Los vecinos de la avenida Adolfo Ruiz Cortines no se oponen a la obra que realiza el Ayuntamiento de Xalapa. Al contrario: quieren que se haga, están dispuestos a colaborar y reconocen la necesidad de rehabilitar una vialidad deteriorada durante años.
Lo único que han pedido es ser escuchados y tener la certeza de que la obra se ejecutará correctamente.
Sin embargo, el gobierno municipal encabezado por Daniela Griego Ceballos ha respondido a esa disposición ciudadana con indiferencia, cerrazón y prisa. En lugar de abrir un diálogo serio, ha acelerado los trabajos, como si las preguntas de quienes habitan diariamente esa avenida fueran un obstáculo que debe ser ignorado.
Ese es el verdadero problema de Ruiz Cortines: no solamente lo que se está construyendo, sino la forma autoritaria en que se está haciendo.
Los vecinos no han exigido controlar la obra ni sustituir a los técnicos. Tampoco han pedido privilegios. Han solicitado conocer el proyecto ejecutivo, revisar sus alcances, plantear sus preocupaciones y participar en la búsqueda de mejores soluciones. Quieren banquetas accesibles, cruces seguros, protección del arbolado, iluminación adecuada, buen drenaje y decisiones de movilidad sustentadas en estudios.
¿Es demasiado pedir?
Los habitantes conocen la zona porque ahí viven, caminan, trabajan y padecen diariamente el tránsito, el ruido, los riesgos peatonales y los problemas de accesibilidad. Su experiencia no sustituye los estudios técnicos, pero tampoco puede ser tratada como si careciera de valor.
El 17 de septiembre, integrantes del Comité de Contraloría Social y habitantes del entorno dirigieron un escrito formal a la presidenta municipal. Lo hicieron respetuosamente, con argumentos, fundamentos legales y propuestas concretas. Solicitaron una mesa técnica, acceso al expediente, revisión de los elementos irreversibles y una verdadera participación ciudadana.
No pidieron detener indiscriminadamente la obra. Propusieron que continuaran los trabajos indispensables en las redes de agua y drenaje, pero que se revisaran oportunamente banquetas, rampas, cruces, guarniciones, arbolado y demás componentes que, una vez construidos, resultarían costosos y difíciles de modificar.
Fue una posición responsable. Incluso generosa.
Los vecinos ofrecieron su conocimiento del territorio, su disposición al diálogo y su voluntad de apoyar. A cambio, esperaban una respuesta igualmente responsable de la alcaldesa y de su equipo. Pero el gobierno municipal prefirió acelerar la obra.
No existe mayor desprecio institucional que invitar a participar cuando todo está decidido; integrar un Comité de Contraloría Social después de planear, aprobar e iniciar los trabajos; recibir un escrito fundamentado y continuar como si nada hubiera ocurrido.
La autoridad parece confundir escuchar con informar. Informar significa decirle a la gente lo que el gobierno ya resolvió. Escuchar implica reconocer que las decisiones pueden enriquecerse, explicarse o corregirse a partir de las observaciones ciudadanas.
La contraloría social tampoco es un adorno administrativo. Su función no consiste en tomarse una fotografía, firmar un acta y avalar automáticamente lo que haga la autoridad. Existe para vigilar la aplicación de los recursos, supervisar desde la planeación hasta la ejecución, advertir irregularidades y procurar que la obra cumpla su finalidad pública.
Resulta especialmente grave que esta actitud provenga de una alcaldesa que ha construido buena parte de su trayectoria política hablando de participación, derechos y cercanía social. La congruencia se demuestra precisamente cuando los ciudadanos cuestionan una decisión del gobierno. Escuchar solamente a quienes aplauden no es participación: es propaganda.
Además, existe un antecedente que el Ayuntamiento no puede ignorar. En 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz estableció, mediante la Conciliación 02/2017, que en futuros programas de mejoramiento vial en Xalapa debía realizarse una consulta pública previa e informada y elaborarse un diagnóstico participativo que incorporara las opiniones y propuestas de la sociedad.
Los vecinos de Ruiz Cortines están pidiendo exactamente eso: una participación previa, informada y con posibilidades reales de incidir. Lo que han recibido es una obra acelerada y un diálogo postergado.
La alcaldesa todavía puede evitar que este episodio defina la relación de su administración con la ciudadanía. Debe reunirse personalmente con los vecinos, ordenar la entrega del proyecto ejecutivo, responder cada una de sus solicitudes y permitir una revisión técnica independiente antes de ejecutar componentes irreversibles.
Rectificar no es una derrota. Es una expresión de madurez política.
Pero si Daniela Griego decide continuar sin escuchar, tendrá que asumir la responsabilidad de cualquier error que posteriormente aparezca. Ya no podrá decir que nadie lo advirtió. Los vecinos hablaron a tiempo, presentaron argumentos y ofrecieron su colaboración.
Una ciudad no se gobierna pasando maquinaria sobre la voz de sus habitantes.
Los vecinos de Ruiz Cortines no están contra Xalapa ni contra su Ayuntamiento. Son xalapeños que quieren colaborar, participar y vigilar que el dinero público se utilice bien. Despreciar esa voluntad ciudadana no solamente es un grave error político que se reflejará en las urnas: es traicionar el principio elemental de que el gobierno municipal existe para servir y escuchar a su comunidad.
