En Veracruz, hasta para contar votos se hacen bolas. El caso de Rosalba Hernández es la muestra perfecta: ganó la elección extraordinaria para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pero al OPLE se le ocurrió interpretar la ley como si fuera jeroglífico egipcio.
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tuvo que entrar a poner orden. Y lo hizo con una frase tan obvia que casi suena a burla: “la persona más votada debe ser quien participe como magistratura del TSJ”. Traducido: el que tiene más votos, gana. ¿De veras necesitábamos una resolución judicial para aclarar lo que cualquier estudiante de secundaria entiende en cinco segundos?
Lo que parecía un trámite de rutina —expedir una constancia de mayoría— terminó en un sainete legal. El OPLE, en lugar de limitarse a aplicar la norma, decidió improvisar. Interpretó que la presidencia del TSJ podía asignarse con criterios distintos a la votación directa. En otras palabras, decidió inventar reglas que no estaban en el reglamento. Rosalba impugnó, y con razón.
La controversia se originó a raíz de una impugnación presentada por la propia Hernández, quien argumentó que la interpretación del OPLE sobre quién debería recibir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) era errónea. Según el TEV, la normativa veracruzana establece que la persona más votada debe ser quien haya participado específicamente como magistratura en el proceso electoral del TSJ. Esto significa que los votos recibidos en esta elección extraordinaria deben ser considerados de manera exclusiva para los candidatos que compitieron en esa categoría.
Este detalle, aunque técnico, tiene profundas implicaciones. La decisión del TEV no solo corrige un error interpretativo del OPLE, sino que también reafirma la importancia de la transparencia y la justicia en el proceso electoral. En un estado donde la política puede ser un terreno pantanoso, este fallo representa un paso hacia la claridad y la legalidad.
Hernández ha sido una figura destacada en el ámbito judicial y académico de Veracruz. Con una sólida trayectoria como magistrada en materia constitucional, catedrática en la Facultad de Derecho de la UV, su ascenso a la presidencia del TSJ podría cambiar la dinámica del poder judicial en el estado. Su experiencia y conocimientos jurídicos son bien valorados, lo que la convierte en una candidata ideal para liderar el TSJ en tiempos de incertidumbre.
Su candidatura no solo representa una victoria personal, sino también un símbolo de empoderamiento para las mujeres en el ámbito judicial. A medida que más mujeres asumen roles de liderazgo, se abre la puerta a una mayor diversidad y a una representación más equitativa en las esferas de decisión.
El fallo del TEV también tiene un trasfondo político. En una época en la que la confianza en las instituciones está en entredicho, esta decisión podría restablecer cierta fe en el sistema electoral. La correcta interpretación de las normas y la protección de los derechos de los candidatos son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.
Además, la presidencia del TSJ no es un puesto menor. Quien asuma este cargo tendrá la responsabilidad de influir en decisiones judiciales clave que impactan la vida de los veracruzanos. En este sentido, la elección de Hernández podría marcar un cambio significativo en la forma en que se administran la justicia y los derechos en el estado.
El TEV le dio la razón. Ordenó al OPLE modificar sus acuerdos y entregarle a Rosalba Hernández la constancia que la acredita como la candidata más votada. Suena lógico, ¿no? Pues sí, pero en la política veracruzana lo lógico suele ser lo menos común.
Lo interesante aquí no es solo el caso de Rosalba, sino lo que revela. Primero, que el árbitro electoral parece más preocupado por quedar bien que por aplicar la ley con firmeza. Segundo, que en Veracruz la disputa por el poder judicial es tan política como cualquier elección municipal. Y tercero, que la legalidad, lejos de ser un terreno firme, es un campo minado de interpretaciones convenientes.
No estamos hablando de un cargo menor. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia significa tener en las manos una de las llaves más poderosas del Estado: la que abre —o cierra— puertas en los procesos judiciales, en la definición de magistrados, en la relación con los otros poderes. Por eso la silla se pelea con uñas, dientes y leguleyadas.
La magistrada Rosalba Hernández no solo se ganó un papel con su nombre y firma oficial. Ganó legitimidad. Y en política, la legitimidad pesa más que cualquier maniobra en la sombra. Hoy su triunfo no depende de un cálculo burocrático del OPLE, sino de una sentencia firme del Tribunal Electoral.
Pero la pregunta queda en el aire: ¿Qué tanto daño hace a la confianza ciudadana este tipo de tropiezos institucionales? Porque si para validar lo más básico —que el más votado es el ganador— necesitamos de impugnaciones, sesiones y resoluciones judiciales, ¿Qué podemos esperar en procesos más complejos?
La moraleja es sencilla, aunque incómoda: los votos cuentan, aunque a algunos no les guste el resultado. Y si el árbitro se distrae o se hace bolas, siempre habrá un tribunal que le recuerde lo elemental: la ley se cumple como está escrita, no como conviene.
En Veracruz no solo hay baches en las carreteras, también en la democracia. Y aquí, el TEV acaba de tapar uno de los más peligrosos: el del capricho institucional. Ojalá no se vuelva costumbre.
Historias similares
La UV margina a los indígenas mientras su rector intenta perpetuarse
Una entrevista de la mano
Este jueves 28 de agosto será el 31 Aniversario “DEMOCRACIA SINDICAL” del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM)