La decisión del OPLE de Veracruz de descartar la implementación de una diputación migrante para el proceso electoral 2026-2027 tiene una explicación jurídica, pero deja una conclusión política incómoda, miles de veracruzanos que viven y trabajan en Estados Unidos siguen sin una representación directa en el Congreso local.
El OPLE no puede crear por sí mismo una figura que no está prevista en la Constitución y la ley electoral de Veracruz. Sin embargo, negar la posibilidad no resuelve la exclusión; sólo confirma que la reforma debe venir del Congreso del Estado.
El Organismo Público Local Electoral respondió a una petición ciudadana que solicitaba acciones afirmativas para incorporar la representación migrante en el Congreso local, los ayuntamientos y los procesos de registro de candidaturas. El OPLE sostuvo que no tiene facultades para crear la figura de diputación migrante, establecer cuotas ni modificar las reglas de postulación de partidos y coaliciones.
Su argumento central es técnico, la Constitución local exige que quien aspire a una diputación local haya residido en el distrito o en la circunscripción del estado al menos tres años antes de la elección. Además, la legislación veracruzana no regula expresamente la candidatura migrante.
El OPLE también reconoció la relevancia de garantizar la participación política de las personas veracruzanas residentes en el extranjero. Pero sostuvo que una autoridad administrativa no puede crear por reglamento un derecho de representación que no existe en la ley. En términos jurídicos, la posición es defendible. En términos democráticos, es insuficiente.
Veracruz tiene una comunidad migrante numerosa, activa y con vínculos económicos, familiares y culturales muy fuertes con el estado, según la estimación de diciembre de 2023 se estimó que hay alrededor de 850,000 veracruzanos en Estados Unidos. Sus integrantes envían remesas, sostienen comunidades enteras, participan en asociaciones, financian obras sociales y mantienen una identidad veracruzana aunque vivan fuera del territorio.
Sin embargo, esa contribución no se refleja en una silla dentro del Congreso local. Los migrantes pueden aportar recursos, trabajo y conocimiento, pero no cuentan con un representante elegido específicamente para defender sus intereses ante el poder público. Una diputación migrante no sería un privilegio. Sería un instrumento de igualdad política.
Los migrantes enfrentan problemas que un legislador local puede atender, documentación, protección consular, remesas, vivienda, salud, educación, discriminación, seguridad, retorno voluntario, reinserción laboral y vínculos con sus comunidades de origen. También pueden aportar experiencia sobre inversión, empleo, turismo, comercio y desarrollo regional.
Veracruz no está solo en esta discusión. Entidades como Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Zacatecas y la Ciudad de México ya reconocen constitucional o legalmente la postulación de candidaturas migrantes.
Eso demuestra que la figura es viable dentro del sistema federal mexicano. No se trata de una invención ajena a la realidad nacional, sino de una práctica que otros estados han adoptado para reconocer la presencia política de sus comunidades en el extranjero.
El contraste es especialmente notable porque Veracruz ya ha utilizado acciones afirmativas para otros grupos históricamente excluidos. Desde 2021, la legislación local ha contemplado mecanismos de representación para personas de la diversidad sexual, afromexicanas y personas con discapacidad.
Si el Estado reconoce que la representación debe incluir a grupos que han enfrentado barreras estructurales, ¿por qué no reconocer también a quienes viven fuera del territorio pero siguen siendo parte de su comunidad?
El OPLE se apoya en el requisito de residencia efectiva de tres años. Es un argumento formalmente correcto, pero no debería convertirse en una barrera permanente.
La residencia no debe interpretarse de manera mecánica. Una persona puede vivir en Los Ángeles, Chicago, Houston, Carolina del Norte o Nueva York y conservar un arraigo profundo con Veracruz: familia, propiedad, historia, comunidad, actividad económica y compromiso político.
El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la condición de migrante no excluye la condición de ciudadano mexicano. En una sentencia relacionada con Veracruz, la Sala Superior reconoció que el requisito de residencia efectiva debe interpretarse a favor del derecho a ser votado y que el arraigo con la comunidad puede subsistir aunque la persona resida temporalmente fuera del estado.
Esa jurisprudencia es relevante. No obliga al OPLE a crear una diputación migrante, pero sí muestra que el principio de residencia no debe utilizarse para excluir automáticamente a quienes tienen un vínculo real y demostrable con Veracruz.
La respuesta correcta no es criticar al OPLE por no hacer lo que la ley no le permite. La respuesta correcta es exigir que el Congreso de Veracruz haga lo que sí está en sus manos. Reformar la Constitución local y la legislación electoral.
La representación migrante debe ser real, no simbólica. No basta con crear una curul para cumplir con una exigencia política. Hay que garantizar que quien la ocupe tenga legitimidad, conocimiento de las necesidades de la comunidad y capacidad para incidir en las decisiones públicas.
Si Veracruz no avanza en esta dirección, el costo no será sólo jurídico. Será político y social. La comunidad migrante puede interpretar la negativa como una señal de que su participación sólo es deseada cuando aporta remesas, pero no cuando busca representación. Esa percepción puede debilitar los vínculos entre el estado y sus diásporas.
También puede fortalecer la idea de que la política veracruzana sigue diseñada para quienes viven dentro del territorio y para los grupos con acceso a las estructuras partidistas. En un contexto de alta migración, eso es una contradicción democrática.
El OPLE cumplió con su función al explicar los límites de sus facultades. Pero su respuesta debe convertirse en un llamado de atención para el Congreso de Veracruz, los partidos políticos y el gobierno estatal.
La pregunta no es si el OPLE puede crear una diputación migrante. La pregunta es por qué Veracruz todavía no la ha creado.
Una comunidad que aporta tanto al estado no puede seguir siendo invisible en la toma de decisiones. La representación migrante no es un favor. Es un derecho democrático pendiente.
Veracruz tiene la oportunidad de corregir esa omisión antes de las siguientes elecciones. Si no lo hace, seguirá hablando de inclusión, pero dejará fuera del Congreso a una parte importante de su propia gente.
