- La magistrada comunicó al Senado su decisión de separarse del cargo a partir del 31 de agosto.
- Su periodo había sido ampliado hasta 2028, por lo que dejará anticipadamente la máxima instancia electoral del país.
Ciudad de México.- Después de casi una década como integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso anunció este lunes que dejará su cargo como magistrada a partir del próximo 31 de agosto.
Soto Fregoso dio a conocer su decisión durante su participación en el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, donde confirmó que la renuncia ya fue presentada formalmente ante el Senado de la República.
“Hoy he decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional”, expresó al anunciar su salida.
La magistrada señaló que la determinación representa también el cierre de una trayectoria de tres décadas dentro del ámbito electoral y aseguró que concluye esta etapa “con la satisfacción del deber cumplido”.
“He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, manifestó.
Mónica Soto forma parte de la Sala Superior desde noviembre de 2016 y llegó a ocupar la presidencia del máximo tribunal electoral del país, responsabilidad que desempeñó entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de octubre de 2025.
Su salida se producirá antes de concluir el periodo que legalmente le correspondía. Originalmente, su encargo debía finalizar en octubre de 2025; sin embargo, modificaciones derivadas de las reformas electorales y judiciales extendieron su permanencia hasta 2028.
Pese a esa ampliación, Soto Fregoso decidió separarse voluntariamente del tribunal prácticamente dos años antes de la nueva fecha prevista para finalizar sus funciones.
El anuncio abre ahora un proceso institucional para formalizar su salida y determinar la manera en que será cubierta la vacante que dejará en la Sala Superior.
La separación de Soto modificará nuevamente la integración del órgano encargado de resolver, en última instancia, las principales controversias electorales del país y de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales.
