Existen decisiones de gobierno cuyos efectos trascienden el periodo de una administración. Son decisiones que marcan el rumbo de las instituciones durante años e incluso décadas. La bursatilización de las participaciones federales de los municipios veracruzanos, concretada en 2008, fue una de ellas.
Hoy, dieciocho años después, el Gobierno del Estado ha impulsado un proceso de desbursatilización que representa una de las acciones más relevantes para el saneamiento de las finanzas municipales en la historia reciente de Veracruz. Es una decisión que merece reconocimiento porque corrige un problema que durante años limitó la capacidad financiera de los ayuntamientos.
Pero para valorar plenamente esta medida es indispensable recordar cómo comenzó esta historia y, sobre todo, qué lecciones debemos aprender para que nunca vuelva a repetirse.
Cuando en 2008 se presentó el esquema de bursatilización, expresé públicamente mi desacuerdo. Como municipalista advertí que comprometer las participaciones federales futuras de los municipios constituía una decisión de alto riesgo. Aunque jurídicamente no se presentaba como un crédito tradicional, en los hechos significaba anticipar ingresos que pertenecerían a futuras administraciones y, por tanto, reducir su margen de maniobra durante muchos años.
Aquella postura no fue compartida por la mayoría. El ambiente político favorecía la aprobación del proyecto y fueron pocas las voces que cuestionaron sus implicaciones de largo plazo. Predominó la expectativa de disponer de recursos inmediatos y prácticamente nadie quiso contradecir una decisión que se promovía como una solución financiera innovadora para los municipios.
Sin embargo, el paso del tiempo terminó confirmando muchas de las preocupaciones que entonces expresamos.
El problema nunca fue únicamente el instrumento financiero. Un mecanismo de esta naturaleza podría justificarse si los recursos obtenidos se destinaran exclusivamente a inversiones estratégicas capaces de transformar el desarrollo municipal durante varias generaciones. Infraestructura productiva, proyectos de movilidad, saneamiento ambiental, equipamiento urbano o inversiones que incrementaran la competitividad territorial podrían haber compensado el costo de comprometer ingresos futuros.
Pero esa no fue, en términos generales, la realidad.
En numerosos municipios los recursos extraordinarios se agotaron rápidamente sin dejar un patrimonio público proporcional a la magnitud del sacrificio financiero asumido. En algunos casos se ejecutaron obras de impacto limitado; en otros, el destino de los recursos fue cuestionado por la ciudadanía; y también existieron situaciones en las que la opacidad impidió conocer con claridad los beneficios obtenidos. Lo cierto es que, mientras el dinero desaparecía en pocos años, los descuentos a las participaciones federales continuaban afectando año tras año las finanzas municipales.
La consecuencia fue silenciosa pero profundamente significativa.
Durante casi dos décadas, cientos de millones de pesos dejaron de estar disponibles para atender las necesidades cotidianas de los municipios veracruzanos. Esos recursos pudieron destinarse a mejorar calles y caminos rurales; ampliar redes de agua potable y drenaje; modernizar alumbrado público; fortalecer la seguridad; rehabilitar mercados, parques y espacios deportivos; invertir en protección civil; impulsar programas ambientales; fortalecer la capacidad administrativa de los ayuntamientos o atender múltiples necesidades sociales que permanecieron pendientes.
Es imposible calcular con precisión cuántas obras dejaron de realizarse o cuántos programas nunca pudieron ponerse en marcha debido a esos compromisos financieros. Lo que sí puede afirmarse es que el costo de oportunidad fue enorme. Cada peso descontado a las participaciones representó un peso menos para el desarrollo local.
Por ello, la desbursatilización impulsada en 2026 constituye mucho más que una operación financiera. Representa la recuperación gradual de la autonomía económica de los municipios y la posibilidad de que una mayor proporción de sus ingresos vuelva a destinarse directamente al bienestar de la población.
Reconozco la visión de la gobernadora Rocío Nahle García y del equipo técnico y financiero que diseñó este mecanismo. No es frecuente que un gobierno asuma el reto de resolver un problema heredado cuya solución implica un importante esfuerzo institucional y presupuestal. Corregir errores también forma parte del buen gobierno.
Sin embargo, la desbursatilización no debe verse como el final de una historia, sino como el inicio de una nueva etapa de responsabilidad financiera municipal.
Sería un grave error que los recursos recuperados terminaran repitiendo las prácticas del pasado. Hoy los municipios tienen una oportunidad extraordinaria para fortalecer sus finanzas, incrementar la inversión pública, mejorar la prestación de los servicios y construir proyectos verdaderamente estratégicos que eleven la calidad de vida de la población.
La experiencia de la bursatilización deja una enseñanza que trasciende a Veracruz.
Las decisiones financieras de un gobierno no deben evaluarse únicamente por los recursos que generan en el corto plazo, sino por las obligaciones que trasladan al futuro. La buena administración pública exige pensar en las siguientes generaciones y no solamente en el siguiente ejercicio presupuestal.
Los municipios necesitan finanzas sanas, instituciones sólidas y gobiernos capaces de planear con visión de largo plazo. Ningún esquema financiero, por atractivo que parezca, puede sustituir la disciplina administrativa, la transparencia, la rendición de cuentas y la planeación estratégica.
Hoy Veracruz tiene la oportunidad de cerrar un capítulo que nunca debió escribirse.
La mejor manera de honrar este esfuerzo de saneamiento financiero será convertir los recursos que regresan a los municipios en mejores servicios públicos, infraestructura de calidad, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y mayor bienestar para las familias veracruzanas.
Si esa oportunidad se aprovecha con inteligencia, la desbursatilización no será recordada únicamente como la corrección de un error histórico, sino como el punto de partida de una nueva etapa para el fortalecimiento del municipalismo veracruzano.
Rubén Ricaño Escobar es especialista en gobierno local y desarrollo institucional. Desde hace más de tres décadas ha trabajado en el fortalecimiento de los municipios mexicanos e iberoamericanos como investigador, consultor, conferencista y autor de diversas publicaciones sobre administración pública y desarrollo territorial.
