Del Plan de Tuxtepec a la Reforma Dictatorial del 2026 

El pasado miércoles 10 de marzo, la administración encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ostenta los récords de ser la presidenta con mayor aprobación popular y la más votada en la historia política de México, sufrió un revés de consideración. La iniciativa de reforma en materia electoral —denominada por el oficialismo como “Reforma Electoral” y calificada por la oposición como “Ley Maduro”— no logró alcanzar las mayorías necesarias para su aprobación en el Congreso de la Unión. Dicho fracaso legislativo puede interpretarse como una derrota política, evidenciada por la falta de consenso incluso entre sus aliados tradicionales, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Esta propuesta, en su concepción y espíritu, porta el sello indeleble de su predecesor en el Ejecutivo, el ex presidente Manuel Andrés López Obrador.

La fallida reforma del régimen actual se inscribe en el marco del 150 aniversario de la proclamación del Plan de Tuxtepec, liderado por el general Porfirio Díaz en 1876. Dicho plan, en su tercer intento por alcanzar la presidencia, inauguró un prolongado período autoritario. La analogía histórica resulta sugerente para analizar el presente, así como el proyecto político que algunos analistas han denominado del “Mesías tropical”, en alusión al principal artífice intelectual de esta iniciativa. El objetivo último de la reforma, desde una perspectiva crítica, habría sido la consolidación hegemónica y, virtualmente, vitalicia de Morena en el poder, emulando modelos de partido único como los de Corea del Norte o Cuba.

La narrativa del actual proyecto político, a menudo designado como la “Cuarta Transformación” (4T), se ha caracterizado por una aparente inversión semántica de sus principios declarados. El lema “No mentir, no traicionar y no robar” fungió, a juicio del autor, como un recurso discursivo que contribuyó a obtener el respaldo electoral a partir de 2018. La iniciativa de reforma, en este contexto, nació sin viabilidad política al ser elaborada al margen de las fuerzas opositoras. Durante los últimos siete años, la administración federal ha mantenido una relación de nulo diálogo con estas, una práctica que contrasta con la esencia de los regímenes democráticos, donde la interlocución entre gobierno y oposición resulta fundamental para la construcción de acuerdos y la gobernabilidad. En este sentido, se señala una paradoja en la figura del ex presidente López Obrador: un político que, habiendo iniciado su carrera en 1977 dentro de un sistema que entonces comenzaba a abrirse al diálogo con las minorías, adoptó en el poder una postura que algunos califican como heredera de un priismo totalitario.

La historia política mexicana ofrece un contraste significativo. Hace casi medio siglo, durante el gobierno de José López Portillo y ante la coyuntura de una candidatura presidencial única en 1976, el régimen priista comprendió la urgencia de democratizar el sistema. Bajo la dirección de Jesús Reyes Heroles como Secretario de Gobernación, se convocó a una amplia reforma política que sentó a dialogar a la oposición, incluyendo a partidos que operaban en la clandestinidad en un contexto de lucha guerrillera. Aquella reforma, entre otros logros, otorgó el registro legal al Partido Comunista Mexicano. En el presente, se argumenta que el gobierno morenista ha optado por la vía opuesta, ignorando a los partidos opositores en un estilo más cercano al autoritarismo que a la construcción democrática.

El discurso oficial ha justificado la extinción de órganos autónomos y fideicomisos bajo el argumento del combate a la corrupción y la necesidad de eliminar privilegios. Sin embargo, el autor sostiene que estos “ahorros” no han sido debidamente informados ni su destino ha sido transparente, citando como ejemplo el caso del avión presidencial y los beneficios que, presuntamente, recayeron en los hijos del ex presidente López Obrador. Esta retórica del ahorro y la austeridad se suma, desde esta perspectiva, al catálogo de lo que se consideran inconsistencias del proyecto en curso.

La derrota legislativa del 11 de marzo representa, en este análisis, un momento de quiebre: la primera gran desautorización política a la presidenta Sheinbaum por parte de su propia coalición, evidenciando una fractura con el legado y los intereses de su mentor político. Esta falta de liderazgo en el Congreso quedó manifiesta en la celebración de la derrota por parte del coordinador de la bancada oficialista, Ricardo Monreal, junto con coordinadores de la oposición, lo que revela las profundas tensiones internas en Morena y sugiere que el control del Poder Legislativo reside aún en facciones leales al lopezobradorismo, más que en la titular del Ejecutivo.

Resulta paradójico que, de haber prosperado la reforma, uno de sus efectos colaterales habría sido la desaparición de sus propios aliados, el PVEM y el PT, a los que el texto califica como “rémoras” del sistema político. Se les describe como empresas familiares con más de tres décadas de presencia, que jamás han contendido electoralmente en solitario, aliándose sucesivamente con diversas fuerzas políticas (PRI, Frente Democrático Nacional, PRD, PAN y Morena) en una lógica de supervivencia y beneficio particular.

En un plano comparativo, se evoca la perestroika y la glasnost impulsadas por Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética durante la década de 1980. Estas reformas, concebidas para reconstruir y transparentar el sistema de partido único, terminaron por precipitar la disolución de la URSS en 1991. A modo de advertencia, se sugiere que la reforma dictatorial mexicana, al buscar consolidar a Morena por décadas en el poder, podría generar consecuencias imprevistas.

La comisión presidencial encargada de diseñar la reforma estuvo integrada por figuras como Pablo Gómez, a quien se describe contradictoriamente como un comunista que terminó al servicio de un presidente de origen priista; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; José Merino; Ernestina Godoy; Lázaro Cárdenas Batel, testigo de la lucha democrática reciente; Jesús Ramírez Cuevas; y Arturo Zaldívar. La iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum fue calificada por sus críticos como violatoria del pacto federal y del artículo 115 constitucional, que establece las bases del municipio libre. La derrota de esta reforma refleja una profunda crisis de liderazgo y una peligrosa propensión a emular caudillismos del pasado, en lo que denomina el “síndrome de Vicente Guerrero”.