La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos desde los años de la guerra contra el narcotráfico.
Hoy, el escenario es todavía más complejo: la Casa Blanca ya no habla únicamente de combatir cárteles, sino de perseguir a políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado.
Donald Trump prepara una nueva ofensiva política, judicial y mediática contra personajes de la llamada 4T.
En Washington crece la percepción de que el crimen organizado dejó de ser solamente un problema de seguridad para convertirse en una estructura con influencia política, financiera y territorial dentro de México.
Y eso, para el gobierno estadounidense, representa una amenaza directa a su seguridad nacional.
El Departamento de Justicia estadounidense afina investigaciones que podrían derivar en nuevos señalamientos contra figuras de Morena.
Versiones provenientes de círculos políticos y de inteligencia apuntan a que el nombre de otro gobernador será colocado bajo la lupa por presuntos vínculos con redes criminales y corrupción.
De confirmarse, sería otro golpe demoledor para la narrativa oficial de “honestidad” que pregona la 4T.
Trump insiste en una idea que repite desde hace años: “en México mandan los grupos delincuenciales”.
La frase, dura y ofensiva para muchos, encuentra eco en sectores conservadores estadounidenses, en agencias de seguridad y en legisladores republicanos que buscan endurecer la política exterior hacia México.
No se trata únicamente de retórica electoral. Existe un movimiento real en Washington que pretende catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y ampliar las facultades de persecución fuera del territorio estadounidense.
Ahí radica el mayor reto del gobierno de Claudia Sheinbaum. No es la economía, ni las elecciones intermedias, ni siquiera las disputas internas de Morena.
El verdadero desafío de su sexenio será definir hasta dónde está dispuesta a llegar para deslindarse de personajes cuestionados dentro de su propio movimiento político.
Porque mientras la presidenta insiste en defender la soberanía nacional y rechazar cualquier intervención extranjera, en Estados Unidos crece la presión para actuar unilateralmente contra políticos y estructuras financieras vinculadas al narcotráfico.
La disyuntiva es brutal: proteger al movimiento heredado por López Obrador o preservar la estabilidad diplomática y económica con el vecino más poderoso del planeta.
La historia demuestra que Washington no suele detenerse cuando percibe amenazas internas vinculadas al crimen.
México no está exento de ese riesgo.
El problema para la 4T es que cada nuevo escándalo erosiona el discurso moral con el que llegó al poder.
Cuando los señalamientos dejan de provenir exclusivamente de opositores y comienzan a surgir desde organismos de inteligencia extranjeros, la crisis adquiere otra dimensión.
Ya no es propaganda electoral; es geopolítica.
Sheinbaum enfrenta, quizá, el momento más hostil de su administración. Si decide cerrar filas con gobernadores y dirigentes cuestionados, podría provocar una escalada diplomática sin precedentes con Washington.
Pero si toma distancia y permite investigaciones profundas, abriría fracturas internas dentro del movimiento guinda que podrían sacudir la estructura política de Morena rumbo al futuro.
La presidenta sabe que cualquier error puede tener consecuencias económicas, financieras y políticas de gran magnitud. Trump, mientras tanto, observa, presiona y espera el momento exacto para lanzar otra ofensiva.
Porque en política internacional, como en el ajedrez, los peces gordos no caen por accidente: caen cuando alguien decide que ya dejaron de ser útiles porque despiden olores fétidos.
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