Buenos Aires, Argentina.- En una decisión histórica que sacude el panorama político argentino, la Corte Suprema confirmó hoy una sentencia de seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo, anunciado en las últimas horas, marca el clímax de un largo caso de corrupción relacionado con el desvío de fondos públicos, dejando su arresto como una posibilidad inminente.
El caso, conocido como el escándalo de “Vialidad”, sostiene que Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015 y luego ocupó el cargo de vicepresidenta hasta 2023, lideró un esquema para adjudicar 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a empresas controladas por su asociado, el empresario Lázaro Báez. Los fiscales afirman que estos contratos, que abarcan desde principios de los 2000 hasta 2015, fueron inflados o manipulados para desviar millones del estado, con Báez—condenado por lavado de dinero en 2023—como figura clave en la red ilícita. Kirchner ha negado consistentemente los cargos, calificándolos como un ataque político orquestado por una “mafia judicial”.
La confirmación de la Corte Suprema sigue a una condena de 2022 dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2, respaldada posteriormente por la Cámara Federal de Casación. A pesar de sus apelaciones, la decisión del máximo tribunal deja a Kirchner, de 72 años, con pocas opciones legales para evitar la sentencia. Aunque su edad podría hacerle elegible para arresto domiciliario, fuentes indican que el encarcelamiento es ahora inevitable. El fallo también la despoja de cualquier inmunidad política restante, un golpe significativo dado que estaba buscando un escaño legislativo provincial en las elecciones de septiembre.
La decisión se produce en medio de tensiones políticas crecientes en Argentina, donde el presidente Javier Milei, un outsider de derecha electo en 2023, ha impulsado una agenda anticorrupción. Las políticas neoliberales de Milei y su crítica abierta a la “casta política”—término que usa para denunciar figuras como Kirchner—podrían haber fortalecido la determinación judicial en este caso. Apoyos en redes sociales, como los de
El caso también tiene una dimensión internacional. En marzo de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. prohibió a Kirchner y a su exministro de Planificación, Julio De Vido, entrar al país, citando “corrupción significativa” bajo la Ley de Asignaciones de 2024. Esta medida, respaldada por evidencia de sobornos y administración fraudulenta presentada en tribunales argentinos, aísla aún más a la exmandataria en el escenario global.
Con Argentina en vilo, la aplicación de esta sentencia podría redefinir el futuro político del país. Con el arresto de Kirchner en las próximas horas el caso se erige como un testimonio de la lucha continua entre la rendición de cuentas y el legado político en una de las democracias más dinámicas de América Latina.
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