Se siguen acumulando las agresiones, secuestros y asesinatos
La labor de la CEAPP se circunscribe a emitir manifiestos que nadie atiende
Lamentablemente el estado de Veracruz sigue siendo la entidad federativa más peligrosa de México, para ejercer el periodismo, registrando casos recientes como el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital y el asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez en Poza Rica. El gremio enfrenta desapariciones, violencia física, ataques letales y un aumento del 90% en agresiones digitales y amenazas todo esto en lo que va de este año. Ante tal panorama podemos asegurar que el gremio de periodistas se encuentra en la absoluta indefensión.
El panorama de riesgo actual para los periodistas es grave. Las principales modalidades de violencia contra los representantes de los medios en la entidad incluyen; homicidios y desapariciones. Porque ni la FGE, ni la CEAPP han respondido a los reclamos y denuncias de los representantes de los medios de comunicación.
También se registran continuos atentados directos a comunicadores de nota roja y portales de información local, frecuentemente vinculados a amenazas previas por su labor.
Los periodistas de la nota roja en forma frecuente denuncian que sufren intimidación digital, llamadas, mensajes intimidatorios y campañas de hostigamiento para censurar publicaciones sobre seguridad y política.
La violencia física y patrimonial, al igual que las agresiones cometidas durante coberturas, daños a herramientas de trabajo y allanamientos violentos a domicilios.
Impunidad institucional. – pese a las denuncias constantes, existen evidentes deficiencias en las carpetas de investigación y falta de protección efectiva.
Ante esta serie de agresiones preguntamos ¿la Comisión Estatal de Protección a Periodistas (CEAPP) verdaderamente protege a los periodistas veracruzanos? .
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) de Veracruz tiene una efectividad y autonomía severamente cuestionada. Aunque el organismo promueve medidas de prevención, diversas organizaciones civiles y actores políticos denuncian que su capacidad real de protección es limitada y omisa.
Las principales críticas sobre su desempeño incluyen, la discrepancia presupuestal, análisis de organizaciones como Artículo 19 han documentado que el grueso del presupuesto se destina a gastos operativos y nómina, dejando un margen mínimo (en algunos ejercicios reportado en torno al 5%) para la protección directa de los comunicadores.
Falta de autonomía, críticos del sector señalan que las decisiones y nombramientos del Pleno responden a equilibrios políticos, más que a una verdadera representación gremial, lo que limita su capacidad para actuar de manera independiente frente al gobierno en turno.
Impacto cuestionado. – porque a pesar de las decenas de medidas de protección implementadas, la impunidad y la violencia contra el gremio persisten, como lo demuestran los recientes atentados fatales registrados en la entidad.
También existen actos intimidatorios en contra de los periodistas, como son; agresiones físicas directas, robo de celulares, asaltos a sus domicilios como los que han ocurrido en los domicilios de los periodistas Melitón Morales, Edgar Hernández y su servidora, en todos estos casos se ha presentado denuncia ante la Fiscalía del Estado y en ninguno de estos casos se ha actuado, hay una absoluta impunidad.
Existe una gran impunidad en las denuncias de delitos cometidos contra periodistas en Veracruz. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión señalan que las investigaciones ministeriales suelen presentar fallas procesales graves, lo que provoca que una inmensa mayoría de los casos quede sin resolución y los autores intelectuales continúen prófugos. En la entidad veracruzana, documentar y perseguir las agresiones a la prensa enfrenta obstáculos profundos.
Estadísticas críticas, informes de organizaciones como Artículo 19 advierten que Veracruz es históricamente uno de los estados más letales para ejercer el periodismo en México, acumulando más de 30 asesinatos y múltiples desapariciones en las últimas dos décadas, con niveles de impunidad que superan el 90%.
Deficiencias en las Fiscalías, las carpetas de investigación por amenazas, ataques y homicidios frecuentemente están mal integradas o se estancan, lo que genera desconfianza para denunciar y provoca que agresiones menores escalen a consecuencias fatales.
Y lo peor de esta situación es que existe re victimización, en muchas ocasiones mentes perversas filtran datos engañosos para desprestigiar al periodista.
En diversas ocasiones, las autoridades estatales han sido señaladas por criminalizar o desacreditar la labor de los comunicadores, re victimizándolos para eludir su responsabilidad de impartir justicia.
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