TEPJF quita freno del INE a promoción de elección del PJ

Información de La Razón/ Yulia Bonilla.- Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás el veto que había impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE), y avaló ayer que los funcionarios de los tres Poderes de la Unión promuevan la elección judicial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores y servidores públicos podrán ahora promocionar los comicios para elegir jueces, magistrados y ministros, con la única restricción de no respaldar candidaturas específicas.

Hace un par de semanas, el Consejo General del órgano electoral determinó que ningún funcionario público, en los tres niveles de gobierno, podría promover los comicios judiciales, lo cual fue impugnado por distintos actores involucrados, desde la Presidencia de la República y el Senado, e incluso candidatos.

De la Mata Pizaña, quien propuso acumular en uno solo los proyectos de los otros magistrados, señaló que es posible promover el voto y educar en la participación ciudadana, con apego a los principios de imparcialidad y equidad.

“¿Por qué pareciera tan terrible promover el voto a cargo de los Poderes de la Unión al hacerlo de manera neutral y educativa? ¿Por qué nos parece tan terrible, tan odioso, difundir que va a haber una elección, que se va a votar el primero de junio, e incluso llamar educacionalmente a esto? Bueno, creo que corresponde a una especie de tabú”, dijo.

El magistrado Felipe Fuentes señaló al INE de haber trasladado “sin distinción” los criterios que funcionan en las elecciones políticas habituales a este proceso judicial que, dijo, opera bajo una lógica distinta, pues incluso subrayó que uno de los desafíos ahora es el conseguir que la ciudadanía participe en un proceso complejo que involucra a más de tres mil 400 candidaturas.

“La prohibición absoluta que impuso el INE no sólo es desproporcionada, sino que contradice la finalidad misma del régimen constitucional… Negarle al pueblo la posibilidad de informarse, a través de sus instituciones, equivale a negarle el ejercicio pleno de esa soberanía.

“Por ello, es correcto y necesario declarar fundado el planteamiento de que el INE ha excedido sus atribuciones al reservarse en exclusiva la promoción del voto y la participación ciudadana en este proceso”, argumentó.

La magistrada Soto incluso refirió como “indigerible” el plantear que un ente puede tener la exclusividad para hablar sobre democracia, porque, dijo, no pertenece a una institución.

“¿Por qué vamos a prohibir hablar de los derechos políticos que tienen las personas, los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas? ¿Por qué vamos a decidir no sumar, sino aumentar el silencio? A ver, hay una elección nueva. Nunca antes hemos votado en México por las personas impartidoras de justicia. Esta elección ya está en la Constitución”, dijo.

En contraste, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora se posicionaron por validar la prohibición del INE a los servidores públicos, como una garantía para evitar injerencias en esta elección.

El exmagistrado presidente advirtió que validar el permiso para que funcionarios difundan el ejercicio electoral, con los lineamientos establecidos, dejaba entrada a interpretaciones “permisivas” sobre el uso de recursos públicos y la propaganda gubernamental, entre otros puntos.

Además, recalcó la inconveniencia de permitir su intervención, al recordar que los Poderes de la Unión fueron los postulantes de las candidaturas.

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“Bajo este marco de análisis, observo que permitir la participación de las autoridades y personas servidoras públicas en la promoción del proceso electoral, cuando los tres Poderes de la Unión participaron, en efecto, en el proceso de postulación de candidaturas, puede generar la idea de que los mensajes institucionales tienen la finalidad de impulsar las candidaturas que presentaron”, dijo.

En conferencia de prensa posterior, los tres magistrados que votaron por validar la difusión por parte de los Poderes de la Unión, descartaron dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) con un procedimiento en contra de los consejeros electorales, como así lo solicitaron en algunas impugnaciones.