El año 2026 se presenta como un año de intensa actividad para la Iglesia Católica Apostólica Romana en la provincia mexicana, no solo por su agenda litúrgica, sino también porque marca el centenario del inicio de la persecución religiosa impulsada por el gobierno federal del presidente-general Plutarco Elías Calles. Este conflicto, conocido como la Guerra Cristera o Cristiada, se desató en los primeros años de la posrevolución, tras una década de guerra civil iniciada el 20 de noviembre de 1910 con el levantamiento del hacendado Francisco I. Madero, periodo que conocemos como la Revolución Mexicana. La Cristiada tuvo un primer y más intenso periodo de 1926 a 1929, y un segundo, de menor impacto, entre 1931 y 1935.
La relación entre la Iglesia y el Estado en México nunca ha sido sencilla en el ejercicio del poder político. Ya desde el siglo XV, el papado romano y la Corona hispánica firmaron acuerdos sobre los asuntos americanos. En la España de Jovellanos, en el siglo XVIII, se exploraron posturas anticlericales, sin olvidar que hace 259 años, Carlos III expulsó de los territorios del imperio español a la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI. Incluso en los albores de la independencia, José María Morelos y Pavón —fusilado hace 210 años, el 22 de diciembre de 1815— estableció en sus *Sentimientos de la Nación* que la nación mexicana sería “católica, apostólica y romana”, sin admitirse ninguna otra.
Así nació México, con una identidad católica plasmada en sus documentos fundacionales. Este principio se mantuvo hasta la proclamación de la Constitución liberal del 5 de febrero de 1857, donde la Iglesia perdió gran parte de su influencia en la vida del Estado. Como señala el historiador británico Will Fowler en su obra *1857-1861. La Guerra de los tres años*, este conflicto dividió a los mexicanos en proyectos políticos antagónicos que definirían el país. Durante el Porfiriato, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se caracterizaron por un mutuo respeto. El propio Porfirio Díaz solía tomar café con la alta jerarquía eclesiástica. Sin embargo, la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 reavivaron el conflicto. Las tensiones quedaron plasmadas, sobre todo, en los debates del constituyente y en la redacción del artículo tercero, relativo a la educación laica, aunque inicialmente se limitaron a declaraciones en la prensa.
Fue en el segundo periodo presidencial de la posrevolución, encabezado por el general Plutarco Elías Calles, cuando el conflicto estalló con toda su fuerza. A la mitad de su cuatrienio, su gobierno buscó aplicar de manera punitiva y estricta el artículo 130 constitucional, que regulaba las actividades del clero. Este momento coincidió con los primeros años de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el primer Estado socialista y declaradamente ateo del mundo, fundado por Vladimir I. Ulianov “Lenin”. México y la URSS habían establecido relaciones diplomáticas en 1924, en un contexto internacional de polarización ideológica.
El secretario de Gobernación, el veracruzano Adalberto Tejeda Olivares, careció de la voluntad política —o quizás la habilidad— para contener la crisis, que desembocó en una guerra de casi tres años. Fue el presidente Calles quien siempre llevó la cara pública de la confrontación. Las medidas fueron tan extremas que incluso se intentó fundar una “Iglesia Católica Mexicana” cismática, manejada desde la Secretaría de Gobernación.
La llamada *Ley Calles*, oficialmente *Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa*, fue expedida el 14 de junio de 1926. Esta ley reglamentaba severamente el artículo 130 de la Constitución de 1917 y buscaba limitar drásticamente la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública mediante cinco disposiciones principales: el registro obligatorio de sacerdotes ante el Estado; el establecimiento de un máximo de un sacerdote por cada 6,000 habitantes; la prohibición de que sacerdotes extranjeros oficiaran en el país; la prohibición de escuelas católicas y cultos públicos; y la censura a los ministros religiosos para que no criticaran al gobierno desde el púlpito. Para los católicos, esta ley no era una simple regulación, sino una persecución que pretendía reducir su fe a un asunto privado.
La respuesta de la Iglesia fue inmediata y radical. El sábado 31 de julio de 1926, la jerarquía católica ordenó la suspensión de todo culto público y el cierre de los templos en toda la República, medida que se mantuvo hasta 1929. El Papa Pío XI, mediante la encíclica *Iniquis Afflictisque* (noviembre de 1926), condenó enérgicamente la política callista y alentó a los católicos a resistir. La población no permaneció pasiva. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa organizó boicots económicos y logró reunir dos millones de firmas solicitando la derogación de la ley, evidenciando la magnitud del descontento popular.
Ante la falta de respuesta gubernamental, el conflicto escaló a una guerra civil que se prolongó desde el 3 de agosto de 1926 al 21 de junio de 1929. La Cristiada dejó entre 70,000 y más de 100,000 muertos, principalmente en los estados del centro-occidente del país, como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Los cristeros, como se conocía a los combatientes católicos, lucharon bajo el lema “Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe”, convencidos de que defendían su fe contra un Estado que pretendía imponer su dominio absoluto sobre las conciencias.
En medio de esta adversidad, figuras como San Rafael Guízar y Valencia, quinto obispo de Veracruz, se distinguieron por su valentía pastoral. Sin temor al gobierno federal, mantuvo el Seminario funcionando de manera clandestina y guió espiritualmente a su grey en tiempos de hostilidad. Perseguido y desterrado, continuó ejerciendo su ministerio de manera oculta. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1995 y canonizado por Benedicto XVI en 2006.
Otro mártir veracruzano, el beato Ángel Darío Acosta Zurita, fue ordenado sacerdote el 25 de abril de 1931, a los veintidós años. Tres meses después, el 25 de julio de 1931, fue asesinado por odio a la fe en el contexto de la persecución religiosa en el estado de Veracruz. Su nombre fue incluido entre los trece mártires mexicanos beatificados el 20 de noviembre de 2005 en Guadalajara, Jalisco. La ceremonia fue presidida por el cardenal José Saraiva Martins en nombre del papa Benedicto XVI, aunque su aprobación había sido concedida el 22 de junio de 2004, durante el pontificado de Juan Pablo II.
El pontificado de San Juan Pablo II (1920-2005) se encuentra entre los más extensos de la historia del papado. Fue el primer pontífice procedente de la denominada «Cortina de Hierro». Su pontificado peregrino se inició con la primera de cinco visitas pastorales que realizó a la provincia eclesiástica de México; en aquel entonces, el país no reconocía plenamente a la Iglesia católica. Dicha primera visita provocó que el secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, dimitiera de su cargo ante la flagrante violación del marco jurídico del país, según la interpretación gubernamental de la época. Desde aquella primera estancia, Juan Pablo II mostró una enorme empatía con su feligresía católica. En la Catedral de la Ciudad de México, en enero de 1979, afirmó: «De todas las enseñanzas que la Virgen da a sus hijos de México, quizás la más bella e importante es esta lección de fidelidad».
El pontificado de San Juan Pablo II no solo legó a México las cinco visitas pastorales, sino también la reforma al artículo 130 constitucional, que no había sido modificado desde 1857. No obstante, lo más valioso de su legado en el ámbito eclesiástico mexicano reside en las beatificaciones y canonizaciones de laicos y sacerdotes que ofrendaron su vida como testimonio de fidelidad al Evangelio. En septiembre de 1988, beatificó al primer mártir de esta etapa, el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro Juárez (1891-1927). Tampoco deben olvidarse los mártires del Virreinato de la Nueva España, como los niños mártires de Tlaxcala.
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