Contra la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), ayer trascendió que el empresario mexicano José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de la empresa Cajas Graf, se habría convertido en testigo protegido de Estados Unidos para informar todo sobre las elecciones mexicanas de 2024 y su relación con el narcotráfico en apoyo de Morena.
En Palacio Nacional debieron prenderse los focos rojos ante la versión difundida en redes sociales por el empresario mexicano Simón Levy, refugiado en Estados Unidos y protegido por funcionarios del presidente Trump, pues la Fiscalía de la Ciudad de México tiene activas dos órdenes de aprehensión en contra del ex director de la agencia de promoción de inversiones PROCDMX, cargo en el que presumió haber captado inversiones por 650 millones de dólares para proyectos de infraestructura en la capital del país, y del que luego saltó a la Subsecretaría de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo al inicio de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si la versión se confirma, la que obviamente quedará muy mal parada será la presidenta Sheinbaum, y no solo por lo que el contratista favorito de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, pudiera revelar sobre los comicios federales de 2024 en los que resultó electa, sino porque además quedaría en evidencia como una Jefa de Estado totalmente desinformada.
Y es que el viernes de la semana pasada, precisamente frente a las versiones de que la extitular del INE habría salido del país a Estados Unidos y los hermanos Hernández Casillas, contratistas del organismo electoral, a Sudamérica, la presidenta Sheinbaum respondió que, al parecer, permanecían en territorio nacional, aunque consideró necesario que el Instituto Nacional de Migración lo confirme. “Sí, parece que sí”, dijo en su conferencia diaria en Palacio Nacional, a preguntas sobre si Taddei y los contratistas seguían en México. En ese momento, solicitó que el INM informara. Pero pese a su instrucción, hasta la medianoche de ese día la institución no había emitido información.
Fue hasta el día siguiente, sábado 7, que las autoridades migratorias mexicanas, consultadas por el diario La Jornada, respondieron que no tenían registro de que en las últimas dos semanas los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, contratistas en el INE, y la expresidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei, hubieran dejado el país, por las investigaciones en su contra.
El diario capitalino más afín a la 4T publicó el domingo pasado que fuentes del Instituto Nacional de Migración confirmaron que en ese periodo –que inició con la renuncia de Taddei a la presidencia del INE–, “no cuentan con registro de salida” de ninguno de los tres.
¿A poco son tan ingenuos como para suponer que Taddei y sus contratistas cómplices iban a salir legalmente del país ante el acoso mediático y la persecución penal que veían venir en su contra?
El 22 de octubre fue la última vez que sonorense encabezó de manera presencial una sesión del Consejo General del INE, donde partidos políticos exigieron su renuncia ante las acusaciones de corrupción en su contra y sus vínculos con José Alfredo Hernández Casillas.
Al día siguiente sostuvo una reunión virtual con sus colegas, a quienes reiteró que no dimitiría, pese a la investigación en marcha de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en la adjudicación de contratos y otros probables delitos. Sin embargo, el lunes 26 de octubre renunció y hasta ahora no ha hecho entrega formal de su oficina a la presidenta interina Blanca Yassahara Cruz.
El viernes pasado, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que la entidad a su cargo ya había presentado seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios y exfuncionarios del organismo comicial, así como contra empresas, por diversos delitos.
Mediante un escrito que envió por la tarde a los titulares de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, Javier Herrera Borunda (PVEM) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), respectivamente, el funcionario les notificó de las acciones tomadas por el OIC en este tema.
“Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos”, indicó Carvente Contreras.
Entre ellos, agregó, “se destacan los siguientes: a) uso ilícito de atribuciones y facultades; b) uso de documento falso; c) tráfico de influencias; d) ejercicio ilícito del servicio público; e) cohecho, y f) aquellos que la autoridad competente determine”.
Además, señaló, “se emplazó a ocho personas servidoras y ex servidoras públicas, así como a una persona moral, para comparecer a las audiencias iniciales correspondientes, en el marco de procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves”.
Lo anterior, dijo, “con el propósito de continuar con la substanciación de dichos procedimientos y, en su oportunidad, remitir los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda”.
En su escrito a los diputados, Carvente afirmó que “en caso de que este OIC advierta hechos que pudieran constituir delitos, continuará con la presentación de las denuncias correspondientes”.
Por otro lado, el INE presentó formalmente una denuncia ante la FGR para la investigación de los presuntos hechos de corrupción relacionados con los contratos firmados en los años recientes. En un comunicado emitido el viernes por la noche, dijo que el instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Desde el jueves pasado, el diario La Jornada informó que en la denuncia de hechos, el INE había pedido a la FGR indagar los contratos firmados durante el proceso de elección de juzgadores (2025) y de la producción de la credencial para votar.
De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas involucradas en dichas denuncias figuraba la ex consejera presidenta Taddei Zavala y el contratista Alfredo Hernández Casillas, quien desde febrero ya había promovido un amparo ante la justicia federal por otros presuntos delitos.
Y EL CONTRALOR DEL OPLE-VER
‘NI SUDA NI SE ACONGOJA’, DICEN
Por cierto, los socios del Club Britania de Xalapa que desde hace siete meses lo desconocieron como presidente del Consejo de Administración e inclusive lo denunciaron penalmente por los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de confianza, fraude y uso indebido de atribuciones –denuncia que quedó asentada en la carpeta de investigación XAL/DA/FS/989/26, iniciada el martes 7 de abril por la Fiscalía Investigadora en turno de la Unidad Integral de Justicia en Xalapa–, se preguntan que quién protege a Gerardo Rafael Garza Dávila, quien a pesar de estos señalamientos sigue cobrando como Contralor del Órgano Público Local Electoral de Veracruz (Ople-Ver).
Y es que el empresario constructor Marcos Salas Contreras, quien preside el Consejo Interino de este elitista club social xalapeño, declaró que tanto el Ople como el INE, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo estatal fueron notificados formalmente sobre la situación jurídica de Garza Dávila, quien, señaló, se ha negado a presentar los estados financieros del club ante los señalamientos de un presumible déficit económico, que nunca ha sido aclarado.
PRESENTARÁ EL PERIODISTA RICARDO
RAVELO SU ÚLTIMO LIBRO: ‘LAVADERO’
El Club de Periodistas de México. A.C., Delegación Veracruz, que preside José Uriel Rosas Martínez, está convocando a la presentación del libro “Lavadero”, del prestigiado periodista veracruzano Ricardo Ravelo Galó, ex reportero de la revista Proceso y actualmente columnista de varios medios digitales e impresos del país.
Según se reseña en la invitación, “esta obra editorial presenta una investigación periodística sobre cómo se mueve y se oculta el dinero de origen ilícito en México. A lo largo de sus páginas, el autor explica cómo se utilizan empresas, operaciones financieras y otros mecanismos para encubrir recursos provenientes de actividades ilegales, así como los vínculos que existen entre el lavado de dinero, la corrupción y la delincuencia organizada.”
“Se trata de un trabajo que invita a reflexionar sobre uno de los fenómenos que más comprometen la transparencia institucional, la legalidad y la vida económica del país, desde una perspectiva de investigación y análisis periodístico”, se resume.
La presentación del más reciente libro de Ravelo correrá a cargo de la escritora y periodista Claudia Guerrero Martínez, y del doctor Marco Antonio Madrazo Carrión.
El evento está programado para el próximo miércoles 25 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Salón Xico, ubicado en la Plaza Zaragoza, en el centro histórico de esta ciudad capital, a espaldas del Palacio de Gobierno.
