Más de 130 mil millones de dólares inyectados por el gobierno federal para mantener a flote a Petróleos Mexicanos (PEMEX) no han salvado a la petrolera, pero sí han arrastrado a México al borde del grado especulativo. Los mercados ya tratan a la deuda soberana mexicana como si fuera “basura”, aun cuando las calificadoras mantienen formalmente al país en el último escalón del grado de inversión. El costo de ese rescate lo pagamos hoy todos los mexicanos, a través de tasas de interés más altas, menor margen para invertir en prioridades nacionales y una creciente desconfianza de los inversionistas.
El contagio financiero, cuando PEMEX resta un peldaño a México. Las agencias calificadoras lo han dicho con claridad, la deuda de PEMEX le resta un “notch” entero a la calificación de México. Moody’s bajó al país a Baa3 en mayo de 2026, el último nivel antes de caer en especulativo, citando el debilitamiento fiscal y el costo de sostener a la petrolera. Fitch, por su parte, mantiene a México en BBB‑, pero advierte que la carga de PEMEX le cuesta un peldaño completo al soberano.
El resultado es paradójico y preocupante, aunque México sigue técnicamente en grado de inversión, sus bonos se cotizan en los mercados con spreads y primas de riesgo propias de países especulativos. En otras palabras, el mercado ya está cobrando a México como si estuviera en “basura”, lo que encarece el financiamiento del gobierno y, por extensión, de empresas y estados.
Un pozo sin fondo, el costo fiscal de salvar a una empresa en crisis. Las cifras son elocuentes. En 2025, el gobierno destinó alrededor de 35 mil millones de dólares a PEMEX, casi 1.9% del PIB. Para 2026 presupuestó otros 14 mil millones, sin contar las inyecciones previas que, acumuladas, superan los 130 mil millones de dólares reportados por Bloomberg.
Este esfuerzo fiscal no es inocuo. Compite directamente con otras prioridades infraestructura no petrolera, seguridad, programas sociales y la indispensable transición energética. Más grave aún, se envía la señal de que las finanzas públicas dependen de mantener a flote una empresa con problemas estructurales profundos, en lugar de usar esos recursos para construir un futuro económico más diversificado y resiliente.
Mientras el gobierno inyecta capital, la realidad operativa de PEMEX cuenta otra historia. La petrolera produce aproximadamente la mitad del petróleo que extraía hace dos décadas. Los yacimientos maduros se agotan, y cada nuevo barril requiere perforar más profundo o en aguas más complejas, lo que eleva los costos operativos de manera sostenida.
El negocio de refinación, lejos de ser una fuente de ingresos, genera pérdidas estimadas en al menos 10 mil millones de dólares al año, según el IMEF. Esas pérdidas erosionan cualquier beneficio que pudiera derivarse de precios altos del crudo. Aunque la empresa ha reducido su deuda en términos absolutos (reportes recientes la ubican entre 77 y 84 mil millones de dólares), su perfil crediticio propio sigue siendo especulativo, S&P le asigna un perfil CCC+ sin apoyo gubernamental.
Qué debe hacer México?, frente a este escenario, no basta con más inyecciones de capital. México necesita un paquete coherente de medidas que separe el destino financiero del país del de la petrolera y ataque los problemas de fondo.
El gobierno debe limitar las garantías explícitas del Tesoro a nueva deuda de PEMEX y evitar que las obligaciones de la petrolera se reflejen automáticamente como riesgo soberano. Además, conviene establecer un techo claro y decreciente de apoyo fiscal anual a PEMEX, con reglas de transparencia y rendición de cuentas, para que los mercados vean un camino de salida y no un pozo sin fondo.
México debe diseñar una reestructuración de pasivos que alargue plazos, reduzca tasas donde sea posible y priorice la deuda en dólares de alto costo con vencimientos concentrados. El objetivo es evitar defaults desordenados que disparen el riesgo país. Esta reestructuración debe acompañarse de un plan de desinversión y venta de activos no estratégicos —participaciones menores, infraestructura no crítica, proyectos maduros— para generar flujo y reducir deuda sin comprometer la seguridad energética.
Es indispensable profesionalizar la gestión de PEMEX, blindando las decisiones técnicas —inversión, exploración, refinación— de los ciclos políticos y estableciendo metas claras de retorno sobre capital. El modelo de refinación debe revisarse a fondo, incluso evaluar el cierre, modernización o asociación estratégica en refinerías con pérdidas crónicas, y considerar joint ventures con operadores internacionales en refinación y logística para compartir riesgo y tecnología. La producción debe enfocarse en yacimientos con mejor margen y menor costo marginal, incluso si eso implica producir menos volumen pero más rentable.
El petróleo no puede seguir siendo el “banco de rescate” fiscal. México debe ampliar su base tributaria no petrolera —combustibles, servicios, economía digital— para reducir la dependencia de PEMEX y del crudo en el presupuesto. Parte de los ingresos petroleros restantes deberían destinarse a fondos de estabilización, no a cubrir déficits corrientes. Además, el país debe avanzar en una estrategia energética mixta —gas, renovables, eficiencia— que reduzca la presión sobre PEMEX como único pilar energético y fiscal.
El gobierno debe publicar un plan financiero de mediano plazo para PEMEX que incluya metas de deuda/EBITDA, proyecciones de producción y costos unitarios, y escenarios de apoyo fiscal con condiciones claras para su reducción. Mantener un diálogo constante con agencias calificadoras e inversionistas es esencial para evitar sorpresas y mostrar consistencia entre discurso y ejecución.
El problema de fondo no es solo que PEMEX tenga mucha deuda o produzca menos. Es que el mercado percibe que el Estado mexicano está dispuesto a gastar recursos ilimitados para evitar su colapso, aun cuando la empresa pierde dinero en refinación y tiene costos crecientes. Esa percepción ha hecho que los bonos de México se coticen “como basura” y que el país pague tasas más altas que vecinos con menor calificación formal.
Financieramente, lo más sensato para México es romper el riesgo soberano del riesgo de PEMEX mediante límites claros de apoyo y menos garantías; reestructurar y reducir la deuda de la petrolera de forma ordenada; reformar su operación y gobierno corporativo para que deje de ser un lastre fiscal; y diversificar las fuentes de ingreso público para no depender de rescatar una empresa ineficiente.
Sin ese conjunto de medidas, cualquier nueva inyección de capital seguirá “comprando tiempo” a cambio de más deterioro en la percepción de riesgo de México. Y el tiempo, en los mercados, siempre tiene un precio.
