Luego de la debacle del Partido Republicano en las elecciones intermedias del pasado martes en Estados Unidos, en México el régimen de la 4T ha comenzado a apretar a sus adversarios para no correr la misma suerte que los candidatos derrotados del Presidente Donald Trump.
Así, por ejemplo, en Nuevo León, sede del poderoso Grupo Monterrey, la virtual candidata de Morena a la gubernatura, Clara Luz Flores –quien ya contendió en 2021 y perdió tras el escándalo por un video en el que aparecía con Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM condenado en Estados Unidos por tráfico sexual de personas–, presentó anteayer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y de su esposa Mariana Rodríguez, que aspira a sucederlo en el poder. La morenista, quien va abajo en las encuestas, retomó la denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionada con presuntas irregularidades por 7 mil 212 millones de pesos. También refirió contratos por 110 millones de pesos celebrados por la administración del mandatario emecista con empresas sancionadas por EU.
Clara Luz también presentó una segunda denuncia en contra del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien actualmente encabeza las preferencias electorales como virtual candidato de la alianza PRI-PAN. La denuncia contra el edil priista y Jovita Morín, ex contralora municipal y militante de Acción Nacional, es por presunta delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Los supuestos delitos están relacionados con el caso de la empresa Next Energy, a quien le fue asignado un contrato por 7 mil 370 millones de pesos.
En ambas denuncias, la coordinadora para la defensa de la 4T en Nuevo León solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la ASF para reconstruir las operaciones financieras, identificar las cuentas involucradas y conocer a los beneficiarios finales.
Por otra parte, en Puebla, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado determinó multar e inhabilitar para ocupar cargos públicos al ex alcalde panista de la capital, Eduardo Rivera Pérez, por presuntas faltas administrativas graves. El ex munícipe del PAN anunció que impugnará el fallo, al considerar que tiene un trasfondo político por coincidir con el inicio del proceso electoral de 2027, y sostuvo que es inocente de las acusaciones.
Hasta ahora no se conoce con exactitud la falta específica que se le imputa a Rivera Pérez. Lo único que se sabe es que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó presuntas irregularidades administrativas en las cuentas públicas de 2022 y 2023, acumulando pliegos de observaciones y solicitudes de aclaración por un monto superior a los 306 millones 900 mil pesos.
Según publicaron los diarios Reforma y La Jornada, Rivera fue sancionado económicamente con 15 millones de pesos e inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos, mientras que Bernardo Arrubarrena García, quien fue su secretario de Administración, lo habrían inhabilitado por 10 años e impuesto una multa de 10 millones de pesos.
Mientras tanto, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, emprendió una campaña para desmarcar a su partido de la figura de la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien detonó un mega escándalo por presuntos actos de corrupción al favorecer a un grupo de proveedores.
A través de redes sociales, la líder morenista compartió un video en el que remarca que la exfuncionaria del organismo electoral “no es de Morena” sino que “es parte del viejo régimen del PRIAN”, y le adjudica al expresidente de INE, Lorenzo Córdova, ahora ligado al nuevo partido político Somos, haber nombrado a Taddei como presidenta del Instituto Electoral de Sonora, e imputándole que desde entonces Córdova sabía de la existencia de un oligopolio con las empresas proveedoras de materiales electorales y que no hizo nada.
Anteayer, la ASF, que encabeza el xalapeño Aureliano Hernández-Palacios Cardel, anunció que ampliarán su investigación de irregularidades en el INE y los órganos públicos locales electorales (Ople), y revisarán todos los contratos otorgados desde 2000 a 2025 relacionados con el oligopolio de empresas de papelería y servicios.
RESPALDA GOBERNADORA NAHLE INVESTIGACIÓN AL INE Y AL OPLE
Por cierto, llamó la atención el comunicado que difundió ayer la gobernadora Rocío Nahle para fijar su posición sobre la investigación que varias instituciones federales están realizando al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Órgano Público Local Electoral (OPLE).
El texto es el siguiente:
“En Veracruz creemos firmemente que la democracia se construye con responsabilidad, transparencia y respeto a las instituciones, pero, sobre todo, colocando siempre en el centro a las y los mexicanos.
“Desde mi Gobierno expresamos nuestro respaldo total a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los principios de la Cuarta Transformación: honestidad y justicia.
