La crisis de las desapariciones en México es una herida abierta que gangrena la estructura misma del Estado, aunque se nieguen a reconocerlo en las altas esferas del poder nacional.
El reciente informe de Amnistía Internacional (AI), “Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, no es solo un documento técnico, es un grito de auxilio perfectamente documentado que desnuda la insensibilidad de un gobierno que prefiere dominar la narrativa con el maquillaje de cifras antes que buscar la verdad.
Amnistía Internacional publicó un informe ejecutivo de trece páginas el reciente 3 de abril de 2026, en el que reitera su apoyo al Comité que emitió la consideración sobre la apertura del procedimiento del Artículo 34 de la Convención de la ONU para el correcto abordaje de la crisis de desapariciones que afecta a México. La prestigiada organización nacida en 1961 en Londres se pone a disposición para contribuir en los esfuerzos con el Estado mexicano; ahora falta ver cuál es la reacción de la Presidencia.
Amnistía ha dado un paso contundente: urgir al gobierno mexicano a declarar una emergencia nacional y activar los mecanismos internacionales de la ONU, ante la gravedad extrema del caso.
AI sostiene que en México las desapariciones son cometidas de manera generalizada y que la falta de información pública desagregada impide manifestarse de manera concluyente sobre el posible carácter sistemático de las mismas.
Sin embargo, existen indicios que hacen razonable suponer que las desapariciones han sido o son cometidas de modo sistemático, particularmente en diversas entidades federativas como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz; así lo sostiene el documento de Amnistía, al que tuvo acceso Focus Group.
Asimismo, en caso de que decida llevar la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas o adoptar otras medidas, de conformidad con el Reglamento del Comité, la organización pone a consideración una serie de recomendaciones dirigidas al Estado mexicano.
Amnistía Internacional resalta la necesidad de incluir en el análisis que está próximo a realizar el Comité las deficiencias y omisiones por parte de las autoridades para evitar las desapariciones, implementar acciones eficientes para localizar a las personas desaparecidas y para garantizar a las familias su derecho a la verdad, justicia y reparación integral, pues son factores que repercuten en la crisis que hoy se vive.
Cabe reiterar que las autoridades han fallado en implementar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones, lo que ha contribuido a que las desapariciones continúen en aumento.
A esta política ausente, se suma la falta de presupuesto y la falta de mecanismos eficientes para consultar e incluir a los colectivos de familiares en las decisiones que toma el gobierno y la deslegitimación de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los colectivos. A lo que se le suma a impunidad, que constituye la causa principal de la crisis de desapariciones forzadas en México.
Debido a la falta de información por parte de las autoridades y a la capacidad limitada de las organizaciones de la sociedad civil, la documentación existente refleja tan solo una parte de la situación de desapariciones en el país y la crisis es, en realidad, mucho más grave y compleja. Por ello cobra un alto valor que Amnistía Internacional considere que el primer paso hacia una resolución efectiva de la crisis es aceptar que la misma existe. Además, las autoridades deben escuchar las diversas voces de quienes durante años han hecho esfuerzos importantes para analizar el fenómeno de desapariciones forzadas; entre ellas, a los Colectivos de familiares; personas académicas, organizaciones de la sociedad civil y aceptar la cooperación internacional.
México no puede llamarse una nación democrática cuando sus campos están sembrados de fosas clandestinas, más de 5,600 halladas, y sus calles tomadas por familias con fotos de sus desaparecidos. Ignorar este llamado, o atacar a las organizaciones internacionales que lo respaldan, solo confirma una cosa: el gobierno no está buscando la verdad, está buscando ocultarla. La crisis forense de 72,000 cuerpos sin identificar no se soluciona con discursos, sino con justicia; y la justicia debe partir de aceptar el problema en su exacta dimensión.
*Periodista/Tlaxcala
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