(primera de 2 partes)
Veracruz sigue siendo el corazón azucarero de México, pero esa fortaleza productiva se ha convertido también en una fuente de vulnerabilidad. La crisis actual no nació con el posible cierre de un ingenio ni con el azúcar que presuntamente entra de contrabando: es el resultado de siglos de concentración territorial y décadas de subordinación política, baja productividad, desigualdad y falta de diversificación agrícola.
El anuncio de problemas financieros y operativos en factorías veracruzanas, las plagas que amenazan la zafra, la caída del precio del azúcar y las denuncias sobre el ingreso irregular de producto procedente de Guatemala han encendido nuevamente las alarmas. No es un asunto menor: Veracruz aporta alrededor de cuatro de cada diez toneladas del azúcar nacional y concentra la mayor infraestructura cañero-industrial del país. Cuando una factoría se detiene, no sólo se apagan calderas; se paralizan cosechas, transporte, comercio y empleo en decenas de municipios.
La historia azucarera de Veracruz se remonta a los primeros años de la colonización. En 1524, Hernán Cortés instaló a orillas del río Tepango, en Santiago Tuxtla, uno de los primeros trapiches de la Nueva España. A partir de ese núcleo, la caña se extendió hacia zonas con agua abundante, clima cálido y rutas de intercambio. Durante los siglos XVII y XVIII surgieron haciendas y trapiches en los entornos de Xalapa-Coatepec, Córdoba, Orizaba y Los Tuxtlas; su expansión se apoyó en la apropiación territorial y, en la época colonial, en trabajo indígena y de población africana esclavizada. Con el ferrocarril, la mecanización y la formación de centrales azucareros, la actividad adquirió escala industrial entre finales del siglo XIX y el siglo XX. La reforma agraria transformó la propiedad de la tierra, pero no eliminó la dependencia del productor respecto del ingenio: la factoría conservó el control sobre la recepción, la molienda, la medición de calidad y la liquidación de la materia prima. En 1910 se registraban 48 ingenios en Veracruz; hoy funcionan muchos menos. El número exacto varía según la zafra y la condición operativa de cada planta, pero la contracción histórica es indiscutible.
Caña, organización gremial y control político. Durante buena parte del siglo XX, el Estado mexicano organizó al campo mediante estructuras corporativas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional. En el sector cañero, la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC y la organización asociada a la pequeña propiedad —posteriormente identificada con la CNPR— fueron reconocidas como interlocutoras privilegiadas. Estudios académicos sobre los gremios cañeros describen una estructura vertical en la que la representación productiva, la negociación con los ingenios, la gestión de apoyos y la movilización electoral se entrelazaban.
La seguridad social consolidó este incentivo. Desde 1963 se incorporó al régimen obligatorio del IMSS a productores de caña y trabajadores estacionales, no así a productores de otros cultivos, aunque fueran alimentarios. Los ingenios debían entregar la relación de abastecedores, retener cuotas en la liquidación de la caña y reportar altas y bajas; los comités de producción cañera llevaban padrones de trabajadores y distribuían avisos para recibir atención médica. En regiones sin otra red de protección, ser cañero formalmente registrado podía significar la diferencia entre tener o no atención médica para la familia. Un derecho social terminó funcionando también como mecanismo de disciplina y fidelidad hacia las organizaciones que controlaban la intermediación.
El monocultivo: de instrumento político a trampa regional. La expansión cañera no fue neutral para la seguridad alimentaria. Al ofrecer mercado asegurado, acceso al ingenio, crédito, servicios y protección social, hizo racional que miles de familias sustituyeran la producción de maíz, frijol, arroz, hortalizas o sistemas mixtos por caña. Pero es importante enfatizar que una región que depende de uno, dos o tres productos queda expuesta al precio internacional, a la demanda industrial, al clima, las plagas y las decisiones de unas cuantas empresas. Yucatán lo padeció cuando las fibras sintéticas desplazaron al henequén: el colapso de un producto derrumbó una estructura económica construida alrededor de él.
Veracruz posee alternativas valiosas. El café, la naranja, el limón, la piña, el plátano y otros cultivos sostienen importantes regiones productivas. El comparativo agrícola 2022-2025 elaborado a partir del Atlas Agrícola del Estado de Veracruz (1960-2022) y los registros más recientes muestran, por ejemplo, crecimiento en café, naranja y piña. Sin embargo, esa diversidad estatal no siempre existe en el ámbito regional o parcelario. En extensas franjas del Papaloapan, Los Tuxtlas, la zona centro y el norte, la caña continúa dominando el paisaje, el empleo y la vida municipal.
La salida no es rescatar el pasado, sino transformar el territorio. La crisis no se resolverá manteniendo artificialmente cada ingenio ni regresando al viejo corporativismo. Veracruz necesita una política de transición productiva que proteja el empleo sin perpetuar la dependencia. Sus componentes mínimos son claros: elevar productividad antes de ampliar superficie; diversificar cultivos y sistemas agroforestales; recuperar maíz, frijol, arroz, frutas y hortalizas para los mercados regionales; garantizar competencia y transparencia en básculas, laboratorios y KARBE; dignificar el trabajo de cortadores y jornaleros; y convertir los ingenios viables en complejos de bioeconomía capaces de producir azúcar, electricidad, etanol, fertilizantes orgánicos y otros derivados.
En esta transformación, la Universidad Veracruzana debe ser un actor comprometido y no solamente protagónico. Su responsabilidad no puede agotarse en organizar foros, firmar convenios o publicar diagnósticos. Por su carácter público y su presencia regional, debe llevar el conocimiento hasta las zonas cañeras mediante programas permanentes de extensión, parcelas demostrativas, laboratorios móviles y asistencia para diversificar cultivos. Su compromiso debe medirse en resultados: mayores rendimientos, menores costos y mejores condiciones para productores, cortadores y jornaleros. En las zonas donde una factoría sea técnica o financieramente inviable, el gobierno debe anticipar la reconversión y no esperar al cierre. La Universidad Veracruzana debe participar desde el diagnóstico hasta la evaluación de resultados. Se requieren protección laboral temporal, rutas comerciales para cultivos alternativos, infraestructura de riego y acopio, y acompañamiento técnico de largo plazo. Diversificar no significa arrancar mañana toda la caña, sino evitar que familias, municipios y regiones dependan de una sola cosecha y de una sola puerta de fábrica. (En la segunda parte profundizaremos sobre el particular)
