Las recientes señales electorales de Brasil y las acusaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal en México muestran un fenómeno común. Los gobiernos pueden resistir malos momentos económicos o controversias políticas, pero difícilmente escapan al desgaste cuando la ciudadanía percibe inseguridad, falta de renovación o un trato desigual ante la justicia.
Sin embargo, es necesario separar los temas. Una cosa son las encuestas brasileñas; otra, la evolución de la popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva; y otra, las investigaciones y acusaciones que involucran a funcionarios, empresarios y personas cercanas al poder mexicano.
Las encuestas brasileñas no necesariamente fallaron todas de la misma manera. En algunos casos anticiparon correctamente quiénes eran los candidatos más fuertes, pero no calcularon con precisión la distancia entre ellos ni los movimientos de última hora.
El antecedente más claro se produjo en la primera vuelta de 2022. Los sondeos finales colocaban a Lula cerca de 50% y a Jair Bolsonaro alrededor de 36% o 37%. El resultado fue mucho más cerrado: Lula obtuvo aproximadamente 48.4% y Bolsonaro 43.2%. La ventaja del candidato izquierdista existió, pero fue considerablemente menor a la que habían registrado varias encuestas.
Los institutos pudieron subestimar el voto bolsonarista. Algunos ciudadanos quizá no quisieron revelar su preferencia, evitaron responder o declararon una opción distinta. En una sociedad altamente polarizada, la presión social y la desconfianza pueden modificar las respuestas de los entrevistados.
También hubo dificultades para construir muestras representativas. La demora del censo brasileño y el uso de bases demográficas antiguas complicaron la ponderación de factores como ingreso, educación, religión y territorio. El crecimiento del voto evangélico fue especialmente relevante, porque ese sector se inclinó en buena medida por Bolsonaro.
La lección es sencilla, una encuesta no es un pronóstico infalible. Es una medición tomada en una fecha determinada. En una elección polarizada, con indecisos y votantes tácticos, el margen de error estadístico no alcanza para explicar todos los posibles movimientos.
La pérdida de influencia de Lula no significa que el Partido de los Trabajadores haya desaparecido. El PT conserva una estructura territorial, presencia legislativa, gobiernos locales y una identidad política arraigada.
Lo que parece estar debilitándose es la capacidad de Lula para convertir automáticamente su trayectoria y sus logros pasados en apoyo electoral presente.
El primer factor es el costo de vida, para una familia, la economía no se mide sólo con el crecimiento, el desempleo o los indicadores financieros. También se mide con el precio de los alimentos, el costo del transporte, las tasas de interés y la posibilidad de llegar a fin de mes.
El segundo factor es la seguridad, la violencia y el avance del crimen organizado favorecen a las fuerzas políticas que ofrecen respuestas directas, punitivas y fáciles de comunicar. La izquierda suele tener mayores dificultades para explicar una política que combine prevención, inteligencia, control territorial, fortalecimiento policial y respeto a los derechos humanos.
El tercer problema es la comunicación, la controversia sobre Pix ( es el sistema oficial de pagos instantáneos de Brasil creado y administrado por el Banco Central de Brasil). mostró que un gobierno puede perder la iniciativa incluso cuando una acusación es falsa o engañosa. En la política digital, no siempre gana quien tiene el argumento más sólido, sino quien logra imponer primero una interpretación emocional.
El cuarto factor es la falta de renovación, Lula conserva una enorme autoridad política, pero su mensaje depende en buena medida de los recuerdos de sus primeros gobiernos. Para muchos jóvenes, aquella etapa no forma parte de su experiencia directa. La apelación al pasado puede ser insuficiente cuando el electorado busca respuestas para problemas actuales.
Finalmente, Lula enfrenta un Congreso fragmentado y más conservador. Debe negociar constantemente para gobernar, pero esas alianzas reducen la claridad de su proyecto. El gobierno asume costos políticos, mientras sus resultados pueden diluirse en acuerdos parlamentarios difíciles de explicar.
El crecimiento de Flávio Bolsonaro tampoco debe interpretarse automáticamente como una conversión total de Brasil hacia la derecha. Su fortaleza es resultado de varios factores.
Flávio Bolsonaro recibe el apellido, la estructura digital y el núcleo electoral construido por su padre Jair Bolsonaro. Para algunos votantes, representa la continuidad de la derecha conservadora; para otros, es simplemente el candidato con mayores posibilidades de impedir el regreso o la permanencia del PT.
