Información de La Silla Rota///OTILIA CARVAJAL
Funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y la empresa Grupo de Tecnología Cibernética están bajo investigación por el presuntamente hackeo de un software del cual se carecía de la licencia de uso, lo cual generó fallas en el monitoreo de spots durante el proceso electoral 2023-2024, bajo la gestión de Guadalupe Taddei.
El 2 de marzo de 2026, el Órgano Interno de Control (OIC) inició un procedimiento por responsabilidades administrativas graves en contra de la empresa Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, por advertir que utilizó información falsa al asegurar que contaba con software necesario para operar el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM), pero en realidad no lo tenía.
“Se desprenden elementos que permiten presumir que el licenciamiento entregado al Instituto no corresponde a licencias válidamente emitidas o autorizadas por el fabricante original”, expone el acuerdo de admisión.
De acuerdo con documentos en poder de La Silla Rota, también se está investigando a funcionarios del INE en activo y que podrían estar involucrados con el hackeo de la licencia.
Se trata de Oscar Badillo Gutiérrez, director de procesos tecnológicos; Omar Barbosa Rodríguez, subdirector de administración e infraestructura tecnológica; Jorge Contreras Miranda, jefe de departamento de soporte de segundo nivel del Cevem y José Luis Enríquez Pérez, subdirector de administración de sistemas operativos y bases.
Usaron software “pirata”
La licencia corresponde a la empresa Wellav Technologies Ldt, que también ha iniciado procesos en contra de Grupo de Tecnología Cibernética, —también conocida como Grupo Tecno—, y contra los funcionarios que resulten responsables de haber utilizado su software sin autorización.
Al no contar con estos permisos, el OIC advirtió que la empresa pudo obtener un beneficio económico basado en información falsa, que derivó en la obtención de un contrato por 365 millones 706 mil 943 pesos.
Luego de un tercer convenio modificatorio, celebrado en 2023, el monto se incrementó a 372 millones 695 mil 148 pesos, es decir, un aumento de 6.9 millones de pesos.
Al no contar con la licencia, se generaron afectaciones en la operación del sistema utilizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, particularmente para el monitoreo de 123 señales de televisión en 14 Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), ubicados en 11 entidades federativas.
Lo anterior, dijo el Órgano, “derivó en la imposibilidad temporal de realizar diversas funciones institucionales vinculadas con la grabación de señales, la verificación de la transmisión de la pauta electoral y la generación de informes de cumplimiento”.
Red de Taddei estaba enterada
La expresidenta del INE, Guadalupe Taddei y su círculo cercano de funcionarios estaban enterados de esta situación y evitaron que el problema se hiciera público, de acuerdo con fuentes del Instituto.
El tema se vio en mesas privadas, sin que se derivara ninguna sanción hasta ese momento contra Grupo Tecno.
Las partes afectadas también enviaron correos electrónicos a Taddei para pedirle una solución ante el hackeo de la licencia, sin obtener respuesta.
El daño a la empresa Wellav Technologies por utilizar su software sin autorización asciende a los 329 mil 925 dólares, aproximadamente 6.8 millones de pesos.
La denuncia contra Grupo Tecno fue turnada por el OIC al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para seguir con el proceso y, en su caso, las sanciones correspondientes.
Sin embargo, hasta agosto de 2027, el contralor no había informado sobre el estatus de las investigaciones contra los funcionarios en activo.
Grupo Tecno: historia de irregularidades
La empresa Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV ganó la licitación pública para el servicio de monitoreo de spots en radio y televisión operado por el INE, para verificar que se cumplan los tiempos asignados a los partidos políticos y al órgano electoral.
El contrato fue asignado durante la presidencia de Lorenzo Córdova, por una vigencia del 15 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2026.
Sin embargo, las irregularidades por la licencia del software iniciaron durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Así lo documentó el OIC, encabezado por Víctor Hugo Carvente, que halló irregularidades en la ejecución de este contrato durante el periodo 2023-2025, por un monto de 25.7 millones de pesos por aclarar.
La Silla Rota publicó los resultados de la auditoría interna, en la que se detalló que del monto por aclarar, 16.1 millones de pesos corresponden a la falta de documentación que acredite las licencias adquiridas y aceptadas en el contrato.
También hizo pagos 6.7 millones de pesos por el servicio de soporte remoto técnico y en sitio del software, sin acreditar en qué consistió.
Adicionalmente, señaló la falta de acreditación y aplicación de penas por incumplimiento en los servicios de soporte técnico remoto por 677 tickets pendientes por atender.
