Morena presiente un fracaso en las próximas elecciones intermedias. El síntoma es claro: Ricardo Monreal propone una iniciativa de reforma para, en caso de una derrota, anular el proceso.
Especialistas ya lo dijeron sin eufemismos. Lo que busca el movimiento guinda no es certeza jurídica. Es perpetuarse en el poder.
Un partido que confía en las urnas no legisla la posibilidad de borrarlas. La iniciativa de Monreal revela lo que las encuestas ya insinúan: el desgaste de gobierno, la corrupción, el huachicol, la inflación, la inseguridad y la ruptura interna le están pasando factura a la 4T.
Cuando el oficialismo teme al voto, deja de hablar de “mandato popular” y empieza a proferir “nulidades preventivas”.
La propuesta plantea que, ante irregularidades graves o si el resultado no refleja “la voluntad real del pueblo”, el proceso pueda anularse.
El problema es quién define esa “voluntad real”. Si el árbitro es el mismo jugador con mayoría en el Congreso, la reforma es un seguro contra la derrota.
Ricardo Monreal no es un improvisado. Fue arquitecto de la mayoría morenista en el Senado, conoce la cocina electoral y sabe que en 2024 la marca AMLO ya no estará en la boleta.
Su iniciativa no busca justicia. Busca salida de emergencia.
En derecho comparado, las causales de nulidad son excepcionales y tasadas: violencia generalizada, rebase de tope de gastos, intervención de crimen organizado. Abrir la puerta a anular por “fracaso electoral” convierte cada elección en plebiscito revocable si el resultado incomoda al poder.
Si cualquier derrota puede impugnarse con el argumento de que “el pueblo fue engañado”, ningún resultado será definitivo.
Se importa el modelo de Venezuela 2017, donde el Tribunal Supremo desconoció a la Asamblea Nacional opositora.
El INE y el TEPJF ya enfrentan reformas que buscan debilitarlos. Sumarle la facultad de anular a discreción es darle al oficialismo la última palabra sobre su propia derrota.
Si perder no es opción porque la ley permite borrar la elección, el partido en el poder tiene menos incentivos para aceptar resultados adversos.
Morena nació criticando el “fraude de Estado” del PRI. Hoy propone legalizarlo. La discrepancia entre “defender el voto” y “anular el voto” es la diferencia entre democracia y autoritarismo electoral.
Usar la ley y las reformas para vaciar de contenido a la democracia, es haber perdido presencia ante el pueblo sabio.
Cualquier elección intermedia donde Morena pierda mayoría entraría en litigio. El país viviría en nulidad permanente hasta que el resultado cuadre.
Aunque no se apruebe, la iniciativa manda un mensaje a opositores, autoridades electorales y ciudadanos. “Si ganan, no los vamos a dejar gobernar”. Eso deprime participación y enrarece el clima.
Las elecciones no se anulan porque un partido siente que va a perder. Se anulan cuando se confirma que el voto fue robado, no cuando el voto no te favorece.
La respuesta autoritaria es cambiar las reglas para que la derrota sea imposible.
La iniciativa de Monreal no blinda la democracia. Blinda al poder. Y cuando un movimiento necesita anular elecciones para reinar, ya confesó que el proyecto no era el pueblo. Era el poder.
Como dice el dicho:
“¡El miedo no anda en burro!”
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