Xalapa, Ver.- La exAdministradora del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Joana Marlen Bautista Flores, busca ampararse contra una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos que recibió tras presuntamente haber saqueado al PJE cuando fungió como administradora general del año 2020 al 2023.
La sanción fue impuesta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tras el procedimiento administrativo sancionador 29/2024-II en el que se le imputaron millonarias irregularidades administrativas, actos de corrupción y enriquecimiento ilícito durante su gestión como Directora General de Administración.
El Juez Primero de Distrito en Xalapa denegó la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo indirecto 863/2024, por lo que Bautista Flores impugnó la decisión y recurrió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
En su demanda, la exfuncionaria sostuvo que la sanción “vulneraba su derecho al trabajo, afectando su capacidad para generar ingresos y su reputación”, cuando se le achaca presuntamente haber desviado más de 100 millones de pesos del Poder Judicial de Veracruz.
Jueces rechazan suspender inhabilitación por 10 años a la corrupta exfuncionaria del PJE.
El Juez Primero de Distrito rechazó la suspensión al considerar que la inhabilitación representa un acto de interés social y público.
El Tribunal Colegiado respaldó esta decisión, señalando que “la suspensión provisional no puede otorgarse cuando se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público”.
Los magistrados determinaron que los agravios presentados por Bautista Flores carecían de fundamento, aparte de ser muy cínicos.
El proceso continuará con la acumulación del juicio de amparo 928/2024 al expediente 863/2024, ya que ambos casos reclaman la misma resolución emitida el 10 de septiembre de 2024 en el marco del procedimiento administrativo sancionador en contra de Joana Marlen Bautista Flores.
Cabe recordar que la actual Presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presentó una denuncia penal por la contratación de empresas fantasma y otras irregularidades administrativas que ascendieron a casi 50 millones de pesos.
Bautista Flores y otros exfuncionarios están señalados de contratar presuntas empresas fachada, luego de que una auditoría reveló que no existían elementos suficientes para garantizar que las personas morales operaban conforme a las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos, así como una denuncia más por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la cual acusa a Bautista Flores de tener un daño patrimonial por más de 80 millones de pesos en fondos federales que malversó desde su cargo como Administradora General del Poder Judicial de Veracruz durante su estancia entre los años 2020 y 2023.
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