El anuncio de filtrar 32 nombres de funcionarios y exfuncionarios, pertenecientes a las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, se da en un momento sumamente delicado. La reciente declaración del abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, Gerardo Rincón Flores, amagando con entregar a autoridades de Estados Unidos una lista con nombres de políticos mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa, sacude el tablero político, social, económico y hasta delincuencial entre ambos países.
Con la sola declaración del litigante defensor del Chapo, la FGR tiene la obligación constitucional de abrir carpetas de investigación inmediatas ante señalamientos que involucren a estos 32 servidores públicos de alto nivel. El Estado no puede esperar a que las pruebas crucen la frontera para enterarse de quiénes operan dentro de los pasillos del poder.
La apertura de una carpeta de investigación en México por los presuntos vínculos entre políticos y el narcotráfico, citando la lista que la defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán entregaría a autoridades estadounidenses, es jurídicamente imperativa para erradicar la impunidad, garantizar la soberanía nacional y desmantelar la red de protección institucional del crimen organizado. Ya que utilizar esta información como amenaza pública expone una estrategia de negociación, rayando en el chantaje, más que un verdadero interés por erradicar la corrupción, dejando el destino de la justicia en manos de la agenda de seguridad de los Estados Unidos. Y si de verdad quiere la presidenta Claudia Sheinbaum pruebas, pues que instruya investigaciones para llegar hasta las últimas consecuencias y que caiga quien caiga, se proceda contra los narcopoliticos.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Por ello, la filtración o anuncio de una lista de presuntos “narcopolíticos”, obliga a la Fiscalía General de la República a iniciar una indagatoria de oficio. De no hacerlo, el Estado mexicano incurriría en una omisión institucional que perpetúa la impunidad; y ya es hora que está percepción cambie.
Un elemento crítico que no debemos perder de vista, es la naturaleza misma de la revelación, porque la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa no acude a los canales institucionales mexicanos; busca directamente la intervención del Departamento de Justicia estadounidense como un mecanismo explícito de presión a favor de su cliente; y además se atreve a responsabilizar a funcionarios mexicanos de su seguridad personal y familiar.
Lo que no es un secreto, es que el Cártel de Sinaloa o cualquier otra agrupación criminal, no podría operar a gran escala sin redes de protección política y financiera. Investigar esta red permitiría aplicar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuyos tipos penales sancionan no solo a los operadores materiales, sino a cualquier servidor público que preste auxilio o protección a los grupos criminales. Abrir una carpeta de investigación es el primer paso para procesar penalmente a los actores corruptos que han vulnerado la seguridad nacional.
Este anuncio no puede leerse como un acto genuino de denuncia, sino como una calculada estrategia de presión. Examinar críticamente esta movilización de supuesta “información clasificada” exige desmenuzar tres aristas fundamentales: la espectacularización del soplido, la asimetría judicial internacional y el peligro del canibalismo político sin pruebas.
Una investigación exhaustiva, objetiva y apegada a derecho es la única vía para esclarecer la verdad, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y establecer un precedente histórico contra la complicidad entre el poder político y el crimen organizado. Así que ésta crisis, es también una oportunidad.
Históricamente, las agencias estadounidenses han utilizado los testimonios y listas de capos convictos como herramientas de presión, administrando los nombres según convenga a sus agendas bilaterales de seguridad y comercio. Y si no me creen, revisen el legado de Edgar Hoover al frente del FBI por casi 50 años, quien utilizó tácticas de vigilancia secretas, espionaje y chantaje contra políticos, activistas y celebridades de muchas partes del mundo.
Justamente por eso, al alimentar esta maquinaria, la defensa de Guzmán Loera perpetúa un esquema donde México es el escenario del crimen, pero Washington parecería la única corte legítima y la justicia mexicana queda reducida a un espectador pasivo, maniatado por sus propias omisiones…. Y eso, ¡Está del cocol!.
La existencia de vínculos entre el poder político y el Cártel de Sinaloa no es una hipótesis nueva y tampoco es descabellada; juicios previos en Nueva York han demostrado que el dinero del narcotráfico fluyó hacia las más altas esferas del gobierno mexicano. Pero la justicia no puede emanar del chantaje ni por declaraciones de prensa; debe aplicarse a partir de investigaciones profesionales y de alta verticalidad.
Si la lista de los 32 nombres posee sustancia y evidencias irrefutables, debe ser consignada de inmediato ante las cortes sin espectáculos previos. De lo contrario, este anuncio no será más que otra maniobra de distracción en el interminable teatro de la narcopolítica, una donde los criminales condicionan la estabilidad del Estado y la opinión pública consume la filtración del día mientras la impunidad de fondo permanece intacta. Ojalá le entren al toro por lo cuernos, de una vez por todas.
*Periodista/Tlaxcala
Imagen de portada: El Imparcial
