Xalapa, Ver.— Tras más de tres décadas dedicadas a la docencia, Luis Manuel González Hernández, exdirector del Colegio Preparatorio de Xalapa (CPX), mejor conocida como Prepa Juárez, denunció que fue destituido de su cargo y despojado de sus plazas laborales sin previo aviso ni justificación sólida. Acompañado por su abogado, acusó que su salida obedece a intereses políticos más que a un proceso administrativo legítimo.
En una conferencia de prensa, González aseguró que su remoción fue sorpresiva y carente de sustento legal, pese a haber obtenido evaluaciones positivas por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), lo cual –afirmó– le daba derecho a continuar en el cargo. “Después de 32 años de servicio, me dejaron sin sustento, sin plazas, y sin la oportunidad de defenderme”, afirmó visiblemente afectado.
Sobre las versiones que apuntan a una supuesta denuncia por acoso sexual, el exfuncionario educativo rechazó de forma categórica esas imputaciones. Argumentó que se trató de un malentendido derivado de una dinámica escolar que impulsaba un saludo afectivo voluntario entre estudiantes y personal docente.
Su abogado, Roberto Mercado, explicó que no existe denuncia por acoso como tal, sino una queja administrativa por presunta discriminación, sin elementos contundentes ni una investigación formal de por medio. Añadió que la medida adoptada por la SEV violenta los protocolos legales e ignora la presunción de inocencia del maestro.
González no dudó en calificar su despido como un acto de persecución política, atribuyendo la decisión a su postura crítica frente a la política educativa del actual gobierno. “Por alzar la voz me castigan; esto va más allá de un tema educativo”, expresó.
Además, adelantaron que presentarán recursos legales para impugnar la decisión y exigir la restitución de su cargo y derechos laborales. Mientras tanto, la comunidad educativa del CPX ha mostrado su respaldo, cerrando el plantel como forma de protesta y expresando su inconformidad ante la destitución del directivo.
El caso ha generado reacciones diversas y pone de nuevo bajo la lupa los procedimientos internos en el sistema educativo estatal, así como la forma en que se gestionan las denuncias y las destituciones en el sector público.
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