La evaluación de Consulta Mitofsky sobre los gobernadores llega en un momento políticamente relevante, el proceso electoral de 2027 ya comenzó y el 6 de junio se renovarán 17 gubernaturas, además de la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos.
En términos generales, el resultado es favorable para los gobiernos estatales: 18 mandatarios se encuentran por encima del promedio nacional y 14 por debajo. La aprobación promedio llegó a 52.8% en agosto de 2026, después de que 20 gobernadores registraran incrementos, 11 retrocesos y uno permaneciera sin cambios. En la parte alta aparecen Mauricio Kuri, de Querétaro; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
El dato no predice por sí mismo el resultado electoral, pero sí establece una primera condición de competencia. Los gobiernos mejor evaluados llegan con mayor capacidad para defender su gestión, influir en la selección de candidaturas y transferir reconocimiento a sus partidos. Los peor evaluados, en cambio, enfrentan un problema doble, deben convencer a la ciudadanía y, al mismo tiempo, evitar que la elección se convierta en un referéndum sobre su administración.
Una aprobación superior al promedio ofrece ventajas concretas, permite presumir resultados antes del inicio formal de las campañas. Mejora la posición del gobernador frente a las dirigencias partidistas. Facilita la construcción de una narrativa de continuidad. Reduce, al menos inicialmente, el costo político de defender al partido gobernante. Puede impulsar a candidatos identificados con la administración estatal.
Pero una encuesta de aprobación no equivale a intención de voto. La ciudadanía puede valorar positivamente a un gobernador y, al mismo tiempo, votar por una opción distinta en la elección sucesoria. También puede aprobar la gestión general, pero desaprobar problemas específicos como inseguridad, corrupción, servicios públicos o falta de empleo.
La aprobación funciona como un activo político; no como un cheque en blanco.
Mauricio Kuri aparece en el primer lugar de la medición, con 61.8% de aprobación en agosto, seguido muy de cerca por Ricardo Gallardo, con 61.7%, y Clara Brugada, con 61.5%.
Para el PAN, el dato es especialmente importante porque Querétaro es uno de sus principales bastiones. La elección de 2027 pondrá a prueba si el reconocimiento de Kuri puede convertirse en respaldo para la candidatura panista y para el conjunto de la oferta electoral del partido.
El gobernador llega con una ventaja narrativa: puede presentar el proceso como una evaluación de continuidad, estabilidad y resultados. Sin embargo, esa transferencia no es automática. Kuri no estará en la boleta y la ciudadanía evaluará al candidato, su propuesta, su equipo y la situación concreta del estado.
Ricardo Gallardo, con alto reconocimiento y gran activo para el PRI. El caso de San Luis Potosí presenta una particularidad política. Ricardo Gallardo Cardona, vinculado al Partido Verde, registra una aprobación de 61.7% y ocupa el segundo lugar nacional. La información proporcionada identifica al mandatario como priista, pero las mediciones consultadas lo ubican como gobernador del PVEM; esa diferencia partidista debe aclararse antes de extraer conclusiones sobre una eventual ventaja del PRI.
Más allá de la adscripción partidista, el dato tiene una consecuencia evidente, el partido o coalición que gobierne San Luis Potosí intentará convertir el respaldo a Gallardo en una plataforma de continuidad.
La oposición, por su parte, tratará de separar la evaluación personal del gobernador de los problemas estructurales del estado. Buscará demostrar que una aprobación elevada no necesariamente significa que exista consenso sobre el rumbo político, la seguridad, la calidad de los servicios o el uso de los recursos públicos.
Clara Brugada ocupa el tercer lugar entre los mandatarios mejor evaluados. Aunque en la Ciudad de México no se elegirá una gubernatura, su posición tiene una importancia política mayor. En 2027 se renovarán las 16 alcaldías, el Congreso capitalino y los diputados federales. En total, la ciudadanía elegirá 286 cargos.
La aprobación de Brugada puede favorecer a Morena en dos frentes. Primero, le permite defender la gestión capitalina como una administración con respaldo ciudadano. Segundo, puede contribuir a que el partido conserve o recupere alcaldías y mantenga una posición dominante en el Congreso local.
Pero la Ciudad de México es políticamente fragmentada. La aprobación de la jefa de Gobierno no se distribuye de manera uniforme entre alcaldías, grupos sociales o zonas territoriales. Es probable que la oposición intente convertir la elección en una evaluación de servicios urbanos, seguridad, movilidad, agua, mantenimiento y calidad de vida.
La popularidad de Brugada puede ayudar a Morena, pero el resultado dependerá también de la selección de candidatos, la unidad interna y la capacidad de los partidos opositores para coordinarse. En la capital, una diferencia pequeña en participación o movilización puede modificar el resultado en varias alcaldías.
Uno de los riesgos de interpretar la medición de Mitofsky es tratar 2027 como una sola contienda nacional. Aunque la elección tendrá una fuerte dimensión federal y se renovarán 500 diputaciones, las 17 gubernaturas se disputarán bajo circunstancias distintas.
Los estados que renovarán gubernatura son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
En cada entidad importarán factores específicos: La evaluación del gobernador saliente. La seguridad y la percepción de violencia. La economía local y el empleo. La obra pública y los servicios. La relación entre el gobierno estatal y los municipios. La selección de candidaturas. La fortaleza territorial de los partidos. La posibilidad de alianzas y rupturas. La participación electoral. La evaluación del Gobierno federal.
