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El asesinato del reportero Gumaro “N” el 19 de diciembre del 2017, en el sur de Veracruz, obliga -a la distancia- a una reflexión profunda sobre la coyuntura histórica que protagonizan el Estado mexicano, su estado de Derecho, nuestra sociedad en general, amén de la condición que guardan estructuras como la libertad de expresión y la ética.
Gumaro “N” fue reportero y tras su muerte a manos del crimen organizado resultó revictimizado por el gobierno estatal, en aquel momento en manos de Miguel Ángel Yunes Linares, quien lo señaló como “halcón” de un grupo del crimen organizado.
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Lo paradójico de la historia es que al exgobernador del periodo 2016-2018, le asistió la razón; aun cuando no le asistía el derecho de expresar su argumento del modo que lo hizo, por razones de ética política.
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Para entender el caso de Gumaro “N”, se requiere -obligadamente- retroceder en el tiempo a partir del momento de su asesinato.
Meses -años- previos al 19 de diciembre del 2017, otro reportero identificado como D. “N”, escapó desde el sur de Veracruz para salvar la vida.
En círculos reporteriles y policiacos se ubicó y se ubica a D. “N” como reportero pero también como presunto “halcón” de un grupo al margen de la ley.
Por motivos inherentes a esa presunta relación particular e ilegal, la vida de D. “N” fue amenazada y se vio obligado a marcharse.
Aquel doble rol fue asumido por Gumaro “N”, quien vivió una circunstancia y/o coyuntura semejante a la de su antecesor pero su suerte fue distinta y no pudo salvarse.
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A casi nueve años del crimen del reportero cuyo celular sirvió de base para el análisis pericial y ministerial que lo ubicó como un ciudadano con doble papel -el de reportero en varios medios de comunicación, si; pero el de miembro de un cartel de la delincuencia, también-, México y Veracruz, lo mismo que otras entidades de la República, se ubican frente a la exigencia de un debate sobre debates.
Un conflicto de fondo surge desde varias perspectivas -políticas, sociológicas, históricas- en torno a esta contradicción: no podemos debatir sobre debates inexistentes; pero además no debatimos porque evadimos debatir.
Me explico: historias como las de Gumaro “N” y D. “N” debieron atenderse y generar debates, varios lustros atrás; solo que nadie las abordó (ni la aborda) porque todos -autoridades y sociedad- preferimos voltear hacia otro lado mientras topamos con el elefante en la sala; al cual olemos, escuchamos, tocamos, sentimos…pero evadimos.
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Esta observación aguda no niega un punto medular y dialéctico: en más de un momento abordar temáticas de esta naturaleza, es decir hablar sobre el elefante en la sala, pone en peligro la vida.
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A dicha condición sociohistórica y sociopolítica, le he llamado desde CLAROCUROS: el nacimiento de un Estado paralelo.
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Cuando el Estado renuncia o sufre la pérdida del monopolio de la violencia, el estado de Derecho -a su cargo- se convierte en una frontera porosa, atravesada por un Estado paralelo donde el ciudadano ha de pagar doble tributo so pena de resultar asesinado, despojado, esclavizado, sometido.
El hecho de pagar derecho de piso por sí mismo esclaviza, despoja, somete a sus víctimas.
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Ocho años, cinco meses y catorce días después del asesinato de Gumaro “N”, ha ocurrido la privación de la libertad y el asesinato de Roxana “N”, en otro punto del sur de Veracruz.
Se trata de una madre soltera dedicada al oficio de reportera pero al mismo tiempo señalada por sus victimarios de haber tenido vínculos con un grupo rival fuera de la ley.
Y tal como ocurrió con Gumaro “N”, a Roxana “N” también se le ha revictimizado; a partir del día de su desaparición -el pasado dos de junio- y desde múltiples frentes que incluyen al Estado, al gremio de reporteros y a la sociedad mediática digital.
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Los mismos ingredientes, incluyendo el cinismo conjunto de voltear para otro lado, se emplean en la elaboración de un mismo guiso: la consolidación de un Estado paralelo; surgido, por cierto, desde El Estado mexicano mismo…
