• Las querellas fueron presentadas ante la FGR y la FGE por posibles operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
• Miguel Santiago Reyes Hernández señaló que los recursos habrían circulado a través de fundaciones, inmobiliarias y agencias de publicidad.
Xalapa, Ver.- El Gobierno de Veracruz presentó denuncias ante autoridades federales y estatales para investigar el presunto manejo irregular de alrededor de 280 millones de pesos relacionados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), recursos que habrían sido canalizados mediante distintas empresas e intermediarios.
Miguel Santiago Reyes Hernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), informó que las querellas fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), por hechos que podrían configurar delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.
El funcionario explicó que las investigaciones deberán determinar el origen, destino y recorrido de los recursos, así como las personas que eventualmente pudieran resultar responsables.
“El monto a investigar es por el orden de los 280 millones de pesos en su origen, en su procedencia, en su trazabilidad y que manejaba la Fundación EDAL, a través de diversos mecanismos”, señaló.
De acuerdo con Reyes Hernández, parte de esos recursos provenían de los pagos realizados por estudiantes, además de otras fuentes que también forman parte de la revisión.
Indicó que el dinero no necesariamente llegaba de manera directa a quienes prestaban servicios para la UPAV, sino que habría pasado previamente por distintas figuras jurídicas y empresas.
Entre los mecanismos detectados mencionó transferencias hacia inmobiliarias y posteriormente a otras compañías, incluidas agencias de publicidad, desde las cuales finalmente se efectuaban pagos a docentes o colaboradores.
Como ejemplo, refirió el caso de personas que realizaban actividades para la universidad sin mantener una relación laboral directa con la institución y que recibían sus remuneraciones por medio de empresas cuyo giro no correspondía necesariamente con los servicios prestados.
Explicó que, de acuerdo con la información revisada, una fundación concentraba recursos provenientes de estudiantes y otras fuentes, posteriormente los transfería a una empresa inmobiliaria, ésta a otra y, finalmente, a una agencia de publicidad encargada de efectuar pagos.
Según el titular de Sefiplan, este mecanismo también habría permitido evitar una relación laboral directa entre los trabajadores y la universidad, con implicaciones en materia de antigüedad y obligaciones laborales.
Reyes Hernández precisó que las denuncias fueron presentadas semanas atrás y se formularon contra quien resulte responsable, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de establecer si existieron conductas constitutivas de delito y quiénes habrían intervenido.
Añadió que, debido a la naturaleza de las operaciones detectadas, el Gobierno del Estado determinó dar vista tanto a la Fiscalía estatal como a la federal.
Finalmente, indicó que corresponderá a ambas instituciones informar sobre el desarrollo de las investigaciones y las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso.
