En un giro sin precedentes para la política fiscal y económica del país, la recién aprobada Ley de Economía Digital ha encendido las alarmas de analistas, defensores de derechos civiles y hasta de ciertos sectores productivos.
A diferencia de los países europeos, donde la digitalización fue consecuencia del desarrollo social, en México alrededor del 80% de las transacciones cotidianas se siguen realizando en efectivo. Otorgar poder absoluto a la Secretaría de Hacienda para prohibir el dinero físico en sectores estratégicos ignora métricas globales.
Al otorgarse una facultad extraordinaria a la Secretaría de Hacienda para determinar, bajo su propio criterio, cuáles son los “sectores estratégicos” y las “actividades relevantes” en los que los pagos digitales serán la única vía legal de transacción, el Estado no solo busca modernizar el comercio; está trazando una línea peligrosa hacia la exclusión y el control absoluto.
A primera vista, la narrativa oficial es atractiva: Combatir la evasión fiscal, reducir la informalidad, sofocar el financiamiento ilícito y subir al país al tren de la modernidad tecnológica. Suecia, Noruega, China e India, son países donde sus procesos de transición global hacia sociedades sin efectivo, ha permitido entender que los riesgos y desafíos de la digitalización obligatoria no son teóricos.
Sin embargo, en México, detrás de la promesa de eficiencia e innovación se esconde una medida de corte centralista que ignora la profunda brecha digital del país y vulnera la libertad de elección de los ciudadanos.
El primer gran tropiezo de esta ley es su carácter excluyente. Decretar que ciertos sectores operen exclusivamente de forma digital presupone una infraestructura que el país no tiene.
Millones de ciudadanos carecen de acceso a internet estable, de cobertura de telefonía móvil confiable o, peor aún, de una cuenta bancaria. Al prohibir el dinero en efectivo en actividades clave, la ley no formaliza a los marginados; Los expulsa del mercado.
Una persona de la tercera edad sin habilidades digitales o un comerciante en una zona rural incomunicada quedarán, por decreto, fuera de la legalidad económica.
El segundo aspecto crítico es la alarmante discrecionalidad otorgada a la Secretaría de Hacienda. ¿Bajo qué parámetros técnicos se definirá qué es un “sector estratégico” o una “actividad relevante”?
La ambigüedad del texto legal abre la puerta a que criterios políticos, y no económicos, dicten qué industrias se ven obligadas a transformarse de la noche a la mañana. Esto genera una enorme incertidumbre jurídica para las empresas, que quedan a merced de regulaciones cambiantes y de la burocracia fiscal.
La Ley de Economía Digital, en su redacción actual, no democratiza la tecnología: La convierte en un arma de exclusión burocrática. Una economía fuerte y justa requiere libertades, no candados digitales. Imponer la digitalización a golpes de decreto solo conseguirá profundizar la brecha de desigualdad, empujando a los más vulnerables hacia un aislamiento económico irreversible.
Finalmente, no se puede obviar el factor del control social y de la privacidad. El efectivo representa el último bastión de autonomía financiera frente al Estado y las grandes corporaciones bancarias. Por eso el debate actual en México en torno a la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, ha salido a relucir y dará mucho de qué hablar en las semanas por venir.
Obligar a que toda transacción en sectores clave deje una huella digital permanente convierte a la Secretaría de Hacienda en un supervisor omnisciente de la vida privada de los ciudadanos. Cada compra, cada servicio contratado y cada intercambio comercial quedará registrado, fiscalizado y potencialmente expuesto a filtraciones de datos o ciberataques.
La modernización económica es necesaria, pero no puede imponerse a golpes de decreto ni a costa de los derechos de los más vulnerables. La Ley de Economía Digital, en su estado actual, confunde bancarización con desarrollo y control con progreso. Si el objetivo real es una economía más fuerte y transparente, el camino correcto es el de los incentivos, la inversión en infraestructura y la educación financiera; nunca el de la prohibición y la digitalización forzada. Es mi humilde opinión.
*Periodista/Tlaxcala