Por ello, la aprobación estatal es una variable importante, pero no la única. Un gobernador puede tener buen desempeño personal y enfrentar un partido dividido. También puede tener una calificación media y entregar la elección a un candidato competitivo si la oposición no logra organizarse.
En los estados donde el gobernador está claramente por encima del promedio, el partido gobernante tendrá argumentos para plantear una elección de continuidad. La lógica será sencilla, si la ciudadanía aprueba la administración, conviene conservar el rumbo.
Esa estrategia será más potente cuando la aprobación se acompañe de resultados visibles y de una sucesión ordenada. Si existen obras reconocibles, programas valorados y una candidatura competitiva, la encuesta puede reforzar la decisión de votar por el oficialismo.
Los gobernadores mejor evaluados tendrán mayor capacidad de influencia en la designación de candidatos. Las dirigencias partidistas difícilmente ignorarán a un mandatario que conserva niveles superiores a 60% de aprobación, especialmente si mantiene control territorial y capacidad de movilización.
Sin embargo, la popularidad también puede generar disputas internas. Varios grupos buscarán ser los beneficiarios de la continuidad y la competencia por la candidatura puede dividir a la coalición gobernante.
Los 14 gobernadores ubicados por debajo del promedio enfrentarán un entorno más difícil. La oposición intentará convertir la elección en un juicio sobre resultados, promesas incumplidas y problemas no resueltos.
Pero un bajo desempeño no garantiza una derrota. La oposición necesitará una candidatura creíble, una estructura suficiente y un discurso capaz de explicar cómo corregirá las deficiencias. Atacar al gobernador no será suficiente si no existe una alternativa convincente.
Morena, el PAN, el PRI, el Partido Verde y las coaliciones buscarán presentar los resultados como evidencia de la superioridad de sus respectivos modelos. El oficialismo destacará que algunos de sus gobiernos se encuentran entre los mejor evaluados; el PAN utilizará el caso de Querétaro como prueba de capacidad de gestión; y el PRI intentará recuperar espacios donde aún conserve estructuras y gobiernos competitivos.
No obstante, la mezcla partidista de los tres primeros lugares muestra que la aprobación ciudadana no se distribuye de manera estrictamente ideológica. La ciudadanía parece evaluar también resultados, liderazgo y cercanía, aunque esas percepciones se transforman después en decisiones partidistas y electorales.
Toda medición de aprobación tiene límites. El resultado depende del cuestionario, la fecha de levantamiento, el tamaño y tipo de muestra, la forma de preguntar y el contexto político. Además, una fotografía de agosto no puede anticipar el comportamiento ciudadano de junio de 2027.
Entre la evaluación publicada y la jornada electoral ocurrirán debates, crisis de seguridad, conflictos internos, cambios económicos, definición de candidaturas y campañas de contraste. Cualquiera de esos factores puede modificar la opinión pública.
El verdadero valor político del ranking se observará en la capacidad de cada mandatario para transferir reconocimiento a su partido.
Mauricio Kuri tendrá que demostrar que su aprobación puede traducirse en continuidad para el PAN en Querétaro. Ricardo Gallardo deberá convertir su respaldo personal en una sucesión ordenada y competitiva en San Luis Potosí. Clara Brugada tendrá que ayudar a Morena a conservar presencia en la Ciudad de México sin que la elección se reduzca a una evaluación de los servicios urbanos.
En los tres casos, la clave será la percepción de que existe un proyecto, un equipo y una candidatura capaces de mantener los aspectos positivos de la administración y corregir sus pendientes.
Un gobernador popular puede ser una locomotora electoral. Pero también puede convertirse en una carga si la candidatura sucesora no está a la altura, si existen conflictos de corrupción o si la oposición logra imponer una agenda distinta.
La ciudadanía reconoce la gestión del gobernador, pero decide votar por otra fuerza en la Cámara de Diputados, el Congreso local o los ayuntamientos. Este escenario es particularmente posible en la Ciudad de México, donde la elección de alcaldías tiene dinámicas territoriales propias.
La aprobación disminuye por problemas de seguridad, crisis económica, conflictos internos o escándalos. Los partidos opositores aprovechan la caída para presentar la elección como una oportunidad de alternancia.
Las coaliciones se dividen, surgen candidaturas competitivas fuera de las estructuras tradicionales y el resultado se define por márgenes estrechos. En este caso, el reconocimiento del gobernador ayuda, pero no sustituye la capacidad de movilización electoral.
La evaluación de Consulta Mitofsky tendrá influencia en las elecciones de 2027 porque ofrecerá una primera fotografía de la fortaleza política de los gobiernos estatales. Los 18 mandatarios ubicados por encima del promedio llegan con una ventaja de percepción; los 14 que están debajo enfrentan mayores incentivos para corregir, renovar equipos y justificar su gestión.
Pero la encuesta no decide elecciones. La aprobación es una condición favorable, no un resultado anticipado. Entre el reconocimiento de una gestión y el voto por su sucesor existe una distancia que sólo puede cubrirse con candidaturas competitivas, partidos cohesionados, resultados verificables y una estrategia territorial eficaz.
En 2027, la pregunta no será únicamente quién gobierna mejor según las encuestas. Será quién logra convertir esa evaluación en confianza electoral.
