Foto: @meresank, La Jornada.
La actuación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha sido errónea porque convirtió una protesta social legítima -exigir agua limpia- en un episodio de detenciones masivas, uso de gas lacrimógeno y agua a presión contra manifestantes. Así, no solo enfrenta la crisis hídrica de Guadalajara. Ahora también debe responder por posibles abusos policiales cometidos por las fuerzas bajo su mando.
Miles de personas marcharon el domingo 11 de octubre desde la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para reclamar por el mal estado y el desabasto del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, donde viven más de cinco millones de personas. La movilización no fue improvisada ni ajena al gobierno, reflejaba una queja pública acumulada sobre la calidad del servicio.
El error inicial de Lemus fue tratar el malestar ciudadano principalmente como un problema de orden público. Cuando la demanda central es un servicio esencial -agua potable-, la respuesta de Estado no puede limitarse a cercar la residencia oficial, dispersar a la gente y detener a decenas de participantes.
Frente a Casa Jalisco se registró un enfrentamiento entre policías y manifestantes. El saldo oficial fue de 39 detenidos, 28 policías lesionados -dos de gravedad- y 31 civiles atendidos médicamente; la Fiscalía estatal también reportó 59 personas lesionadas entre civiles y elementos policiales.
Las autoridades utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Ese uso de la fuerza, contra personas que marchaban precisamente por la mala calidad del agua, produce un mensaje político especialmente dañino, el gobierno respondió a una demanda de agua limpia con agua a presión y gas.
Lemus atribuyó la violencia a un bloque de alrededor de 400 personas, supuestamente encapuchadas o con el rostro cubierto, que habría generado disturbios y puesto en riesgo a los asistentes. Es posible que existieran actos violentos; negarlos sería tan incorrecto como usarlos para descalificar toda la protesta.
El problema es que el gobernador reconoció que cerca de 10 mil personas participaron de manera pacífica. Si la inmensa mayoría ejerció un derecho constitucional, la presencia de un grupo violento no justifica un operativo que termine con 39 detenciones, personas lesionadas y una investigación por posibles excesos policiales.
La responsabilidad de un gobernante no consiste solo en identificar a quienes rompen la ley; también consiste en garantizar que la fuerza pública distinga entre quienes protestan y quienes delinquen. Esa distinción parece haber fallado.
De los 39 detenidos, 18 habían recuperado la libertad el lunes 12 de octubre, aunque seguían bajo investigación por presuntos delitos como ataques a vías de comunicación, lesiones y delitos contra autoridades. La Fiscalía indicó que las liberaciones se produjeron por falta de elementos o porque no se acreditó su participación en los hechos.
Ese dato es central, si una parte importante de los detenidos fue liberada en menos de 24 horas, la pregunta legítima es si la detención masiva respondió a criterios judiciales sólidos o a una lógica de castigo y disuasión. Detener primero y revisar después debilita la presunción de inocencia y alimenta la percepción de represión.
Lemus ordenó revisar caso por caso las detenciones y analizar los videos del operativo para identificar y sancionar posibles excesos. También informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco inició una investigación de oficio. Son pasos necesarios, pero llegaron después de que el daño ya estaba hecho.
Una investigación posterior no sustituye la prevención. El gobernante tenía la obligación de prever que una marcha masiva por agua limpia, podía terminar en tensión y de establecer reglas claras: proporcionalidad, identificación policial, respeto a la libertad de expresión y canales inmediatos de atención a las demandas ciudadanas.
La crisis no comenzó en Casa Jalisco. Comenzó con agua en mal estado, desabasto y desconfianza ciudadana. Por eso, el mayor error de Lemus no es únicamente policial, es haber permitido que la respuesta institucional a un reclamo de servicios públicos se convirtiera en una segunda crisis, ahora de derechos humanos y legitimidad.
Su gobierno debe demostrar, con hechos verificables, que sancionará cualquier abuso policial; que revisará cada detención con estándares judiciales; y que presentará un plan serio, público y medible para restablecer el suministro y la calidad del agua. De lo contrario, la protesta del domingo quedará recordada no como un reclamo por agua limpia, sino como el momento en que un gobierno eligió responder a la sed ciudadana con gas lacrimógeno.
