La Revocación de Mandato junto con el referéndum son figuras propias de una democracia participativa, expresan a la vez la capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho a deponer autoridades cuyo desempeño es decepcionante y ya no garantiza buenos resultados. La prevalencia de esas figuras guarda correspondencia con una ciudadanía madura y participativa que expresa su anuencia o inconformidad determinantemente a través de los canales institucionales establecidos para tales efectos. El presidente López Obrador elevó a rango constitucional la Revocación de Mandato, pero lamentablemente esa reforma contrasta con una realidad objetiva: la ciudadanía mexicana aún se vacila cuando se trata de inconformarse contra una autoridad, perdura en el subconsciente colectivo la genética de la subordinación acrítica ante la autoridad, porque encumbra con su poder a quien después idolatra, señal de supina inmadurez.
Esa condición la estamos constatando en Veracruz porque aparte de Eduardo de la Torre y algún otro ciudadano nadie ha levantado la voz para que en esta entidad se legislen las leyes secundarias que regulen el proceso de una Revocación de Mandato. Un diputado del Verde Ecologista inició un proceso legislativo deformando el espíritu original que dio margen a la figura de referencia, propone impedimentos más que elementos que propicien su procedencia, se entiende como una alfombrita del queda bien. Pero la deformación alcanza el grado de escandalo porque incluso la presidenta Sheinbaum se muestra sorprendida y sugiere revisar el bodrio legislativo en comento. Si la intención subliminal fue inspirada para agradar a la gobernadora poco favor se le hizo, porque dada la abdicación de su condición de Poder autónomo, una iniciativa de esa naturaleza no pudo haberse procesado sin previa consulta. Tan no le hizo gracia a la gobernadora que a pregunta expresa se abstuvo de abundar sobre el asunto. Pero así pasa cuando sucede.