La derecha brasileña suele fortalecerse cuando concentra el voto en una sola candidatura. Si gobernadores y otras figuras nacionales no compiten o quedan fuera de la contienda, Flávio puede transformarse en el vehículo del voto opositor.
El rechazo al continuismo, una parte del electorado puede no estar plenamente identificada con Flávio, pero sí estar convencida de que no quiere otro periodo lulista. En ese caso, su voto sería más anti-PT que propiamente bolsonarista.
Por ello, el avance de Flávio no demuestra por sí solo que Brasil haya abandonado a la izquierda. Sí indica que la oposición ha encontrado una forma de canalizar el descontento contra el gobierno.
Tampoco significa que la izquierda brasileña vaya a desaparecer. Si Lula perdiera, el PT seguiría contando con gobernadores, legisladores, alcaldes, movimientos sociales y una base electoral sólida. Lo que podría terminar es el ciclo de centralidad personal de Lula y la idea de que la izquierda sólo puede competir cuando él aparece en la boleta.
El caso mexicano exige todavía mayor cuidado. Las acusaciones sobre el huachicol fiscal deben distinguir entre investigaciones oficiales, testimonios, filtraciones, reportajes, interpretaciones políticas y pruebas judiciales.
Las autoridades han investigado redes de contrabando de combustibles vinculadas con funcionarios, empresarios, aduanas y personas relacionadas con la Secretaría de Marina. En ese contexto, fueron procesados individuos relacionados con Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
La Fiscalía General de la República sostuvo que no contaba con datos de prueba suficientes para iniciar una investigación formal contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal. Esa afirmación no convierte en verdaderas las acusaciones periodísticas, pero tampoco debe presentarse como una declaración política de inocencia absoluta. Significa que, según la Fiscalía, los elementos disponibles no alcanzaban el umbral legal para abrir una indagatoria.
Tampoco está demostrado que la presidenta Claudia Sheinbaum haya protegido a Ojeda para proteger a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Esa es una hipótesis política sostenida por comentaristas y opositores, pero no un hecho judicialmente comprobado.
Para probar un encubrimiento se necesitarían documentos, instrucciones, comunicaciones, omisiones deliberadas o beneficios concretos. Las sospechas pueden justificar una investigación, pero no sustituyen la prueba.
Aunque no exista una sentencia judicial, el caso puede producir un daño político importante. La percepción de que los hijos de un expresidente reciben un trato distinto al de otros investigados debilita la narrativa anticorrupción y alimenta la sospecha de que existen personas intocables.
La Fiscalía también enfrenta un problema de credibilidad. Cuando circulan expedientes filtrados, testimonios contradictorios y explicaciones oficiales incompletas, la sociedad puede interpretar la ausencia de una investigación como protección política, aunque esa conclusión todavía no esté demostrada.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el desafío es doble. Debe evitar que las instituciones se utilicen para perseguir adversarios, pero también debe demostrar que la cercanía con el poder no otorga privilegios. La única salida creíble es una investigación independiente, transparente y sujeta a reglas públicas.
La oposición, por su parte, puede convertir un expediente técnico —relacionado con aduanas, combustibles, lavado de dinero y responsabilidades administrativas— en una narrativa sencilla sobre continuidad, impunidad y protección de élites.
Brasil y México enfrentan realidades distintas, pero comparten una lección política, los gobiernos pierden autoridad y credibilidad cuando la ciudadanía deja de creer que las reglas se aplican por igual.
En Brasil, el desgaste de Lula está relacionado con el costo de vida, la inseguridad, la comunicación deficiente y la ausencia de una renovación clara. En México, las acusaciones sobre el huachicol fiscal pueden afectar al oficialismo si se instala la percepción de que existen investigaciones selectivas o familiares protegidos.
No parece correcto afirmar que Brasil esté abandonando por completo a la izquierda ni que México haya quedado políticamente aislado. Lo que sí se observa es el debilitamiento de los liderazgos personalistas y de los gobiernos que confían demasiado en su identidad histórica.
Las encuestas pueden equivocarse, los gobiernos pueden recuperar popularidad. Las acusaciones pueden terminar en nada o derivar en responsabilidades concretas. Pero la confianza pública sólo se recupera con información verificable, instituciones independientes y reglas iguales para todos.
La política contemporánea no se decide únicamente en las urnas. También se decide en la percepción cotidiana de justicia, seguridad, economía y honestidad. Ahí se encuentra, tanto para Lula como para Sheinbaum, el verdadero campo de batalla.
