- Entre las faltas detectadas se encuentran enriquecimiento injustificado, cobros indebidos, nepotismo y uso irregular de vehículos oficiales.
- Algunos de los funcionarios fueron inhabilitados hasta por 10 años para ocupar cargos públicos.
Ciudad de México.- Un total de 41 servidores públicos fueron sancionados por diversas irregularidades cometidas dentro de instituciones federales, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como resultado de investigaciones que detectaron desde afectaciones millonarias al erario hasta contratación de familiares y utilización indebida de bienes públicos.
En conjunto, las multas impuestas superan los 22.4 millones de pesos, mientras que algunas de las inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público alcanzan los 10 años.
Entre las conductas investigadas figuran un quebranto por alrededor de 20 millones de pesos, incrementos patrimoniales sin justificar, recepción de pagos indebidos, irregularidades en contrataciones y uso inapropiado de vehículos pertenecientes a instituciones gubernamentales.
Birmex concentra las sanciones económicas más elevadas
Uno de los expedientes de mayor impacto corresponde a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), donde dos servidores públicos autorizaron el pago de cinco facturas entre 2018 y 2019 sin contar con evidencia suficiente que acreditara el cumplimiento total de los servicios contratados para un sistema de gestión gubernamental.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó imponerles inhabilitaciones por 10 años, además de sanciones económicas individuales por 12.2 millones y 8.7 millones de pesos.
Detectan incremento patrimonial injustificado en CFE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también aparece entre las instituciones donde fueron identificadas faltas graves.
En uno de los casos, un trabajador omitió declarar cuentas bancarias y explicar el origen de determinados recursos en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2017, 2018 y 2020.
Las investigaciones encontraron un incremento de 5.4 millones de pesos en su patrimonio personal y familiar que no pudo ser justificado, por lo que fue inhabilitado durante una década.
Otro expediente corresponde a un empleado de la CFE en Coatzacoalcos, Veracruz, quien en 2020 condujo un vehículo institucional después de consumir bebidas alcohólicas y a exceso de velocidad.
La unidad terminó volcada y fue considerada pérdida total, junto con el equipo hidráulico que transportaba. Por estos hechos, el tribunal estableció una sanción económica de 450 mil pesos y una inhabilitación de 10 años.
Asimismo, una trabajadora de la central termoeléctrica Presidente Juárez, ubicada en Ensenada, Baja California, recibió durante casi dos años 13 pagos excedentes correspondientes a prima vacacional sin reportarlos ni devolver los recursos.
En este caso se determinó una sanción de 273 mil pesos y una inhabilitación por una década.
Funcionario de Semarnat autorizó gastos sin tener facultades
En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el TFJA ordenó la destitución de un funcionario que autorizó pagos correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación para una empresa sin contar con atribuciones para hacerlo.
Además de perder el cargo, recibió una multa de 700 mil pesos y quedó inhabilitado durante 10 años para desempeñarse en el servicio público.
Las investigaciones también documentaron otros casos, entre ellos la utilización de listas de asistencia falsas en una biblioteca pública de Tulum para justificar el cobro de salarios sin acudir al centro de trabajo.
Otro expediente involucró la venta a una empresa recicladora de 37 mil cajas que contenían documentación de Banjército, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se detectó la participación de una servidora pública en un procedimiento relacionado con la contratación de su propia hija.
Inhabilitan a funcionarios del AICM
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tres servidores públicos fueron sancionados después de participar en la elaboración, revisión y autorización de una justificación para cancelar una licitación relacionada con el servicio de limpieza de las terminales 1 y 2.
Las investigaciones determinaron que los funcionarios no contaban con las facultades necesarias para tomar esa decisión, por lo que cada uno recibió una inhabilitación de tres meses.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las investigaciones internas permitieron reunir los elementos necesarios para llevar los expedientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de imponer las sanciones correspondientes en los casos considerados como faltas administrativas graves.
