Según el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2024 cinco municipios veracruzanos están entre los primeros diez que contrataron mayor deuda pública: San Andrés Tuxtla, Papantla, Veracruz, Las Choapas y Xalapa; a su vez, coloca a la legislatura veracruzana entre “las más permisivas” del país por acceder a aprobar montos muy elevados de deuda pública. El escenario no sorprende porque históricamente la administración municipal veracruzana, pese a controles institucionales, se ha caracterizado por la dudosa aplicación del recurso público, mucho en provecho de alcaldes y tesoreros, sin embargo, no pasa nada, porque el Orfis detecta irregularidades millonarias y formula observaciones que terminan dormitando en la impunidad. Así, mientras en el territorio municipal el expediente social y la infraestructura permanecen a la espera, surgen nuevos ricos y nueva “clase” política.
Cuando el constituyente de 1917 discutió la redacción del artículo 115 relativo al nivel de gobierno municipal, una de las preocupaciones se centró en cómo otorgar al municipio los recursos económicos suficientes para fortalecer su autonomía y evitar su dependencia de otros niveles de gobierno. Durante muchas décadas el municipio en México estuvo sujeto a la muy discrecional distribución de recursos provenientes de la federación, en la reforma al 115 constitucional de 1983 se configuraron las bases para regularizar las aportaciones a los municipios, a partir de ese entonces no debiera haber quejas en ese sentido. Sin embargo, ya con el recurso a su disposición la empleomanía municipal tuvo un acelerado crecimiento cuyo peso devora una gran porción del presupuesto, el costo beneficio de ese desmesurado aparato burocrático opera como lastre municipal aunado a la vocación depredadora del político ayuno de interés social. No es lo peor porque los gobernadores han tenido mucho que ver. Pongamos el caso de la bursatilización del 20 por ciento del impuesto a la tenencia y uso de automóviles correspondiente a los municipios. En 2008 el gobernador Herrera Beltrán “convenció” a 199 alcaldes para que se sumaran al proyecto de ganarle tiempo al tiempo, usando “recursos frescos” para hacer obras adelantadas. Duarte de Ochoa, Alberto Silva Ramos, Jorge Carvallo fueron los encargados de “convencer” a los alcaldes para que aceptaran el “novedoso” proyecto que traería beneficios adelantados a la entidad. Con el cuento de que Veracruz “sería otro” se estableció ese compromiso financiero comprometiendo como aval participaciones municipales. Las obras nunca llegaron, muchos alcaldes se quedaron sin recibir su parte correspondiente y dieciocho años después la deuda permanece vigente. México, mágico.
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