En entrevista con varios representantes de los medios de comunicación, el Doctor Rafael Vela Martínez explicó cual podría ser el procedimiento a seguir, en el caso de que efectivamente, el rector Martín Aguilar, renunciara al cargo.
PREGUNTA. ¿Qué espera usted del informe que presuntamente rendirá Martín Aguilar ante el Consejo Universitario General este viernes?
RESPUESTA. Espero un acto de responsabilidad frente a la comunidad universitaria. Considero recomendable que el doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez presente su renuncia. No lo planteo por animadversión ni como una exigencia exclusivamente personal, sino porque distintos sectores estudiantiles, académicos y laborales han manifestado una pérdida profunda de confianza en su gestión. Por dignidad del propio Rector y por el bien superior de la Universidad, éste puede ser el momento para abrir una salida legal, ordenada y verdaderamente universitaria.
PREGUNTA. ¿Qué hechos permiten hablar de una pérdida de confianza?
RESPUESTA. Existe una secuencia pública y verificable. En septiembre de 2025 hubo manifestaciones contra la prórroga rectoral. Después de la inundación de Poza Rica–Tuxpan y del fallecimiento de una estudiante se produjeron protestas, exigencias de destitución y tomas de instalaciones, incluida la Unidad Académica de Humanidades. Más recientemente, estudiantes de Medicina en Ciudad Mendoza tomaron su Facultad por falta de instrumentos de laboratorio, equipos obsoletos, deficiencias de internet y carencias en los servicios sanitarios. También hubo movilizaciones ante la Vicerrectoría de Orizaba y un paro en la Universidad Veracruzana Intercultural de Xalapa por problemas relacionados con la contratación de una docente. No son conflictos idénticos, pero en conjunto revelan una falla persistente de escucha, gestión y respuesta institucional. No afirmo que toda la comunidad piense de la misma manera; sostengo que existen voces numerosas, reiteradas y procedentes de distintas regiones que no pueden continuar siendo ignoradas.
PREGUNTA. Si Martín Aguilar se separara del cargo, ¿qué diferencia existe entre solicitar licencia y presentar su renuncia?
RESPUESTA. Ésta es la precisión jurídica central. La legislación universitaria no trata igual una licencia que una renuncia. Si se trata de una ausencia temporal de hasta tres meses, el Secretario Académico suple al Rector con fundamento en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica. Si la ausencia excede tres meses, la Junta de Gobierno debe designar formalmente como Rector interino al titular de la Secretaría Académica. En ambos casos, Martín Aguilar conservaría la titularidad y podría regresar al concluir la licencia.
La renuncia produce una consecuencia completamente distinta: genera una vacante definitiva. La Junta debe resolver y aceptar la renuncia, nombrar una persona sustituta que garantice temporalmente la continuidad administrativa y convocar a un procedimiento completo para designar a la nueva persona titular de la Rectoría por un nuevo periodo de cuatro años.
Por ello, Arturo Aguilar Ye no quedaría automáticamente como Rector definitivo por ser Secretario Académico. Tampoco correspondería que una persona interina o sustituta permaneciera durante los tres años restantes del periodo 2025–2029. La norma exige una transición breve y una nueva designación rectoral.
PREGUNTA. ¿Existe el riesgo de que la renuncia sea utilizada para dejar en la Rectoría a una persona previamente acordada?
RESPUESTA. Ése es precisamente el riesgo que debe evitarse. Una renuncia verdadera no puede convertirse en una operación de continuidad encubierta para conservar el poder dentro del mismo grupo. No afirmo sin pruebas que ya exista un acuerdo clandestino; señalo que circulan versiones y existe una preocupación razonable ante la posibilidad de que se pretenda dejar en la Rectoría a un funcionario cercano al actual Rector. La Junta de Gobierno tiene la obligación de despejar esa sospecha mediante decisiones transparentes. La persona sustituta debe tener una función estrictamente transitoria. La Junta tendría que publicar inmediatamente la convocatoria, establecer fechas ciertas, garantizar la consulta a las Juntas Académicas, realizar una auscultación amplia y fundamentar públicamente todas sus decisiones.
