El deterioro de la calidad de vida en Monte Magno, La Marquesa, Monte Novo y fraccionamientos aledaños de Xalapa compromete la responsabilidad política de tres gobiernos municipales. Las administraciones de Hipólito Rodríguez Herrero, Ricardo Ahued Bardahuil y Daniela Griego Ceballos han tenido frente a sí un conflicto que se prolonga mientras la convivencia se vuelve más difícil. La continuidad del problema revela decisiones urbanas insuficientemente explicadas y una actuación municipal incapaz de ofrecer una solución integral.
En estos fraccionamientos, muchas familias adquirieron sus propiedades bajo una promesa residencial y con la expectativa de establecer un hogar en condiciones de tranquilidad. El desarrollo contemplaba espacios destinados al comercio. Esa distribución permitía conciliar la actividad económica con la vida habitacional. La proliferación de negocios fuera de esos espacios y de construcciones cuestionadas por su compatibilidad con el entorno fue alterando ese equilibrio.
Las consecuencias se experimentan en la vida cotidiana: circulación más intensa, vehículos que obstruyen cocheras, ruido junto a las viviendas y calles utilizadas para absorber las necesidades de establecimientos que deberían acreditar sus propias soluciones de estacionamiento. Una autorización municipal tiene efectos sobre personas concretas. Cada decisión debe considerar a quienes ya habitan el lugar y la capacidad de la infraestructura para soportar nuevas actividades.
Durante el gobierno de Hipólito Rodríguez ya existían reclamaciones por comercios fuera de las plazas y edificios de varios niveles en Monte Magno. Desde 2020 el conflicto estaba planteado públicamente. Su administración tenía la obligación de revisar los permisos cuestionados, inspeccionar las obras y explicar la compatibilidad de esos proyectos con la regulación del suelo. La permanencia de aquellas inconformidades deja una exigencia de rendición de cuentas sobre lo autorizado y sobre la eficacia de la vigilancia municipal.
Los cambios que ampliaron la convivencia de usos habitacionales y comerciales también necesitan una explicación completa. Debe conocerse qué autoridad los aprobó, cuál fue su alcance y cómo se incorporó la participación ciudadana que correspondía. Transformar las condiciones urbanas de una comunidad exige justificar sus consecuencias. El Ayuntamiento tiene el deber de exhibir los acuerdos y planos aplicables, así como las condiciones que impuso para proteger la vida residencial.
Ricardo Ahued recibió un problema identificado. En 2022 reconoció irregularidades en construcciones y comercios de la zona, habló de prácticas de corrupción en administraciones anteriores y anunció que se actuaría. Ese reconocimiento hacía más exigible una intervención eficaz. Atribuir responsabilidades al pasado debía conducir a revisar expedientes y corregir lo que legalmente procediera. El conflicto que hoy continúa obliga a evaluar el cumplimiento de aquellas promesas, aunque se sabe que Ahued no actúo, no resolvió, solo engañó.
La responsabilidad de Ahued debe medirse por los resultados de su gobierno. Cuando una administración conoce un deterioro urbano y concluye sin haber resuelto su dimensión estructural, deja una deuda con los habitantes afectados. Las clausuras o intervenciones particulares necesitan sostenerse en procedimientos eficaces y formar parte de una política de ordenamiento. De otro modo, cada actuación termina siendo insuficiente frente al avance del problema.
Con Daniela Griego, Xalapa transita el tercer periodo municipal consecutivo de gobiernos emanados de Morena. La nueva administración tiene a su alcance los antecedentes y las facultades para actuar. Hasta ahora, la persistencia del conflicto exhibe una respuesta insuficiente para los vecinos que reclaman. La alcaldesa debe encabezar su atención y abrir una interlocución directa con los habitantes. Enviar funcionarios a reuniones sin que de ellas surja una solución verificable desgasta la confianza y convierte el diálogo en una experiencia frustrante.
Las inspecciones y clausuras puntuales realizadas durante la actual administración deben acreditarse por sus efectos. Importa saber si los establecimientos cumplen las condiciones exigibles y si las medidas dictadas se mantienen cuando corresponde. La ciudadanía necesita conocer qué se resolvió en cada expediente y qué ocurrirá con las obras o actividades que incumplan. La responsabilidad de la presidenta municipal incluye asegurar ese seguimiento.
El uso mixto sigue sujeto a reglas. Una autorización para establecer un negocio debe ser compatible con las disposiciones de construcción, protección civil y funcionamiento que le resulten aplicables. El artículo 161 del Reglamento de Desarrollo Urbano municipal establece requerimientos de estacionamiento según el uso del inmueble. Por ello, cada expediente debe demostrar cómo se cumplen. La ocupación de calles y la obstrucción de accesos a viviendas no acreditan esa obligación.
A mi juicio, la arbitrariedad consiste en imponer a una comunidad las consecuencias de decisiones que afectan su vida sin darle explicaciones suficientes ni una respuesta eficaz a sus reclamaciones. Se agrava cuando el beneficio económico de determinadas actividades termina acompañado de cargas que soportan los hogares cercanos. El gobierno municipal existe para proteger el interés público y hacer cumplir las reglas, también frente a propietarios y desarrolladores que buscan aumentar la rentabilidad de sus inmuebles.
La continuidad partidista hace inevitable una evaluación política más amplia. Morena gobierna Xalapa desde 2018 y dispone de una trayectoria municipal que ya puede juzgarse por sus resultados. Hipólito Rodríguez enfrentó las primeras reclamaciones aquí referidas; Ahued reconoció el problema y prometió intervenir; Daniela Griego tiene hoy la obligación de resolverlo. Cada administración debe responder por sus propios actos y omisiones. La pertenencia al mismo partido añade una responsabilidad política compartida frente a la ciudadanía.
Mi vaticinio es que, si persiste esta incapacidad para resolver y escuchar, el hartazgo se expresará muy pronto en las calles. Los habitantes se verán orillados a hacer visible en el espacio público una inconformidad que lleva demasiado tiempo sin encontrar una respuesta suficiente. La movilización será consecuencia del desgaste de los canales institucionales y de una paciencia ciudadana que el Ayuntamiento ha exigido sin corresponder con resultados.
También preveo que, de mantenerse este escenario, el descontento se traducirá en voto de castigo contra Morena en las próximas elecciones. En 2027 se elegirán diputaciones federales y locales en Veracruz. Aunque la alcaldía no esté en disputa, las candidaturas del partido gobernante pueden recibir el efecto de la evaluación que los ciudadanos hagan de su desempeño municipal. Mi pronóstico se refiere a ese costo político de la confianza perdida, cuyo alcance dependerá de la decisión de cada elector.
La respuesta está al alcance del Ayuntamiento: transparentar los permisos cuestionados, revisar las condiciones de las obras y establecimientos, corregir las irregularidades acreditadas y atender la petición de revisar la regulación futura del suelo mediante los procedimientos legales. Ese trabajo debe realizarse con participación de los habitantes y compromisos que tengan responsables y plazos. La autoridad necesita demostrar que puede proteger la convivencia y dar certeza a quienes viven en la zona.
Daniela Griego todavía puede asumir esa responsabilidad antes de que el conflicto se agrave. La calidad de vida de estas familias merece una intervención decidida. Quienes han gobernado Xalapa deben explicar cómo se llegó a esta situación y responder por lo que hicieron o dejaron de hacer. La tranquilidad del hogar es un asunto de gobierno. Cuando la autoridad la descuida durante años, pierde también la confianza con la que llegó al poder.
*Premio Nacional a la Excelencia Municipal 2020 y 2025.
Imagen de portada: Vialidad Xalapa
