Gobierno: el área encargada del diálogo con colectivos y afectados, y que indirectamente conoce de la supervisión de las notarías.
El resultado es difícil de sostener en un marco de imparcialidad elemental: ni el juez debería seguir conociendo asuntos relacionados sin excusarse, ni la interlocución con las víctimas debería recaer en un pariente directo de uno de los juzgadores señalados. En cualquier sistema de justicia que se respete, esa doble condición bastaría para relevar de inmediato a los involucrados.
El abogado Eduardo de la Torre Jaramillo, asesor legal de un grupo de víctimas del cártel inmobiliario, dice haber documentado 104 familias defraudadas; por su parte, la activista Martha Patricia Aguilar Rendón reporta más de 200 denuncias. Este problema social ha ido escalando, pues algunos manifestantes afirman haber recibido amenazas de muerte tras hacer públicas sus denuncias.
Las autoridades de Veracruz deberían voltear hacia el Estado de México, donde la Fiscalía estatal publica cada semana –desde hace más de un año– cuántos inmuebles asegura y devuelve. La comparación no es retórica: mide qué produce una política pública frente a lo que produce su ausencia.
El despojo ya está en la agenda nacional. El 28 de julio de 2026, en la Primera Emisión de Imagen Radio, el periodista Pascal Beltrán del Río entrevistó al académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Arturo Luis Cossío Zazueta, sobre el aumento del despojo de inmuebles en la Ciudad de México y las zonas metropolitanas. Veracruz es la pieza que falta en esa conversación: el estado donde el fenómeno crece sin una política efectiva que lo enfrente.
En cambio, la “Operación Restitución” del Estado de México arrancó en noviembre de 2024, coordinada desde la Mesa de Paz con seis instituciones mexiquenses. Al 13 de julio de 2026 reportaba 2 mil 276 inmuebles asegurados en 79 municipios y 1 mil 396 devueltos (61%). En detenciones, el corte de abril sumaba 428 personas. Y, a diferencia de Veracruz, sí tocó al gremio: la Fiscalía del Edomex ejerció acción penal contra tres notarios –dos de Toluca y uno de Ecatepec– y contra cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales.
Un efecto colateral: la denuncia subió 8.75% en un año, atribuido obviamente a la confianza que generó este operativo en el Estado de México.
En cambio, hasta ahora, inexplicablemente, el gobierno veracruzano no ha desplegado todavía una acción equivalente. Existe una mesa interinstitucional y una auditoría al Registro Público de la Propiedad y a las notarías. La semana antepasada, la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ahued, informó que hay más de 120 atenciones abiertas y que se revisará todo desalojo, según comunicado de la SEGOB del pasado 18 de julio.
Pero, en febrero, la gobernadora Nahle dijo haber retirado la anuencia a tres notarios; ofreció dar los nombres “más adelante”. Hasta la fecha, no se han hecho públicos. La única restitución que el gobierno presenta como resultado es un inmueble en Las Ánimas, recuperado a finales de 2025; seis meses después, según las víctimas, seguía siendo el único expediente en el que se actuó.
En el Edomex hay tres notarios procesados, mientras que en Veracruz solamente existen tres anuencias retiradas sin un solo nombre.
Algunos nombres ya están en tribunales. Los abogados Miguel Isaac Contreras Gómez Gil y Rafael Herrera Martínez fueron imputados en febrero de este año por fraude procesal (Fiscalía Séptima del XI Distrito), acusados por el despojo de un inmueble en el fraccionamiento Fuentes de las Ánimas, de Xalapa. Una actuaria notificó un embargo de 23 millones de pesos derivado de un pagaré con firmas presuntamente falsificadas. Ambos enfrentan el proceso en libertad.
En cambio, Salvador Matías “N” –abogado imputado el 14 de julio por fraude procesal (proceso 26/2026, caso Isleta), se encuentra preso; el juez de control le fijó un año de prisión preventiva en Pacho Viejo. Es, hasta hoy, la única persona privada de la libertad en toda la investigación. Recibió la propiedad, pero no logró escriturarla. Y no por la Fiscalía, sino por un amparo que promovieron las propias víctimas.
José Alfredo “N” y Zain Alef “N” son otros que ya fueron vinculados a proceso en junio (464/2026) por fraude y suplantación de identidad.
Pero existen otros casos, como el del abogado Roly Domínguez Romero, señalado por el diario Excélsior el 4 de julio como presunto autor intelectual de múltiples despojos, pero el cual no enfrenta proceso conocido.
Una más es Míriam Ceballos Ruiz, reportada por la irrupción a la vivienda de dos adultos
mayores (83 y 85 años) acompañada de un cerrajero y de policías municipales. Señalada desde 2025 por seis familias. Es ex esposa del abogado Miguel Isaac Contreras Gómez Gil, mencionado líneas arriba.
El juez René Ortiz Sartorius también fue señalado por el ciudadano Francisco Javier Carrión Cuéllar de obstaculizar, mediante la negativa reiterada de audiencias, la restitución de un predio en Coatepec.
Más allá de los señalamientos, un análisis de antecedentes legales en la plataforma Buholegal –que compila registros públicos de los juzgados– muestra que once personas vinculadas al fenómeno coinciden de forma reiterada en al menos 18 expedientes del Estado de Veracruz (2020-2025), como partes, apoderados, autorizados, cesionarios de derechos litigiosos y depositarios judiciales. No son casos aislados: son los mismos nombres, una y otra vez, en juicios sin relación aparente entre sí.
Y, en cuanto a la complicidad notarial, hay varios fedatarios señalados. Son el hilo común de las denuncias. Sin proceso conocido y bajo presunción de inocencia, denunciantes y notas periodísticas locales han señalado, entre otros, a Eugenio Adalberto Vázquez Muñoz (Notaría 27 de Xalapa), mencionado dentro del “entramado del cártel inmobiliario”; Tomás Trujillo Márquez (Notaría 24, Alto Lucero); así como Joel López García (Notaría 6, Xico) y Manuel Díaz Rivera (Notaría 30, Las Trancas, Emiliano Zapata), por casos de la región de Coatepec. Todos en funciones.
Ricardo Ahued quiere ser el próximo gobernador de Veracruz en el sexenio 2030-2036. Pero si no puede desintegrar esta red delincuencial, ¿podría acaso como titular del Poder Ejecutivo del estado abatir a los otros cárteles criminales mucho más pesados que siguen arraigados y expandiéndose por toda la entidad? Hay quienes recuerdan cómo, a finales del sexenio del ex gobernador Javier Duarte, le temblaban las rodillas cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, solía visitarlo en su domicilio particular para trasmitirle la orden del ex mandatario de aprobar las polémicas iniciativas que en los últimos cinco meses de su desastrosa administración envió el jefe ex priista al Congreso local.
