—Exdirector técnico de Tiburones Rojos de Veracruz espera cumplimiento de laudo ganado.
Xalapa, Veracruz, México
21/08/2026
Quetzalli Carolina Vázquez
La historia del terreno sobre el que el Gobierno de Veracruz invierte 150 millones de pesos para remodelar y ampliar el World Trade Center está lejos de haber terminado.
Mientras maquinaria y trabajadores avanzan sobre el predio Collado y Boticaria, en Boca del Río, la justicia federal volvió a poner sobre la mesa el conflicto que durante más de una década ha enfrentado al Gobierno de Veracruz con Gustavo Ariel Parente Sánchez, exdirector técnico de los Tiburones Rojos.
El 12 de agosto de 2026, la jueza del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, emitió un nuevo acuerdo dentro del juicio de amparo 1323/2024, mediante el cual ordenó a las autoridades responsables cumplir estrictamente la sentencia de amparo.
El origen de esta nueva orden judicial está en el laudo laboral 995/2005/2-I-B, dictado a favor de Parente Sánchez y cuya ejecución ha permanecido entrampada durante años.
De acuerdo con el acuerdo judicial del 12 de agosto, Parente Sánchez presentó un escrito para exigir que se requiriera nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
La respuesta de la jueza fue contundente: las autoridades deben acreditar el cumplimiento cabal de la sentencia protectora.
Entre las medidas que deben adoptar se encuentra girar de inmediato el exhorto necesario para lograr la traba de los bienes embargados, además de realizar las diligencias que resulten necesarias para conseguir la ejecución efectiva del laudo.
No se trata, por tanto, de una nueva demanda para determinar si Parente tiene o no derecho a cobrar, sino que el conflicto se encuentra en otra etapa: hacer efectivo lo que ya fue reconocido judicialmente.
En la primera entrega de un reportaje publicado en QUE Noticias, se documentó que entre los bienes sujetos al procedimiento de embargo se encuentran terrenos propiedad del Gobierno del Estado, entre ellos un polígono relacionado con el complejo del World Trade Center de Veracruz.
El acuerdo del 12 de agosto no deja el cumplimiento a la voluntad de las autoridades; ordena que, en caso de existir trámites incidentales —como una planilla de liquidación—, se respeten los plazos establecidos por la legislación laboral.
También recordó la obligación de emplear los medios de apremio previstos en la Ley Federal del Trabajo y de hacer que las autoridades ejecutoras y vinculadas acaten las determinaciones necesarias para cumplir el laudo.
Si las autoridades no cumplen o no justifican debidamente las razones de su demora, se les impondrá una multa y el expediente será remitido al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para iniciar el procedimiento correspondiente por inejecución de sentencia.
Es decir, el expediente no está archivado ni la controversia ha perdido vigencia, la justicia federal continúa presionando para que la resolución se materialice.
La resolución laboral de 2013 estableció inicialmente una condena de 58 millones 481 mil 434.47 pesos, la prolongación del conflicto, los conceptos derivados de la condena y las actualizaciones han provocado que la cantidad reclamada haya crecido de manera considerable y cada año que pasa aumenta el pasivo.
Sin embargo, mientras la deuda sigue siendo materia de litigio y ejecución, el Estado continúa destinando recursos públicos a proyectos relacionados con instalaciones que se encuentran dentro del entorno jurídico del conflicto.
La pregunta inevitable es:
¿Qué ocurrirá con una obra pública de 150 millones de pesos si los bienes que pretenden garantizar el pago del laudo deben ser efectivamente ejecutados?
No significa que el acuerdo judicial ordene suspender automáticamente la construcción ni que el WTC vaya a ser rematado de manera inmediata pero sí significa que la controversia patrimonial continúa jurídicamente activa y que las autoridades laborales tienen instrucciones judiciales concretas para avanzar en la ejecución.
La nueva orden federal obliga a realizar otras preguntas ¿Qué hicieron las autoridades veracruzanas para cumplir la sentencia de amparo de junio de 2025?
Porque si después de aquella resolución fue necesario que Parente Sánchez acudiera nuevamente ante el Juzgado Primero de Distrito para pedir que se exigiera el cumplimiento, entonces el conflicto no estaba resuelto.
Lo que comenzó como un pleito laboral entre un exdirector técnico y los antiguos responsables de los Tiburones Rojos terminó convirtiéndose en un problema que toca el patrimonio estatal, una obra pública de 150 millones de pesos y el proyecto político de devolver el fútbol profesional a Veracruz.
La pelota está ahora en la cancha del Gobierno y esta vez, con un juez federal mirando el marcador.