Si no se convoca, si el interinato se prolonga o si se pretende que el Secretario Académico herede automáticamente la Rectoría, estaríamos ante una simulación del relevo y frente a la continuidad del mismo problema de legitimidad. La Universidad no necesita cambiar un nombre para conservar el mismo esquema de poder; necesita recuperar la legalidad y la participación de su comunidad.
PREGUNTA. ¿Cómo se relacionan las denuncias sobre las plazas y el subejercicio presupuestal con esta crisis?
RESPUESTA. Existe una contradicción que la Rectoría debe explicar. Por una parte, hay denuncias de plazas docentes y de investigación que se solicitan oportunamente, pero cuya contratación se retrasa durante semanas o meses; también existen señalamientos sobre cargas laborales o contrataciones previamente comunicadas que posteriormente son retiradas. Esto deja grupos sin docentes y genera incertidumbre para académicos y trabajadores.
Por otra parte, de los estados presupuestales revisados por el ORFIS se desprenden recursos no ejercidos al cierre por aproximadamente 1,578.4 millones de pesos en 2021; 1,201.8 millones en 2022; 1,845.7 millones en 2023, y 1,935.4 millones en 2024. En conjunto, representan alrededor de 6,561.3 millones de pesos.
No afirmo que todo ese monto pudiera gastarse indistintamente ni que constituya automáticamente daño patrimonial. Existen recursos etiquetados y compromisos específicos. Pero sí resulta indispensable explicar cuánto estaba realmente disponible, por qué no se ejerció oportunamente y qué metas académicas, laborales, de infraestructura y mantenimiento dejaron de cumplirse.
No se puede hablar solamente de falta de recursos cuando hay estudiantes denunciando laboratorios sin instrumentos, equipos obsoletos y servicios deficientes, mientras se registran montos tan elevados sin ejercer. Se requiere una auditoría independiente sobre plazas, contrataciones y subejercicios.
PREGUNTA. ¿Pedir la renuncia del Rector no representa un intento por desestabilizar a la Universidad?
RESPUESTA. Todo lo contrario. Desestabiliza más ignorar las protestas, normalizar las tomas de instalaciones, retrasar las contrataciones, responder tardíamente a las crisis y mantener abierta una controversia sobre la legitimidad de la Rectoría.
Pedir una salida sustentada en la Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Reglamento de la Junta de Gobierno no significa atacar la autonomía universitaria; significa defenderla. La autonomía no es poder sin reglas. La estabilidad verdadera tampoco significa guardar silencio: significa legalidad, confianza, diálogo y capacidad institucional para corregir.
PREGUNTA. ¿Cuál es su mensaje final al Rector y al Consejo Universitario General?
RESPUESTA. Al doctor Martín Aguilar le diría que este viernes tiene la oportunidad de convertir un informe cuestionado en un acto de responsabilidad histórica. Una renuncia digna, acompañada de una transición legal y ordenada, puede abrir el camino para reconciliar a la comunidad y devolver legitimidad a la Rectoría. La Universidad Veracruzana está por encima de cualquier persona, grupo o administración.
Al Consejo Universitario General le corresponde no actuar como público invitado ni como instancia de aclamación. Es la máxima autoridad colegiada de la Universidad y debe escuchar, deliberar y exigir respuestas verificables sobre las protestas estudiantiles, las plazas, el subejercicio presupuestal, las condiciones de las instalaciones y la actuación institucional en Poza Rica–Tuxpan.
Si el Rector renuncia, la Junta de Gobierno deberá aceptar formalmente la renuncia, designar una persona sustituta con funciones transitorias y emitir inmediatamente una convocatoria abierta para elegir a la nueva persona titular por cuatro años. Una transición legítima no debe servir para heredar el poder, sino para devolver la Universidad a su comunidad.
