Xalapa, Ver. — Un momento histórico se avecina para los pueblos originarios de Veracruz: por primera vez en más de cinco siglos, podrán acceder de manera directa a recursos públicos federales para obras de beneficio colectivo. Esto será posible gracias a una reforma al Artículo 2º de la Constitución mexicana, y para validar su armonización a nivel estatal, se realizarán consultas comunitarias los días 23 y 28 de abril.
La magistrada Rosario Hernández Hernández explicó que esta reforma —publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de marzo de 2025— marca un cambio sin precedentes, ya que reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes como entidades de derecho público, lo que les permite recibir y ejercer directamente fondos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
“Estamos hablando de un parteaguas. Nunca antes estas comunidades habían tenido acceso directo al presupuesto público, y ahora podrán recibir desde 100 mil hasta 4 millones de pesos para obras de beneficio común”, indicó la magistrada.
¿En qué consiste la reforma?
La modificación al Artículo 2º constitucional obliga a que toda reforma que involucre a los pueblos originarios debe pasar por un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. En este caso, se trata de armonizar la Constitución del Estado de Veracruz, específicamente el Artículo 5º, con los nuevos principios federales.
Por ello, el Congreso local llevará a cabo asambleas comunitarias en distintas regiones indígenas del estado, como Tantoyuca, Mecayapan, Benito Juárez y las Altas Montañas. En ellas, las comunidades podrán opinar si están de acuerdo con la armonización, si consideran necesario modificarla o si deben eliminarse algunos aspectos.
Recursos directos y autonomía comunitaria
Uno de los avances más significativos de esta reforma es que el 10 por ciento del presupuesto del FAIS será destinado directamente a las comunidades indígenas y afroveracruzanas. Cada una de las 2,584 localidades registradas en Veracruz podrá administrar sus recursos a través de Comités de Obra y Vigilancia, garantizando un ejercicio transparente y autónomo.
Aunque este año se desarrolla un proceso electoral, Hernández Hernández precisó que será entre junio y julio cuando se liberen los recursos hacia las comunidades, una vez que concluyan las elecciones.
“Este es un acto de justicia histórica. Por primera vez, no solo se reconoce su existencia, sino también su derecho a decidir y a construir su propio desarrollo con presupuesto propio”, concluyó la magistrada.
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