Begoña Gómez está acusada de corrupción y tráfico de influencias por apoyar la postulación de empresas con las que tiene vínculos personales para un contrato público.
Información de El País///Por Lynsey Chutel y José Bautista
José Bautista reportó desde Madrid
21 de junio de 2026 a las 13:00 ET
La esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, irá a juicio acusada de corrupción y tráfico de influencias durante su etapa como primera dama, según dictaminó un juez este sábado.
Begoña Gómez ha estado bajo investigación desde 2024, después de que un grupo que se autodenomina anticorrupción presentara una denuncia donde la acusan de apoyar la postulación de un grupo de empresas, con las que tiene vínculos personales y profesionales, para un contrato público. Gómez ha negado las acusaciones, pero un juez de Madrid ha dictaminado que hay pruebas suficientes para que la primera dama sea juzgada.
El juez Juan Carlos Peinado imputó a Gómez los delitos de malversación, corrupción, apropiación indebida de fondos y tráfico de influencias, y le ordenó entregar su pasaporte a las autoridades y presentarse ante el juzgado cada 15 días. Aún no se ha fijado la fecha del juicio.
“Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, dijo el juez en un auto de 84 páginas.
El sistema judicial español permite que un demandante presente una denuncia directamente ante el tribunal, tras lo cual un juez dirige la investigación, revisa las pruebas y decide si se lleva el caso a juicio. Otros grupos de derecha, incluido el partido de extrema derecha Vox, se sumaron a la denuncia contra Gómez.
Sánchez ya había descrito antes los problemas legales de su esposa como una “estrategia de acoso y derribo” por parte de sus enemigos políticos. Consideró públicamente la posibilidad de renunciar cuando comenzó la investigación, pero se mantuvo en el cargo como un desafío a lo que él denominó una campaña de desprestigio político. Sánchez, un político de izquierda muy popular entre los liberales a nivel internacional, se ha enfrentado a una presión cada vez mayor en su país, donde las acusaciones de corrupción lo han perseguido a él y a su círculo cercano.
El mes pasado, la policía registró la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que dirige Sánchez. La redada se produjo tras una manifestación de españoles conservadores que exigían la renuncia del presidente del gobierno.
Las investigaciones por corrupción han salpicado a varios aliados y familiares del presidente del gobierno. El mes pasado, el hermano de Sánchez fue a juicio por las acusaciones de que había conseguido un puesto por amiguismo. Poco más de una semana antes, su aliado político y expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, fue objeto de una investigación formal tras las acusaciones de que había recibido sobornos de hasta 2,4 millones de dólares por ayudar a convencer al gobierno de que rescatara una aerolínea en crisis.
Gómez fue imputada junto con Juan Carlos Barrabés Cónsul, un empresario que, según el tribunal, se benefició de las acciones de la primera dama. La asistente de Gómez, Cristina Álvarez, también está siendo investigada por su papel como intermediaria de la primera dama.
“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”, dijo Félix Bolaños, ministro del gobierno y miembro destacado del PSOE, en las redes sociales. “¿Quién reparará el daño causado?”
Tras la decisión del juez Peinado de permitir que el juicio siga adelante, los rivales políticos de Sánchez no tardaron en reaccionar. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular de la oposición, pidió elecciones anticipadas. Con la mira en sus rivales, dijo que parecía que en el partido gobernante “si no tienes a parte de tu familia imputada, parece que no eres nadie”.
Hazte Oír, uno de los grupos que presentó la denuncia, celebró la decisión del juez en las redes sociales como “un gran ejemplo de una Justicia que no se doblega”.
