En el gran teatro político de nuestro país, ha trascendido que esta semana se monta un nuevo acto crucial. Y es que según se lee en la sección Politileaks de Politico.mx, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se sientan a puerta cerrada a negociar el presupuesto para la inédita elección de jueces, magistrados y ministros en junio próximo. Lo que está en juego no es solo el monto —más de 13 mil millones de pesos—, sino el mensaje que envían sobre el valor que le damos a la democracia.
Que el encuentro sea privado en las oficinas del Grupo Parlamentario de Morena ya genera suspicacias. ¿Qué tanto se negocia tras puertas cerradas y fuera del escrutinio público? Recordemos que este proyecto de elección, validado apenas por el Tribunal Electoral, no solo es complejo, sino controvertido. El costo elevado responde a la infraestructura necesaria para garantizar que la voluntad ciudadana se traduzca en resultados confiables. Reducir el presupuesto, como parece ser la intención de Hacienda y Morena, pone en jaque un proceso que ya enfrenta cuestionamientos logísticos, políticos y, sobre todo, de la ciudadanía.
Más inquietante aún es la contradicción entre los discursos y las acciones. Morena, partido que se autoproclama defensor del pueblo, podría empujar un recorte que, en la práctica, debilite el primer ejercicio de participación ciudadana para elegir juzgadores. ¿Es coherente pedir más democracia, pero escatimar en su costo?
El argumento de la austeridad, tan socorrido desde el origen de la autodenominada 4T Obradorista, empieza a desgastarse cuando se usa como martillo contra instituciones clave. Mientras se derrochan recursos en megaproyectos faraónicos, se regatean los fondos para un ejercicio electoral que podría redefinir el acceso a la justicia.
La advertencia de Taddei es clara: una reducción presupuestal pondría en riesgo el proceso. ¿Estamos dispuestos a aceptar elecciones parchadas o procesos viciados por falta de recursos? Si la respuesta es no, es hora de exigir transparencia en estas reuniones y un compromiso real con una democracia funcional, no una versión “low cost” que perpetúe desconfianza e inequidades.
Porque si algo es más caro que invertir en democracia, es pagar las consecuencias de un sistema fallido.
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