La fiscalización municipal en Veracruz necesita pasar de la detección de irregularidades a la sanción efectiva, recuperación del dinero y prevención. Los casos de Chontla y El Higo muestran que el problema no es solo que la ASF encuentre observaciones, sino que los ayuntamientos puedan dejar de entregar registros, documentación y explicaciones sin consecuencias inmediatas.
En Chontla, la ASF observó 83 millones 314 mil 950.78 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, porque el ayuntamiento no acreditó el destino de recursos federales y participaciones. No entregó registros contables y presupuestales ni documentación comprobatoria y justificativa.
A esto se suman señalamientos del ORFIS por presunto daño patrimonial en obras y servicios, que elevan el total de irregularidades a alrededor de 89 millones de pesos. Entre ellos figuran pagos en exceso por trabajos no ejecutados, una obra inconclusa y deficiencias constructivas en un camino rural.
En El Higo, la ASF dictaminó negativamente el manejo de 83 millones 547 mil 903 pesos, el 100% de los recursos federales transferidos y auditados. El municipio no presentó registros contables ni documentación para comprobar el destino del dinero proveniente de FAISMUN, FORTAMUN y Participaciones Federales.
El patrón es el mismo en ambos casos: falta de registros, falta de comprobantes y falta de respuesta ante la autoridad fiscalizadora. En El Higo, la ASF señaló que el ayuntamiento no emitió comentarios en las reuniones de auditoría.
Esto no es una falla menor de archivo. Es una falla de rendición de cuentas. Cuando un municipio no puede demostrar cómo gastó recursos públicos, la ciudadanía queda sin elementos para saber si el dinero se usó en obras, servicios o beneficios privados.
La respuesta no puede limitarse a más auditorías. Debe incluir mecanismos que impidan que la opacidad se convierta en impunidad; Publicar en línea, en formatos abiertos y actualizados, todos los contratos, órdenes de pago, facturas, expedientes de obra y listas de beneficiarios, se debe crear un tablero municipal de ejecución presupuestal, con montos, proveedores, avances físicos y financieros de obras.
Esta por demás exigir que toda obra pública tenga fotografías georreferenciadas, cronograma, presupuesto y evidencia de entrega y de manera particular deberán publicarse de forma automática los pagos realizados con fondos federales, sin esperar solicitudes de información, así como aplicar inhabilitación temporal a funcionarios que no entreguen documentación requerida por la ASF y deben establecerse multas proporcionales al monto no aclarado, no simbólicas.
Suspender preventivamente el acceso a nuevos recursos federales cuando exista incumplimiento reiterado así como turnar de inmediato a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción los casos con indicios de desvío, simulación o enriquecimiento ilícito.
Debe también garantizarse que las sanciones no dependan de la voluntad política del gobierno estatal o municipal, también podría crearse un fondo de recuperación de daños patrimoniales, administrado por el ORFIS y la ASF. Deben también embargarse bienes, cuentas y garantías de responsables cuando se compruebe daño patrimonial; Establecer plazos máximos para reintegro de recursos no justificados.
El ORFIS deberá publicar el monto recuperado, el responsable y el destino del dinero recuperado; podría también constituirse consejos ciudadanos de vigilancia en cada municipio, con acceso a información y facultad de solicitar aclaraciones.
El caso del exalcalde Néstor Sosa Peña es especialmente sensible porque combina observaciones millonarias con la difusión pública de viajes a París y Jerusalén durante 2026. La imagen de un exfuncionario presumiendo viajes internacionales mientras su administración enfrenta señalamientos por falta de justificación de recursos públicos refuerza la percepción de impunidad.
No se trata de criminalizar los viajes ni de invadir la vida privada. Se trata de una cuestión de proporcionalidad y sensibilidad pública, cuando hay 89 millones de pesos sin aclarar, la ciudadanía espera sanciones a los posibles responsables, no exhibición de lujo.
El caso de El Higo revela una falla más estructural. El municipio no solo no justificó el gasto: tampoco respondió en las reuniones de auditoría. Esto sugiere que la falta de documentación no es un descuido aislado, sino una práctica de opacidad.
La ASF debe reforzar mecanismos de seguimiento para evitar que municipios como El Higo retrasen la entrega de cuentas públicas o evadan revisiones. La sanción debe ser proporcional al daño y a la resistencia a colaborar.
Veracruz acumula más de mil 80 millones de pesos pendientes de aclarar entre observaciones estatales y municipales. La magnitud del problema exige una respuesta institucional de fondo, no parches.
La agenda mínima debería incluir una reforma al marco normativo para endurecer sanciones por opacidad y resistencia a la fiscalización; Creación de un sistema estatal de transparencia presupuestal en tiempo real; Fortalecimiento del ORFIS con recursos, personal y autonomía técnica y dientes, en donde también pueda sancionar a funcionarios involucrados o responsables. Una coordinación efectiva entre ASF, ORFIS, Fiscalía y Contraloría, aunado a la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público.
La fiscalización municipal no se fortalece con discursos. Se fortalece con sanciones, recuperación de recursos y transparencia verificable. Si Chontla y El Higo no enfrentan consecuencias reales, el mensaje será que la opacidad es tolerable.
La pregunta que Veracruz debe hacerse no es si la ASF puede detectar irregularidades. Es si el Estado puede convertirlas en justicia.
