El mercado negro por tala ilegal en México genera pérdidas al sector formal maderero y mueve un volumen de dinero equivalente a los 97 mil millones de pesos anuales, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). De ese tamaño es este “paquetote” y por eso las redes del crimen organizado están metidas en el asunto.

La tala ilegal en México evolucionó de la extorsión al control territorial del crimen organizado. Cárteles dominan bosques, aserraderos y rutas de transporte en al menos 122 zonas críticas en 20 estados del país, con una red de corrupción amplia en el sector forestal, ministerial y policiaco. Destacando lo que viene sucediendo en la “Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca”, en Michoacán y el Estado de México; en la “Selva Lacandona”, de Chiapas; en el llamado “Bosque de Agua”, de la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México; en el “Parque Nacional La Malinche”, de los estados de Puebla y Tlaxcala; así como en el “Pico de Orizaba”, en Puebla y Veracruz.

Pero los cárteles también con su “Modus Operandi Criminal” explotan la “Reserva de la Biósfera Calakmul”, de Campeche; así como la “Región de la Costa Grande”, en Guerrero; en la “Sierra de Chihuahua” y en la “Meseta Purépecha”, de Michoacán. Así como en el “Parque Nacional Izta-Popo”, del Estado de México y Puebla; en la “Sierra de Manantlán”, en Jalisco y Colima; en la “Selva Maya”, de Quintana Roo y no podía faltar la “Región de los Chimalapas”, en Oaxaca.

Apenas el 11 de julio pasado, el periodista Salvador Maceda hizo un amplio reportaje para “Político”, donde hace referencia a múltiples células o grupos delincuenciales que operan en cada una de estas 122 zonas forestales críticas. Además de otro reportaje revelador de “Bloomberg Businessweek”, que incluso relata disputas territoriales entre cárteles. Y déjeme platicarle, lo que sucede con el “mercado negro” de la madera en México, que ha sido objeto de una investigación de la “Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional”, con sede en Ginebra, Suiza, titulado “Las Fronteras del Saqueo”. Así que mientras nosotros no dimensionamos el tamaño del problema, en el extranjero el asunto lo miran con toda la seriedad del mundo.

En el trabajo de investigación que se hizo para redactar esta entrega de “Focus Group”, hay suficientes pruebas mediáticas acerca del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que controla amplias zonas madereras en el occidente del país, específicamente estados como Michoacán, Jalisco y Colima, utilizando la madera para el lavado de dinero y la exportación hacia Asia.

Muy cerquita de ellos, e incluso conflictuados por este “mercado negro” aparecen “La Familia Michoacana” y “Cárteles Unidos”, quienes dominan la tala ilegal en regiones boscosas de una parte de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, siendo el “Bosque de Agua”, su principal bastión, imponiendo cuotas de extorsión a los pobladores.

Al norte del país hay dos poderosos carteles que se dedican a lo que ellos bautizaron como “lavado de madera”, y se trata del Cártel de Sinaloa, involucrado hasta las cachas en la tala extensiva y el control territorial en el norte del país, particularmente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, desplazando incluso a cientos de personas de comunidades indígenas. Y el otro es el Cártel del Noreste, que participa en el control de aserraderos y extorsión a productores forestales en Tamaulipas, Nuevo León y otros estados de la frontera norte.

En el centro del país, grupos como el “Cártel de Tláhuac” y la banda de “Don Agus” controlan la deforestación y tala en zonas de conservación ecológica de Milpa Alta y Tlalpan. Así como “La Barredora” ha alcanzado fuerte presencia en Puebla y zonas colindantes de Tlaxcala, vinculado a múltiples delitos de alto impacto y control de mercados informales. Aunque también hay células delictivas locales de San Miguel Canoa y La Resurrección, del estado de Puebla, quienes operan en las faldas de “La Malinche” y bajan semanalmente toneladas de madera en rollo o convertida en carbón vegetal.

También en Puebla operan tanto en la Sierra Norte, como en la Sierra Negra de Puebla, bandas que aprovechan el aislamiento geográfico para atreverse a procesar madera ilegal en aserraderos clandestinos, custodiados por comandos fuertemente armados y reclutando a niños y jóvenes de lugares apartados.

Las policías municipales y estatales, guardia nacional, fiscalías y hasta autoridades ambientales de PROFEPA, SEMARNAT y CONAFOR, tienen mucho que ver en el tema. Pues no hacen arrestos y casualmente cada vez que informan de un decomiso de madera lo que dicen las autoridades es que “el vehículo estaba abandonado con la madera abordo de la unidad”. Es decir: No hay detenidos.

Y, ¡El colmo! Sacan madera ilegal por nuestros puertos: Veracruz, Progreso, Ensenada, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que sirven para enviar nuestra madera talada ilegalmente a China, Taiwan y los Estados Unidos. Las organizaciones criminales no suelen traficar la madera en barcos clandestinos; en su lugar, aprovechan la corrupción de las aduanas comerciales: Mezclan los troncos ilegales en aserraderos autorizados, clonan códigos fiscales. guías forestales y sobornan a inspectores para subir la carga a buques portacontenedores legítimos.

Se estima que el promedio anual de madera ilegal que circula en el “mercado negro” supera los 7 millones de metros cúbicos, lo que permite que exista una danza de casi 100 mil millones de pesos. Y lo peor: No se ve que exista voluntad para frenar este cáncer que tarde o temprano agotará nuestros preciados bosques.

*Periodista/Tlaxcala

Imagen de portada: Profepa detecta tala ilegal en la Reserva de la Biosfera de Calakmul – POSTA México