La seguridad pública es, posiblemente, una de las responsabilidades más complejas de cualquier gobierno. No admite improvisaciones, soluciones mágicas ni resultados de la noche a la mañana. Por eso, cuando una autoridad comparece ante el Poder Legislativo, lo verdaderamente importante no es la cantidad de cifras que presenta, sino lo que estas permiten conocer sobre el rumbo de su estrategia.
Bajo esa premisa, la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés, dejó elementos relevantes para analizar el trabajo que se desarrolla en una de las áreas más sensibles de la administración encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García.
Lejos de limitarse a describir operativos y detenciones, el funcionario expuso una estrategia que incorpora aspectos frecuentemente relegados en el debate público: la profesionalización de los policías, la prevención del delito, la participación ciudadana y la protección de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Y es que la seguridad no comienza cuando se detiene a un delincuente, sino mucho antes, cuando las instituciones desarrollan la capacidad de prevenir que un delito no ocurra.
En ese sentido, la incorporación de 667 nuevos elementos, las más de 5 mil evaluaciones de control y confianza y los 239 ascensos policiales representan esfuerzos por fortalecer la estructura de una corporación cuya eficacia depende tanto de sus recursos materiales como de la preparación de sus integrantes.
También resulta significativo que actualmente se mantenga un despliegue de más de 6 mil policías en los 212 municipios veracruzanos. En una entidad con la extensión territorial y las particularidades geográficas de Veracruz, mantener presencia institucional constituye un desafío permanente.
Pero quizá uno de los aspectos más interesantes de la exposición de Reyes Garcés fue el reconocimiento de que la seguridad no puede ser responsabilidad exclusiva de las patrullas.
La conformación de 3 mil 730 redes vecinales apunta hacia un modelo de colaboración en el que la ciudadanía deja de ser únicamente receptora de protección para convertirse en participante activa de la prevención. Es una perspectiva que merece atención, porque ninguna estrategia puede consolidarse sin recuperar y fortalecer la confianza entre la población y sus instituciones.
Desde luego, los indicadores delictivos también forman parte indispensable de cualquier evaluación. La reducción de 19.5 por ciento en homicidios dolosos, reportada durante la comparecencia con base en estadísticas oficiales, constituye una señal alentadora que debe analizarse y sostenerse en el tiempo.
No es un dato menor. Detrás de cada disminución estadística existe la posibilidad de que menos familias enfrenten las consecuencias irreparables de la violencia.
Igualmente relevante es la detención de 70 mandos de organizaciones generadoras de violencia. Estas acciones, realizadas en coordinación con otras instituciones de seguridad y procuración de justicia, reflejan la importancia de dirigir los esfuerzos no solamente contra las manifestaciones del delito, sino también contra las estructuras que lo sostienen.
Sin embargo, hay otro componente que merece especial reconocimiento: la dimensión humana de la seguridad pública.
Las miles de órdenes de protección otorgadas mediante el programa Veracruzana Protegida, la capacitación policial en materia de alerta de género y las medidas de seguridad destinadas a periodistas y personas defensoras de derechos humanos muestran que proteger también significa atender amenazas específicas y acompañar a quienes se encuentran en condiciones de riesgo.
Esa visión encuentra continuidad en las intervenciones del Plan Tajín, que han permitido auxiliar a familias durante situaciones de emergencia. Porque la presencia de una corporación de seguridad también se mide por su capacidad de tender la mano cuando la población más lo necesita.
Por supuesto, reconocer estos avances no significa desconocer los desafíos que persisten. Veracruz sigue enfrentando episodios de violencia que requieren respuestas oportunas, investigaciones efectivas y una coordinación constante entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Sería un error asumir que las estadísticas, por sí solas, resuelven las preocupaciones legítimas de la ciudadanía.
Precisamente por eso adquiere importancia la rendición de cuentas. La comparecencia de Alfonso Reyes Garcés permitió conocer acciones concretas, identificar prioridades institucionales y disponer de indicadores que podrán contrastarse con los resultados futuros.
La administración de Rocío Nahle ha colocado sobre la mesa una estrategia que combina presencia territorial, fortalecimiento policial, inteligencia operativa y mecanismos de prevención. Su mayor desafío será conseguir que esos esfuerzos se traduzcan en una tranquilidad cada vez más perceptible en las calles, carreteras, colonias y comunidades.
Porque, al final, el verdadero éxito de una política de seguridad no se mide únicamente por el número de patrullas, cateos o detenciones, sino por la confianza de las familias para desarrollar su vida cotidiana sin miedo.
La comparecencia dejó una ruta de trabajo y resultados que vale la pena examinar con seriedad. Ahora corresponde darles continuidad, profundizar los avances y mantener la exigencia de que cada acción institucional tenga un impacto real en la vida de los veracruzanos.
En materia de seguridad, los resultados deben hablar más fuerte que los discursos. Y esa es, precisamente, la prueba que toda estrategia pública debe estar dispuesta a superar.