Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda, ha advertido que la deuda pública mexicana pasó de alrededor de 38% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 a 58.9% en 2025. La cifra coincide con la medición de deuda bruta del sector público empleada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyectó 58.9% del PIB al cierre de 2025. Bajo esa definición internacional, México se ubica con una deuda cercana de 60% del PIB, nivel que Aspe identifica como una zona de creciente vulnerabilidad financiera.

Es importante precisar que una deuda utilizada para infraestructura productiva, educación superior, salud, ciencia y tecnología puede ampliar la capacidad económica futura y ayudar a pagarla. Una deuda destinada predominantemente a gasto corriente, transferencias sin articulación productiva o rescates recurrentes deja obligaciones, pero no necesariamente activos ni capacidades equivalentes.

El costo financiero (intereses de la deuda) del Gobierno Federal se estimó en 3.2% del PIB para 2025 y ascendería a 3.4% del PIB en 2026. Ese monto compite directamente por recursos presupuestarios en carreteras, puertos, agua, energía, hospitales, universidades y centros de investigación. Cuando los intereses (costo de la deuda) crecen más rápido que la economía, el ajuste suele recaer sobre la inversión pública, porque políticamente es más sencillo posponer una obra que reducir una transferencia o incumplir una obligación financiera.

La evidencia presupuestaria confirma esa tensión. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria calculó que 70.1% del ajuste fiscal federal de 2025 recayó sobre la inversión pública. Al mismo tiempo, el gasto federal en educación, ciencia y cultura aprobado para 2025 fue de 1.161 billones de pesos, equivalente a sólo 3.2% del PIB. La Cámara de Diputados documentó que, entre 2024 y 2025, Servicios de Educación Media Superior sufrió una reducción real de 5.16%, mientras que varios subsidios para organismos descentralizados estatales permanecieron prácticamente congelados.

En ciencia y desarrollo tecnológico el rezago es todavía más grave. La base internacional de UNESCO difundida por el Banco Mundial ubica el gasto mexicano en investigación y desarrollo en apenas 0.25% del PIB en 2024. Este dato permite sostener, con mayor precisión, que el esfuerzo nacional no sólo es insuficiente: se mantiene muy lejos de las economías que compiten mediante conocimiento, innovación y tecnología.

Frente a este escenario nacional, es importante destacar que la contracción de la inversión estratégica no afecta por igual a todo el territorio. Los estados del norte reciben ventajas derivadas de su proximidad al mercado estadounidense, las cadenas manufactureras, la infraestructura logística y la concentración de proveedores. En cambio, Veracruz y otras entidades del sur y sureste enfrentan mayores costos por concepto de distancias, conectividad, capacitación y coordinación productiva. Cuando el Gobierno Federal reduce infraestructura, educación superior o innovación, esas desventajas acumuladas se profundizan.

La infraestructura genera externalidades positivas: disminuye tiempos y costos logísticos, amplía mercados, mejora la confiabilidad del suministro energético, eleva la productividad laboral y reduce el riesgo de invertir. De manera semejante, una universidad pública vinculada con su entorno no sólo forma profesionistas; también produce conocimiento aplicado, laboratorios, transferencia tecnológica, incubación de empresas, asistencia técnica y redes de colaboración. Cuando estas funciones se debilitan, la inversión nacional y extranjera encuentra menos razones para localizarse fuera de los corredores ya consolidados.

Ante un escenario nacional de estrechez fiscal, los gobiernos estatales no pueden limitarse a esperar mayores transferencias federales. La alternativa es actuar desde el desarrollo endógeno: identificar y movilizar capacidades propias —capital humano, universidades, tecnológicos, empresas, recursos naturales, infraestructura y conocimiento territorial— para generar innovación, encadenamientos productivos y valor agregado dentro de cada región.

En Veracruz y en el conjunto del sur-sureste, esta estrategia exige convertir a las universidades públicas estatales y a los tecnológicos regionales en infraestructura económica de primer orden. No se trata únicamente de aumentar matrículas. Es necesario fortalecer carreras técnicas, ingenierías, licenciaturas y posgrados vinculados con las vocaciones regionales; modernizar laboratorios; financiar investigación aplicada; crear sistemas de prácticas profesionales y educación dual; y establecer mecanismos permanentes de transferencia tecnológica hacia micro, pequeñas y medianas empresas.

Los gobiernos estatales deben construir agendas de innovación por región, con participación de universidades, tecnológicos, centros de investigación, municipios y sector productivo. Veracruz dispone de ventajas en agroindustria, logística portuaria, energía, turismo, manufactura, servicios ambientales y economía del conocimiento. Pero esas ventajas potenciales sólo se transformarán en productividad si existen técnicos, ingenieros, investigadores, proveedores e infraestructura capaces de articularlas.

Por otra parte, se requiere proteger la inversión pública estatal y municipal de los ajustes indiscriminados. Cada peso debe evaluarse por su capacidad para reducir costos productivos, integrar mercados regionales, formar capital humano o inducir inversión privada.

Para Veracruz y el sur-sureste, la conclusión es contundente: si la Federación dispone de menos margen para impulsar el desarrollo regional, los estados deben asumir una responsabilidad histórica: articular sus universidades públicas, tecnológicos, empresas y gobiernos locales para crear capacidades propias. El desarrollo endógeno deja entonces de ser una formulación teórica y se convierte en una estrategia de defensa económica. Frente a la deuda nacional, la mejor respuesta regional es invertir en conocimiento, productividad e innovación. El futuro de Veracruz está en manos de Gobierno del Estado y del Congreso Legislativo, pues el escenario económico es sumamente adverso para la entidad y sigue siendo un lastre el crecimiento económico cero, que en promedio tuvo el sexenio del exgobernador  Cuitlahuac García Jiménez.

Imagen de portada: Agenda de Innovación de Veracruz /// CONACYT