Coatzacoalcos, Ver.– Docentes de la Universidad Veracruzana (UV) en la región Coatzacoalcos-Minatitlán denunciaron presuntas irregularidades en la asignación de plazas académicas, cargos y comisiones, además de posibles presiones en la toma de decisiones de órganos colegiados y cuestionamientos sobre el ejercicio de recursos universitarios.
Los profesores que hicieron llegar los señalamientos solicitaron mantener su identidad bajo reserva ante el temor de posibles represalias laborales. Las acusaciones corresponden a sus testimonios y, hasta el momento, requieren ser acreditadas mediante documentación y, en su caso, investigadas por las instancias competentes de la Universidad Veracruzana.
Una de las principales inconformidades se concentra en la actuación de la Vicerrectoría de la región, encabezada por Georgina Hernández Ríos. De acuerdo con las versiones proporcionadas, durante su gestión presuntamente se habría beneficiado a perfiles cercanos mediante el otorgamiento de responsabilidades administrativas, comisiones, puestos directivos y plazas de tiempo completo.
Dentro de las acusaciones también se señala la posible existencia de trabajadores que percibirían remuneraciones correspondientes a determinadas responsabilidades sin desempeñar efectivamente las funciones asociadas a ellas. Como ejemplo, los denunciantes mencionan a dos docentes que, según aseguran, conservarían cargos y percepciones directivas relacionadas con el extinto programa de Técnico Superior Universitario (TSU) en Enfermería del campus Coatzacoalcos.
No obstante, será necesaria la revisión de nombramientos, nóminas y demás documentación institucional para determinar la situación administrativa de las personas señaladas y establecer si existe alguna irregularidad.
Los académicos también cuestionaron algunos procesos para la designación de directores y responsables de áreas. Según su versión, determinadas decisiones habrían estado encaminadas a colocar perfiles afines a la administración regional, situación que consideran podría interferir con las facultades de los órganos académicos.
Otro de los señalamientos involucra a Alejandra Cruz Torres, vinculada con asuntos laborales en la región. Los inconformes cuestionan su participación en determinados procedimientos y aseguran que instrumentos administrativos, entre ellos actas circunstanciadas, presuntamente habrían sido utilizados como mecanismos de presión contra trabajadores y académicos.
Los denunciantes sostienen además que directivos que manifiestan diferencias con las decisiones de la Vicerrectoría enfrentarían supuestas acciones de hostigamiento laboral. Incluso atribuyen al rector de la Universidad Veracruzana tolerancia frente a estas prácticas. Ambas acusaciones corresponden a la versión de los inconformes y requieren ser investigadas antes de poder establecer responsabilidades.
Las críticas alcanzan también el funcionamiento de algunos Consejos Técnicos. Según los testimonios recabados, integrantes de estos órganos colegiados presuntamente habrían recibido presiones para respaldar decisiones promovidas desde áreas académicas en coordinación con la Vicerrectoría, aun cuando, a juicio de los denunciantes, podrían existir dudas respecto de su apego a la normatividad universitaria.
Entre las acusaciones de mayor relevancia se encuentra el posible uso discrecional de recursos públicos universitarios y de presupuestos correspondientes a las facultades, así como la asignación de plazas sin criterios suficientemente transparentes. Los profesores consideran necesario revisar estos procedimientos para conocer si las decisiones se adoptaron conforme a las disposiciones internas de la UV.
Ante estos señalamientos, los integrantes de la comunidad universitaria que presentaron las inconformidades solicitaron mayor transparencia en los procesos de contratación y asignación de plazas, así como en el otorgamiento de comisiones, nombramientos directivos y ejercicio presupuestal.
También consideraron necesario que las autoridades de la Universidad Veracruzana se pronuncien sobre las acusaciones y garanticen condiciones para que trabajadores y académicos puedan presentar documentación o testimonios sin temor a represalias.
La existencia de responsabilidades administrativas no puede establecerse únicamente a partir de las denuncias. Corresponderá a las instancias universitarias competentes revisar cada señalamiento y, de encontrarse elementos que acrediten alguna irregularidad, determinar las medidas procedentes conforme a la normatividad de la Universidad Veracruzana y la legislación aplicable.