“Desde hace semanas el Instituto Nacional Electoral ha sido objeto de diversos señalamientos, por tal motivo considero fundamental que todo lo relacionado con este asunto sea investigado con absoluta transparencia, responsabilidad y apego a la legalidad. Las y los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad, a tener certeza sobre los funcionamientos de sus instituciones y a confiar en que los recursos públicos y las responsabilidades institucionales se ejercen correctamente.
“Debemos ser claros: las instituciones electorales no deben utilizarse como instrumentos de confrontación política; su función es garantizar los principios democráticos, generar confianza y contribuir a la estabilidad de nuestra vida pública.
“Por su parte, la autonomía de los organismos electorales es un principio fundamental de nuestra democracia; sin embargo, autonomía no significa ausencia de vigilancia, ni tampoco estar exentos de la responsabilidad pública. Por ello, toda institución que ejerce funciones de interés público debe conducirse con transparencia.
“En Veracruz reconocemos la importancia del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), cuya actuación debe estar siempre a la altura de las exigencias democráticas de nuestro Estado, garantizando procesos electorales transparentes, confiables y respetuosos de la voluntad popular.
“La democracia se fortalece cuando existen instituciones autónomas, pero también transparentes; cuando hay respeto, pero también rendición de cuentas; y cuando el interés del pueblo está por encima de cualquier interés político.
“Desde Veracruz seguiremos trabajando con responsabilidad institucional, convicción democrática y profundo sentido humanista, siempre en favor del bienestar de las y los veracruzanos y de la transformación de México.”
¿Acaso el posicionamiento de la mandataria veracruzana fue en respuesta a la demanda que por daño moral y difamación presentará el nuevo partido político Somos en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro?
Y es que, tras ser señalado por el esquema de corrupción en contrataciones electorales, el partido creado en junio pasado y que dirige el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo aseguró que desde el Gobierno federal, en lugar de evidenciar la corrupción que Guadalupe Taddei dejó del 2023 a octubre pasado como consejera presidenta del INE, está siendo irresponsable y generando división.
“(Claudia Sheinbaum) Ha preferido desviar la atención frente a la tragedia que para el INE significó la administración de Taddei. La infamia crece día con día y ahora pretende involucrar a nuestra organización, SOMOS, en una trama inventada por la Presidenta, sin sustento, que se remonta ¡un cuarto de siglo atrás!”, expuso el partido rosa en un comunicado.
“Como organización vamos a demandar por daño moral y difamación a la señora Presidenta y a la señora Buenrrostro, que buscan encontrar chivos expiatorios ante la crisis del INE”, advirtieron.
Somos pidió a las demás fuerzas políticas a instalar una mesa de conversación y trabajo para cuidar los eslabones que siguen en el proceso electoral.
Dijo que lo que se destapó en el INE con los contratos y proveedores ligados a Taddei fueron la ambición, enriquecimiento ilícito, colusión delincuencial y el conflicto de interés.
Apenas la mañana de ayer, la Presidenta Sheinbaum dijo que Juan Carlos Padilla, antiguo funcionario público y ex jefe de empresarios indagados, participa en el partido Somos junto con el ex titular del INE Lorenzo Córdova.
La mandataria sostuvo que Padilla Aguilar fue quien incorporó al servicio público a los hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, según la investigación presentada por el Gobierno federal.
Sheinbaum señaló que Padilla Aguilar, quien trabajó en gobiernos priistas y fue superior de José Alfredo Hernández Casillas en la Secretaría de Gobernación, posteriormente participó en organizaciones políticas vinculadas con Acosta Naranjo hasta incorporarse a Somos.
“Y, ¡oh, sorpresa!, hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta”, sostuvo.
En la conferencia mañanera, se exhibió que la relación entre Padilla Aguilar y los Hernández Casillas se remonta a los años ochenta, cuando José Alfredo trabajo como secretario particular del funcionario en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación.
La presentación gubernamental señala que, en 1989, Padilla Aguilar fue nombrado Secretario General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y llevó consigo a Hernández Casillas, mientras su hermano Raymundo Francisco se incorporó al área de investigaciones.
De acuerdo con los antecedentes exhibidos por Buenrostro, Padilla Aguilar ocupó posteriormente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el Gobierno priista del mexiquense Ignacio Pichardo Pagaza, entre 1989 y 1993.
Posteriormente, los Hernández Casillas dejaron el servicio público y comenzaron a desarrollar negocios relacionados con la producción y comercialización de materiales electorales, según publicó el diario Reforma.
Imagen de portada: SAT, UIF y FGR /// Punto y Aparte Oaxaca
