Por razones que los mortales de a pie no alcanzamos a comprender, al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, lo traen asoleado casi desde que comenzó su mandato. Primero le quitaron a los policías municipales al conque de que no habían acreditado sus exámenes de confianza, después le mandaron a la subsecretaria de Desarrollo Social, Eusebia Cortez, a que le gritara improperios por una silla de ruedas que gestionó el ayuntamiento, pero doña Eusebia no le quiso dar el debido crédito a esa gestión.
Más adelante quisieron desaforarlo porque entregó con retraso el Plan Municipal de Desarrollo. Después, el comandante de la policía municipal y tres elementos fueron detenidos y vinculados a proceso por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Y por último, la Fiscalía General del Estado pidió el desafuero del propio Raúl como presunto autor intelectual de ese crimen.
El martes 21 de julio el edil acudió al Congreso local para ser notificado formalmente del inicio de su desafuero. Y ahí le dijeron que tiene un plazo legal de siete días para presentar pruebas, documentos y los alegatos correspondientes en su defensa.
¿Hay suficiente solidez jurídica como para presumir que el munícipe es responsable de ese crimen deleznable?
Bueno, la FGE se encontró con un “testigo protegido” que dijo haber “escuchado” al alcalde hablar con “un jefe criminal” al que ordenó ejecutar a la periodista porque “Roxana tenía una foto de él portando un arma de alto poder”.
Es decir, la Fiscalía hizo caso a un testimonio “de oídas” que carece de valor probatorio.
En este México nuestro hay 2 mil 462 municipios con sus respectivos alcaldes o alcaldesas. Y han sido varios los que han posado con armas de alto poder y cuyas fotos ellos mismos suben a sus redes. Una vez que se arma el jaleo mediático, el Congreso de su estado les da un jaloncito de orejas y los conmina a no repetir el numerito, los alcaldes suben un video ofreciendo disculpas. Y listo.
¿Por qué el munícipe de Ixhuatlán del Sureste tendría que ser la excepción y ordenar un asesinato perpetrado con inhumana sevicia?
Ojo lector, no estoy defendiendo al edil. Si resulta responsable lo justo será que pague con cárcel su crimen. Pero si todo se trata de una sucia patraña como las que acostumbraban Eric Cisneros y su chalán Cuitláhuac García… uta.
En la misma tabla está el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, al que acusan de la desaparición de un empresario, su escolta y la camioneta donde viajaban.
Algo no cuadra en estas dos peticiones de desafuero de dos munícipes que curiosamente son de Movimiento Ciudadano. Pero al parecer hay una explicación. “Los morenos están aterrados por el triunfo de MC en las elecciones pasadas y porque sus encuestas internas dicen que el partido naranja puede ganar la mayoría en el Congreso. De ahí que quieran doblar con amenazas o cárcel a sus militantes”, me dijo un analista que de esto sabe un mundo.
Movimiento Ciudadano contraatacó. Mediante un enérgico comunicado fijó su postura al asegurar que desde que la 4T llegó al poder no se combatió ni se combate al crimen organizado, pero sí se persiguió y se persigue a opositores, periodistas, académicos y funcionarios.
“Encarcelar por motivos políticos a quien piensa diferente no debió ni debe permitirse nunca… Exigimos el cese inmediato de cualquier acto de persecución política contra integrantes de nuestro movimiento o contra cualquier ciudadano que sea perseguido por pensar distinto, señalar abusos o defender una causa legítima”.
El texto finaliza: “Estamos a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho. Nadie debe estar por encima de la ley. Y justo por eso las instituciones del Estado deben servir a la justicia, no a la presión política”.
Mientras las autoridades dicen que tanto el caso de Raúl como el de Bertín son temas eminentemente judiciales, la voz de la raza asegura que son políticos. Y tienen que ver conque ambos alcaldes se habrían negado a brincar a las filas de Morena cuando los “invitaron”.
La gobernadora Rocío Nahle lo negó: “Es mentira que a esos dos alcaldes se les haya invitado a Morena. Eso no es cierto. Yo pregunté al dirigente estatal y eso no es verdad”.
En lo personal yo le creo a la gobernadora, al que no le creo es a su dirigente estatal.
Apenas en abril pasado, los alcaldes de Chiacaltianguis, Ackciel Jamir Torrecilla y de Yecuatla, Rolando Jiménez Pérez, renunciaron al PT y se fueron a Morena tras una visita que les hizo el dirigente de ese partido Esteban Ramírez Zepeta con quien se tomaron la foto. Lo mismo pasó con la alcaldesa de Teocelo, Daniela Villegas Olmos, que llegó a la alcaldía abanderada por el PT pero se sumó a Morena después de una agradable visita que le hizo Zepeta con quien también se tomó la foto.
Es vox populi que después de la pateada que le dieron a Morena en las elecciones municipales del año anterior y para congraciarse con la gobernadora, Ramírez Zepeta se dedicó a visitar a los alcaldes de oposición a quienes les hizo tentadoras ofertas si se pasaban al guinda o veladas amenazas si se negaban. Y tanto Raúl González Martínez como Bertín Bravo Montero se habrían negado, por lo que están a punto de sufrir las consecuencias.
Caray, y pensar que los morenos y su líder Andrés Manuel llegaron al poder prometiendo que serían diferentes.
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